Por Peri Dias
A pesar de figurar con frecuencia en los rankings mundiales de violencia contra los defensores ambientales, América Latina acaba de obtener una importante herramienta para la protección de estas personas y de los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en materia ambiental, el Acuerdo de Escazú.
Se trata del primer tratado del mundo que prevé medidas para proteger a los defensores del ambiente y los derechos humanos. Desde el 22 de abril pasado, el día que se celebró el Día de la Tierra, el acuerdo entró en vigor en 12 países de América Latina y el Caribe como resultado de años de campaña de los movimientos sociales de la región.
Países como Argentina, Bolivia y México, que, uno a uno, ratificaron el acuerdo en una larga ronda de votaciones en sus parlamentos nacionales, se han comprometido a reconocer y trabajar en favor de los derechos ambientales que el tratado protege y promueve.
Celebración de la Entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, a cargo de CEPAL.
Sin embargo, para cambiar el escenario regional en la escala que se necesita, el Acuerdo de Escazú deberá llegar a otros países de América Latina y el Caribe -incluidos Brasil, Chile, Colombia y Perú-, y traducirse en acciones y mecanismos que lo pongan en práctica.
En esta nueva fase del tratado, la contribución de las organizaciones de la sociedad civil es decisiva. Por ello, 350.org ya ha empezado a poner de su parte para apoyar la aplicación del acuerdo y su ratificación en las cámaras legislativas en las que se está debatiendo el tema a través de la iniciativa Legisladores x el Ambiente, un espacio de intercambio entre organizaciones no gubernamentales y congresistas que busca impulsar leyes ambientales y su correcta implementación.
¿Quieres entender más sobre el Acuerdo de Escazú y su importancia para América Latina y el Caribe? A continuación, resumimos algunos puntos para que conozcas más sobre qué trata el tratado, cómo ha colaborado 350.org para que Escazú entre en vigor y cómo esperamos seguir actuando para que su aplicación se materialice en toda la región.
Objetivo y relevancia del acuerdo
El Acuerdo de Escazú es un tratado regional entre los países de América Latina y el Caribe destinado a garantizar el derecho de todas las personas de estos países a:
- Acceder a la información ambiental de forma oportuna y adecuada;
- Participar de forma significativa en las decisiones que afectan a su vida y a su entorno;
- Tener acceso a la justicia cuando se violen estos derechos.
Este acuerdo es importante porque formaliza el reconocimiento de estos derechos por parte de los países que lo ratifican, es decir, que aprueban que el tratado tenga efectos vinculantes (obligatorios) en su territorio. La mera ratificación, más allá de su entrada en vigor, implica un avance ya que el reconocimiento de derechos y principios sirve de base para la formulación de leyes, políticas públicas y, a menudo, decisiones judiciales.
El Acuerdo de Escazú, incluso, va más allá: prevé explícitamente medidas para facilitar el ejercicio de los derechos mencionados y establece mecanismos para hacerlos efectivos.
Por ejemplo, el artículo 6, que trata sobre la generación y difusión de información ambiental, establece que las autoridades de cada país deben garantizar la existencia de uno o varios sistemas de información ambiental y que la misma debe estar disponible en formatos accesibles y, siempre que sea necesario, traducida a las lenguas de las comunidades indígenas afectadas.
En el artículo 7, relacionado con la participación del público en los procesos de toma de decisiones ambientales, el texto del Acuerdo especifica qué tipo de información deben revelar los gobiernos en relación con los procesos de autorización para proyectos que puedan afectar al hábitat.
De este modo, es más probable que las comunidades potencialmente perjudicadas por un determinado proyecto comprendan realmente lo que está en juego y puedan así expresar eficazmente sus opiniones en los espacios de consulta.
En cuanto a las disposiciones para el acceso de la población a la justicia en materia ambiental, el artículo 8 enumera, entre otros puntos, que “cada parte dispondrá de medidas para facilitar la presentación de pruebas de los daños ambientales, según proceda y cuando sea aplicable, tales como la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba”.
Es importante destacar que, para cada uno de los tres objetivos del tratado, se define un conjunto de valores y conceptos que deben respetarse, así como acciones concretas que deben realizar los Estados que ratifiquen el acuerdo.
Un tratado sin precedentes
Además de haber contado con la participación efectiva de importantes sectores de la sociedad civil -lo que no siempre ocurre en los tratados internacionales-, otro elemento inédito del Acuerdo de Escazú fue la inclusión de disposiciones específicas para la defensa de los líderes comunitarios.
Como reza un eslogan utilizado por algunos movimientos sociales: “¿Y quién defiende a los defensores de los grupos más vulnerables?”, la respuesta es, en muchos casos y desgraciadamente: nadie. En América Latina, los Estados deben hacer mucho más para evitar que los conflictos generados por cuestiones como las disputas por la tierra y las invasiones de territorios indígenas sigan derivando en violencia.
Según el informe Análisis Global, publicado en febrero de 2021 por la ONG Frontline Defenders, tres de cada cuatro muertes de defensores de derechos humanos registradas en el mundo durante 2020 ocurrieron en América Latina.
Crédito: Análisis Global / Frontline Defenders
Sólo en Colombia, país que encabeza el infame ranking mundial de asesinatos de estos defensores, se produjeron 177 muertes, una cifra superior a la suma de los otros 24 países incluidos en el informe. El “top 10” de la clasificación incluye también a Honduras (tercer puesto, con 20 muertes), México (cuarto puesto, con 19 muertes), Brasil (sexto puesto, con 16 muertes), Guatemala (séptimo puesto, con 15 muertes) y Perú (noveno puesto, con ocho muertes).
¿Qué cambia con el acuerdo?
Si observamos estas cifras, no es difícil entender por qué los movimientos sociales de toda la región celebran la entrada en vigor del primer tratado del mundo que incluye un compromiso específico para la protección de los DDHH.
Este compromiso se encuentra en el artículo 9, que establece lo siguiente: “Cada Parte adoptará medidas apropiadas, eficaces y oportunas para prevenir, investigar y castigar los ataques, amenazas o intimidaciones que puedan sufrir los defensores de los derechos humanos en materia de medio ambiente en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo”.
¿La ratificación de este texto en cada país garantiza en sí misma la mejora de la situación de los defensores? No. Sin embargo, crea una base legal y un compromiso internacional que puede ayudar a los movimientos sociales a conseguir mejores resultados al presionar a los gobiernos y a las empresas para conseguir un ambiente equilibrado y una justicia social y climática.
Conoce más sobre cómo 350.org ha colaborado y seguirá colaborando en la implementación del Acuerdo de Escazú en la región.
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Peri Dias es Responsable de Comunicación en 350.org América Latina.
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