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Los derechos a la libre manifestación, a la salud y a un medio ambiente sano no son negociables y deben respetarse plenamente en cualquier parte del mundo. Basándose en estos principios, 350.org hace público su apoyo a los manifestantes pacíficos que están saliendo a las calles de varias ciudades de Colombia para reclamar cambios en las políticas sociales, sanitarias y económicas y, sobre todo, para exigir el cese inmediato de la violencia policial, militar y estatal contra ciudadanos desarmados.

“Es inaceptable que el gobierno colombiano permita acciones policiales represivas y extremadamente violentas contra una gran mayoría de ciudadanos desarmados y pacíficos, que sólo están ejerciendo su derecho a exigir cambios que consideran esenciales para el país”, dijo Ilan Zugman, director de 350.org en América Latina.

Según la agencia de noticias AFP, que se basa en informes de la ONG colombiana Temblores, las acciones policiales están dejando un saldo aterrador. Solo en los tres primeros días de las protestas se produjeron 1181 casos de violencia policial, 92 víctimas de abuso de fuerza, 26 muertos, cuatro víctimas de agresiones sexuales, 672 detenciones arbitrarias y 12 agresiones a los ojos de los manifestantes. 

Los medios de comunicación colombianos que cubren ampliamente los temas relacionados con el medio ambiente y los derechos humanos, como La Silla Vacía, Cero Setenta y Pacifista, también están registrando las acciones irresponsables de la policía en varios lugares, así como la respuesta masiva y pacífica de miles de colombianos a estos abusos.

“Los movimientos sociales y los jóvenes de Colombia están dando un ejemplo de valentía y compromiso al llevar a las calles del país sus demandas de políticas sociales, sanitarias y económicas más justas y eficientes. Sin embargo, la respuesta de la policía ha sido aterradora y reprobable. Las personas que murieron y las que fueron agredidas o amenazadas merecen una investigación adecuada de estos abusos de autoridad y la garantía de que tendrán seguridad y libertad a partir de ahora”, señaló Zugman.

Oportunidades de acción por una Recuperación Justa

También cabe destacar que, aunque la propuesta de reforma fiscal del gobierno fue el detonante de las protestas, las manifestaciones ya engloban otras demandas, que tienen en común el deseo de políticas públicas urgentes que pongan en el centro de atención a las comunidades más necesitadas. 

Los grupos de jóvenes del clima, las asociaciones indígenas y varias ONGs expresan su preocupación por la reforma del sistema de salud pública por parte del gobierno, que podría socavar la atención sanitaria en las zonas rurales y pobres del país, y por la insuficiencia de medidas para combatir la pandemia y apoyar a las familias más vulnerables.

Dos cuestiones estrechamente relacionadas con la misión de 350.org aparecen también en la agenda de la mayoría de los manifestantes: la necesidad de garantizar la seguridad y la dignidad de los activistas climáticos y la aplicación de políticas medioambientales que lleven a Colombia a una transición energética justa y completa.

Colombia ostenta el vergonzoso título de país campeón del mundo en asesinatos de líderes sociales y medioambientales, incluyendo líderes indígenas que terminan siendo asesinados por defender sus territorios de la invasión y la destrucción ambiental. Una parte muy importante de la sociedad civil colombiana exige que el Estado actúe de forma mucho más activa para proteger a estas personas y hacer justicia con los que ya han sido asesinados.

En este sentido, destacan los casos de los “falsos positivos“, jóvenes inocentes, generalmente de muy bajos recursos, que por la falsa promesa de obtener empleos en zonas rurales fueron ejecutados por las fuerzas militares bajo el argumento de que eran guerrilleros, con el fin de hacer creer que las políticas de seguridad del gobierno de turno daban resultados.

El fracking acentúa los problemas socio ambientales de Colombia

En cuanto al aspecto medioambiental, llama la atención la insistencia del gobierno nacional  en ampliar la extracción de petróleo, gas y carbón y, en particular, en impulsar el uso de la fracturación hidráulica (fracking) para la producción de gas, en un momento en que el mundo necesita desesperadamente dejar los combustibles fósiles bajo tierra. 

Con una visión de futuro económica, ya que los combustibles fósiles tienen claramente sus días contados en el mercado mundial, estas inversiones pueden impulsar actividades contaminantes en el suelo, el agua y los alimentos. La industria de los combustibles fósiles también concentra los ingresos y no hace nada para preparar al país para los desafíos económicos globales de las próximas décadas. 

Otro punto de preocupación es la represión específicamente de los manifestantes contra el fracking en la región del Magdalena Medio, donde el gobierno está tratando de desarrollar un proyecto piloto de fracking. Tal y como ha expresado el equipo de 350.org en esta carta enviada al presidente de Colombia, Iván Duque, y en los eventos sobre el tema, los activistas de esta región están siendo amenazados e intimidados por su defensa de un territorio libre de los graves daños que provoca el fracking. Corresponde al gobierno colombiano garantizar la protección de los derechos constitucionales a la libre expresión, a la dignidad y a la vida, que no se están respetando en este caso.

“El desarrollo se hace incluyendo a la gente en la toma de decisiones y apoyando la mejora de la calidad de vida de las comunidades. El caso del fracking en Colombia va en sentido contrario en ambos aspectos. El país tiene la oportunidad de revisar sus políticas públicas en este ámbito e invertir en una Recuperación Justa inmediatamente, como piden muchos de los manifestantes”, afirmó Ilan Zugman.

• Para conocer las ideas para una Recuperación Justa en Colombia y en todo el mundo, vea estas sesiones del Encuentro Global para una Recuperación Justa, que 350.org realizó en abril de 2021.