Por Ignacio Zavaleta*  

Quienes vivimos en Argentina sabemos que diciembre y enero fueron meses turbulentos para un período que se supone sin mucho movimiento debido al receso  escolar, las vacaciones y los feriados de fin de año.

Solo por enumerar algunos eventos, tuvimos: una ola de calor sin precedentes en todo nuestro territorio -con temperaturas en Chaco de hasta 48 grados-, cortes de energía eléctrica en cientos de miles de hogares en simultáneo tan solo contando el AMBA y un intento del gobierno argentino de imponer el último día laboral del año la autorización para la exploración petrolera en el Mar Argentino. 

También vimos manifestaciones populares masivas en Mar del Plata y gran parte de ciudades de la costa atlántica desde las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Chubut para proteger el mar del petróleo -el llamado #Atlanticazo. Acompañamos, además, el fortalecimiento del #Chubutazo, el movimiento por la defensa de las fuentes de agua que frenó el avance de la megaminería en la provincia, y un derrame de petróleo de grandes proporciones en Río Negro.

Las y los argentinos se han movilizado para frenar el petróleo en el mar argentino. Crédito: Twitter de 350 América Latina

Hay algo en común entre esos eventos: todos están muy directamente relacionados con la política energética y el modelo de desarrollo actual de la Argentina para el mercado interno y hacia el mundo. Incluso la ola de calor, que a primera vista podría pasar por un fenómeno de causas naturales, está directamente relacionado con la crisis climática, ya que el calentamiento global se agrava y hace que los extremos climáticos sean más frecuentes. Y si la crisis climática es esencialmente el resultado de la exploración y explotación masiva de petróleo, gas y carbón en todo el mundo, como ya ha demostrado la ciencia en reiteradas ocasiones y en su informe del IPCC, entonces este calor que nos está agotando a todos tiene que ver con las elecciones que los distintos gobiernos han hecho -y siguen haciendo- en el sector energético.

Es como si las últimas semanas en Argentina fueran un tráiler de un mundo apocalíptico atravesado por una crisis climática global acelerada. Viendo esta aceleración de los tiempos y sus consecuentes impactos, ¿qué podemos aprender sobre nuestro futuro común?

Humildemente, aventuraría dos conclusiones. La primera es que la política energética actual de Argentina (así como la de muchos otros países) está acentuando el caos en nuestras comunidades. La segunda es que, si no cambiamos de rumbo ahora, nos estaremos colocando, cada vez más, en una posición de dependencia, injusticia y atraso. Y 2022 no muestra nada prometedor.

Abrochen sus cinturones -que esto recién empieza-

Si pensamos que los cortes de luz se vuelven ya insostenibles, cada año se hace más difícil asegurar el suministro de energía, tanto de luz como de gas, en la Argentina, no ya con miras a la próxima década, sino para cuando las temperaturas comiencen a bajar durante el invierno que viene. Esto es producto de la falta de inversiones en infraestructura, exacerbado por una serie de beneficios -como los subsidios y el Plan Gas- otorgados sin ningún tipo de condicionamientos a las petroleras que actúan en nuestro país, movidas por la especulación y no por responder a una demanda concreta.

Los distintos programas de incentivos a la producción de gas ya le exigieron al Estado 106.000 millones de pesos en apenas cuatro años, como informó en una nota el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en julio de 2021. 

Hablamos aquí de una montaña de recursos suficiente para mover adelante políticas favorables al desarrollo de las energías renovables y descentralizadas en el país, alineadas con los compromisos internacionales por el Acuerdo de París y el futuro de la economía mundial. 

Sin embargo, los gobiernos argentinos de distintos matices políticos han preferido utilizar nuestros impuestos para llenar los bolsillos de los accionistas de algunas de las empresas más grandes del mundo, sumado a que estas mismas empresas ya se llevan un porcentaje considerable de su producción de petróleo y gas-y prácticamente todas sus ganancias- al exterior.

En 2022, en un contexto de difícil acuerdo de pago de deuda y con reservas federales cada vez más escasas, además de un gobierno desorientado, se vislumbra un escenario de debilidad política muy peligroso que afectaría la toma de decisiones soberanas que podrían mostrar un poco de luz al final del camino.   

Los memes sobre la «tormenta perfecta» de enero se han multiplicado. Crédito: Twitter

Otro factor que hace que nuestra situación este año sea aún más complicada es la propia crisis climática que, como hemos mencionado, agrava los extremos, es decir, demasiada lluvia o sequía). Considerando la persistencia de climas cada vez más secos en gran parte de la Argentina y la crisis hídrica declarada en varias provincias, la generación por hidroeléctricas no aportará una solución. 

La persistente sequía en una vasta región agropecuaria del país, tendrá su consecuencia,  según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) tendrá una merma en la proyección de cosecha de 9 millones de TN y 8 millones de TN  de maíz que significarán unos U$S 3000 millones, y como contrapartida, fuertes tormentas están anegando zonas de cultivo que salen del cálculo futuro de producción, significando una pérdida de divisas para el Estado y quebrantos para la economía interna, exponiendo los efectos concretos del cambio climático en la vida cotidiana de las personas.

Sin gas para abastecer la demanda y en un contexto donde importarlo es un lujo que los argentinos no nos podemos dar, el gobierno probablemente opte por los combustibles como ‘fueloil’ y ‘gasoil’, que también son importados y provocan aún más emisiones de gases del efecto invernadero. Es decir, para solucionar un problema que ha empeorado con la crisis climática, trataremos de hacerla aún peor.

Según la consultora internacional Wood Mackenzie, el monto a destinar para importar gas licuado en 2022, considerando el mismo volumen del año anterior, superaría los US$ 3.000 millones. A ello habrá que sumar el desembolso de subsidios y otros beneficios multimillonarios al sector del petróleo y el gas a una cifra astronómica, que de solo mencionarla da escalofríos. 

Es previsible que la Argentina enfrentará este año inevitables secuencias de cortes de suministro de energía en los meses críticos, y quienes se verán afectados en primer lugar serán los ciudadanos, y también el sector industrial productivo. 

En el aspecto energético, por tanto, atravesaremos un periodo de inseguridad sobre el abastecimiento, altísimos costos para el Estado y el consumidor, y de un mayor aporte, como país a la emergencia del clima. 

¿Hay luz al final del camino? 

La disponibilidad de un potencial inmenso para el desarrollo de generación de energía limpia y renovable en el país por fuentes como la solar y la del viento no ha sido debidamente incluida en la política de Estado a largo plazo. La buena noticia es que si esto cambia en lo sucesivo, podremos tomar el timón y aprovechar las oportunidades económicas que traerá este sector en el corto, mediano y largo plazo. 

Como han mostrado las protestas recientes en contra de la exploración y la explotación offshore en el Mar Argentino, que reunieron a miles de personas en las calles a pesar de un calor insoportable, hay enorme apoyo popular a un cambio en nuestras decisiones energéticas. Ni siquiera las cuestiones partidarias pueden más que los hechos que nos toca vivir a diario a causa de la crisis climática.