Brasil, el peor país para los defensores del medio ambiente

Liderando la lista de asesinatos de activistas que luchan por la protección del medio ambiente desde hace cinco años, la situación en el país puede empeorar en caso de que se produzcan aún más retrocesos en la legislación

Simpatizante de la campaña No Fracking Brasil, el líder indígena Roberto Anacé, junto a Nicole Figueiredo de Oliveira, participó en la COP 22, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, junto con representantes de otros pueblos tradicionales (Foto: 350.org).

Simpatizante de la campaña No Fracking Brasil, el líder indígena Roberto Anacé, junto a Nicole Figueiredo de Oliveira, participó en la COP 22, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, junto con representantes de otros pueblos tradicionales (Foto: 350.org).

 

Durante cinco años consecutivos, Brasil es el país más violento para luchar por el medio ambiente y el clima del planeta. Según el informe de la organización Global Witness divulgado la semana pasada, el año 2016 batió el récord de asesinatos de líderes y activistas defensores de los derechos ligados a la tierra y la protección de la naturaleza. De nuevo en lo más alto de la lista, Brasil fue el escenario de 49 de las 200 muertes registradas el año pasado. Según uno de los responsables del estudio, ese número podría ser aún mayor, pero los casos no siempre llegan a conocimiento público, o sus causas reales no son reveladas.

El avance de la frontera agrícola, así como la construcción de grandes obras de infraestructura como presas e hidroeléctricas, son los vectores detrás de este escenario. La mayoría de los asesinatos tuvieron lugar en la región amazónica, principalmente en Rondônia, Pará y Maranhão, donde madereros y grandes terratenientes son los principales sospechosos. Según la organización, la falta de protección de los activistas, junto con el debilitamiento de las leyes ambientales y de los derechos indígenas, ayudó a alimentar la violencia.

A pesar de haber sido los más afectados, estos estados no tienen un programa de protección que garantice la seguridad de las víctimas. El Programa de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos de la Secretaría de la Presidencia de la República asiste a siete estados del país, pero no a los que más lo necesitan. De acuerdo con la organización, la corrupción también desempeña un papel crucial, toda vez que garantiza la aprobación rápida, y muchas veces sin criterio, de proyectos madereros y de agronegocio. “Los activistas son forzados a manifestarse y, en muchos casos trágicos, son silenciados por sus actos”, sentenció uno de los organizadores del estudio.

La tendencia es que esa violencia crezca, ya que el agronegocio quiere expandir sus actividades, abriendo más de 15 millones de hectáreas hasta 2026, según datos del propio sector. “Global Witness acredita que la situación de tierras y, en consecuencia, de los defensores ambientales en Brasil, se agravará drásticamente si los planes del gobierno para revertir los derechos indígenas y de protección ambiental siguen adelante. Temer ya ha diluido leyes e instituciones ligadas a los derechos humanos y al medio ambiente. Si continúa cediendo frente al lobby agrícola, los asesinatos de defensores, probablemente, aumentarán”, afirmó la organización.

Para el cacique Roberto Marque, lider del pueblo indígena Anacé, de Ceará, que también figura en la lista de amenazados de muerte en Brasil, esta es una cuestión muy seria, más allá de la vida individual de cada una de las víctimas. “En mi lucha diaria somos amenazados todo el tiempo. Recientemente denuncié destrucción dentro de nuestro territorio. Debemos hacer esto. Es la única forma de proteger al ser humano de sí mismo. El riesgo se agrava cuando abrazamos una causa justa por el colectivo, pero que va en contra de los intereses de quien domina el capital.”

Según él, cuyo territorio no ha estado demarcado hasta hoy, la falta de agilidad de la Funai (Fundación Nacional del Indio) y los órganos competentes se suma a otros factores, como el poder de las grandes constructoras, empresas petroleras y la permisividad de las autoridades. “Nosotros luchamos en la base. No vamos a ceder nuestra tradición, nuestro conocimiento, nuestra tierra. Si el gobierno quiere matar la tierra de esta forma, nos matará a nosotros también. Puede que ya esté todo perdido, pero vamos a perder luchando”, afirmó Roberto Anacé.

Global Witness atestigua que, aunque se hayan encontrado pocos casos de muerte directamente relacionadas con el petróleo y el gas en la Amazonia brasileña, es preocupante que esas concesiones estén siendo dadas sin el consentimiento previo e informado de las comunidades locales. “Este es el nucleo de la causa de los ataques contra los defensores. Se sienten obligados a combatir proyectos cuando no tienen voz sobre lo que ocurre en sus tierras y los recursos naturales que están en ellas. Conceder nuevas licencias para la explotación de petróleo y gas sin la participación de las comunidades locales en las decisiones es la receta perfecta para atraer más violencia”, afirmó el portavoz de la organización.

La institución responsabiliza a gobiernos, empresas e inversores por el contexto que lleva a las muertes. “Tienen que atacar las causas del aumento de la violencia, no autorizar o participar en los proyectos. Además de eso, los asesinos deben ser responsabilizados.”