Si todo cambia, cambiemos todo: la pandemia del COVID-19 demanda una acción rápida y sin precedentes por parte de gobiernos nacionales y la comunidad internacional. Las decisiones que tomemos ahora mismo no sólo definirán a nuestra sociedad durante los próximos años, sino que repercutirán durante décadas.
Ahora que los legisladores dan los pasos necesarios para asegurar una respuesta inmediata y una recuperación a largo plazo a la pandemia, es primordial que consideren las otras crisis que nos atraviesan: la desigualdad de recursos, el racismo y el declive ecológico – sobre todo la crisis climática – que ya estaban en marcha mucho antes del COVID-19 y ahora amenazan con intensificarse.
Los rescates gubernamentales que se están aprobando en todo el mundo, también en los Estados Unidos, esta vez deberán priorizar las vidas de las personas, ya que hasta el momento lla voz más fuerte ha sido la del lobby de las industrias y sus intereses corporativos. Por eso exigimos una respuesta concreta para el proyecto a largo plazo de la reconstrucción de nuestras economías que asegure que los enormes paquetes de estímulo económico serán utilizados para construir economías y sistemas más justos, resilientes y sostenibles.
Algunas de las corporaciones que más han perjudicado a la gente están pidiendo apoyo financiero, ya sea a través de rescates, préstamos o nacionalizaciones. Para los bancos y las empresas de energía y transporte, este apoyo del Estado – es decir, del pueblo – debería estar condicionado a un cambio en su forma de funcionar. Los bancos no pueden volver a financiar la crisis climática, las empresas de energía no pueden seguir expandiendo la extracción y la industria de las aerolíneas no puede seguir ignorando la transición ecológica, mientras opera con prácticas laborales injustas.
Por ello, más de 250 organizaciones exigimos a los gobiernos que adopten una respuesta al COVID-19 que incorpore los cinco principios para una recuperación justa.
Como la comunidad global que somos, debemos ser decisivos en nuestra búsqueda de salvar vidas y marcar el camino hacia un futuro igualitario y saludable a través de una recuperación justa. Aunque apelar a la solidaridad y frenar los efectos devastadores del virus sean necesarios hoy más que nunca, también lo deberán ser apoyar una política progresista y adoptar principios que generen tanto asistencia como estímulo.
La salud es una prioridad absoluta en todo el mundo, en todas partes, sin excepciones. El COVID-19 ha puesto el foco sobre los sistemas sanitarios y ha dejado de manifiesto la necesidad de los estados de proveer servicios de salud gratuitos y accesibles para todos y todas. El acceso a un sistema de salud de calidad nunca debería depender del lugar donde uno viva, cuánto dinero posea o de su raza, género o edad, ya que se trata de uno de los derechos humanos fundamentales.
El apoyo financiero debería, entonces, dirigirse a las personas. Es necesario expandir la red de seguridad social incorporando medidas tales como el ingreso básico universal, incrementando los programas de asistencia alimentaria, extendiendo las ayudas a la vivienda, extendiendo las guarderías infantiles para las familias trabajadoras, rebajando la deuda estudiantil y frenando los desahucios, las ejecuciones hipotecarias y los cortes de agua y luz. Al igual que ocurre con las medidas de salud pública, estas otras también deberían implementarse para asegurar una cobertura a las personas y comunidades trabajadoras, quienes se ven afectadas antes y de forma más dura por el COVID-19 y la depresión económica.
Cualquier asistencia financiera que esté dirigida a industrias específicas debería llegar a los trabajadores, no a los accionistas ni a los ejecutivos de forma personal. Cualquier préstamo del gobierno debería usarse para mantener las nóminas de trabajadores y sus beneficios, no para bonificar a los ejecutivos o recomprar acciones. Y definitivamente: las corporaciones que agravan la crisis climática no deberían ser rescatadas.
Protesta de trabajadores de la salud por falta de insumos médicos por el Covid-19 en Lima, Perú. Imagen: Reuters.
Comunidades que luchan contra el cambio climático
Al igual que el coronavirus, la crisis climática también es una epidemia que afecta a millones de personas en todo el mundo, además de ser una emergencia dejada de lado por los gobiernos que no están haciendo lo suficiente para solucionarla. Estos últimos son justamente los que deberían posicionar a la acción climática y la resiliencia en el centro de paquetes de estímulo económico con el fin de crear comunidades capaces de adaptarse a estos cambios de forma sostenida.
Eso significa: expandir los proyectos comunitarios de energía solar y eólica, creando así millones de puestos de trabajo que construyan un futuro verde, desarrollar sistemas de transporte limpios y asequibles, acelerar el desarrollo de medidas de eficiencia energética, fabricar productos de energía limpia, restaurar sistemas naturales como humedales y bosques y expandir los servicios públicos que refuerzan la resiliencia climática.
Covid-19 Recesión. Cambio Climático. Imagen: mackaycartoons.net
Es crítico que los paquetes de estímulo incluyan condiciones para que las industrias implementen condiciones de trabajo seguras, que desarrollen la fuerza laboral y reduzcan las emisiones que calientan el clima y generan polución tóxica. La respuesta a una crisis existencial no debe alimentar a la otra.
Ésta es una crisis global, la respuesta también debería ser global – por esta razón es que tenemos que construir una comunidad solidaria que trascienda fronteras. No podemos dejar atrás a las decenas de miles de personas que buscan protección y están atrapadas en campamentos atestados de refugiados. Debemos asegurarnos de que la tecnología sea transferible, de eliminar la deuda y de proporcionar la financiación necesaria a países y comunidades bajos en ingresos para permitirles responder de manera efectiva a la expansión del virus.
Muchos gobiernos han implementado medidas de confinamiento y, aunque es primordial que la población de esos países obedezca las recomendaciones médicas y científicas, esto no debe ser una excusa para abusar de los derechos humanos, las libertades civiles y la democracia. Las personas no deben verse forzadas a elegir entre ejercer sus derechos como ciudadanos y la protección de la salud pública.
Durante esos meses, el mundo como lo conocemos está sufriendo grandes cambios. Algunos de nosotros y nosotras nos enfrentamos a la enfermedad, la preocupación, la ansiedad y la idea o la realidad de la pérdida de nuestros seres queridos. Se trata de una situación sin precedentes.
En este momento lleno de miedo, también hay grandes muestras de comunidad, empatía y solidaridad. Como con la crisis climática, el único camino para combatir este virus es unirnos para confrontarlo cara a cara como una comunidad global unida.
FIRMA: Nuestro dinero para una Recuperación Justa
Necesitamos que inviertan el dinero público en una recuperación justa y segura para todos y todas
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May Boeve – Directora Ejecutiva de 350.org
Fuente: Thomson Reuters