Fruto de una articulación hecha bajo los paños, la provincia de Mendoza aprobó recientemente las actividades exploratorias no convencionales para extracción de gas de esquisto por el método de la fractura hidráulica, popularmente conocido como fracking. El viernes último (09) fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto N° 248, que reglamenta la práctica, y que generó muchas controversias incluso dentro del propio gobierno provincial, además de la desaprobación de gran parte de la población.

Como parte del proceso, se celebró en diciembre pasado una audiencia pública en Malargüe, lejos de la Gran Mendoza, y que, según ambientalistas, es una zona predominantemente dominada por las grandes compañías de la mega-minería. “La audiencia se realizó en un lugar y fecha inconvenientes, justamente para que no hubiera contrapunto”, apuntó Ignacio Zavaleta, miembro de 350.org Argentina y de la Coalición Latinoamericana contra el Fracking (Coesus). Para él, el decreto se sustenta en afirmaciones mentirosas, que no tienen ninguna relación con la realidad.

“Hablan que serán necesarios cerca de mil m3 de agua para las actividades exploratorias, pero no hay sólo un pozo de fracking que utilice ‘sólo’ esa cantidad. La verdad es que se utiliza un volumen 10 o 30 veces superior al que se habla. La ley habla también de ‘controles estrictos que eliminen los riesgos de contaminación’, cosa que no existe en ningún lugar del mundo”, afirmó Zavaleta. Según él, la región donde la actividad se realizará alcanza las nacientes del Río Salado, del Río Atuel y del Río Colorado, beneficiarios de las provincias de Pampa, Río Negro y Buenos Aires, áreas de suma importancia para la agricultura argentina.

Uno de los artículos de la ley exige la adopción de un sistema cerrado de procesamiento de fluidos, y que se realicen controles de las medidas preventivas para preservación de las aguas superficiales y subterráneas. “No debemos creer en esas promesas, pues fueron hechas por las empresas interesadas en ello y por el gobierno, que está buscando un lucro inmediato a un costo incalculable, que puede causar la migración de toda una población, allí asignada a fin de producir alimentos Es una zona que depende directamente de las aguas de esa cuenca”, agregó.

El coordinador de campañas de 350.org Brasil y uno de los fundadores de la Coesus Latinoamericana, Juliano Bueno de Araújo afirma que esa lucha está apenas comenzando, y que el decreto da aún más voluntad de avanzar con las acciones en la región. “350.org y Coesus apoyan a los ciudadanos de Mendoza y se han esforzado para intentar revertir las decisiones erróneas del gobierno provincial, pero que afectan a la población argentina en su conjunto. Queremos traer más racionalidad a un debate pautado por las falacias de las empresas petroleras y mineras. Este es sólo el comienzo de una larga batalla, que definitivamente aún no ha sido vencida por el fracking.”

La 350.org está realizando en la región una serie de actividades, buscando informar a la población local y llevando la temática al ámbito legislativo. Está prevista para la segunda mitad de abril una audiencia pública y un viaje con parlamentarios aliados, para movilizar a la población y las autoridades de la región en torno a la importancia del tema.

“El gobierno de Mendoza debería tener vergüenza de publicar un decreto como ese, que pone en riesgo gravísimo una de las más importantes cuencas hidrográficas argentinas, una semana antes del Foro Mundial del Agua, que se realizará en Brasil y es el primero en América Latina. Esto también ocurre en medio de una fuerte campaña por la protección de los Glaciares argentinos. Esta es una muestra de cómo ese gobierno, en connivencia con las empresas explotadoras, no está ni ahí para frenar la contaminación de ese escaso recurso, o para las poblaciones que dependen de él. Pero nosotros estamos y seguiremos firmes en su defensa!”, defendió Nicole Figueiredo de Oliveira, directora de 350.org Brasil y América Latina.

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