El 5 de julio, tras la demanda de las empresas petroleras YPF y su subsidiaria YSur, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro declaró inconstitucional la ordenanza sancionada por el Municipio de Fernández Oro en 2017, que declaraba a la ciudad libre de fracking. La Justicia determinó que la ordenanza es incompatible con la ley provincial, y que el Municipio no puede regular la explotación de recursos naturales. La ordenanza pretendía prohibir la técnica de fractura hidráulica para extracción no convencional de hidrocarburos en el ejido. A partir de la aprobación, los concejales buscaban garantizar a su población el derecho a un ambiente sano y la protección del agua y las tierras productivas.
“El Tribunal Superior de Justicia resuelve hacer lugar a la demanda interpuesta por YSur Energía y declarar inconstitucional la ordenanza 571-CDM-17 por resultar violatoria de los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional, y artículos 78,79,80, 84, 85, 225 y 229 de la Constitución Provincial”, indican en el fallo. La Justicia también condenó al Municipio a pagar casi $100 mil por los honorarios de los abogados de la petrolera.
El tribunal fundamentó que dicha norma estableció la prohibición de la actividad extractiva no convencional mediante el método de fractura hidráulica en áreas urbanas, suburbanas, rurales y tierras productivas bajo riego, cuyas atribuciones en materia de regulación y administración de la explotación de recursos naturales son exclusivas de la Provincia.
Para más de 60 entidades de la sociedad civil de Argentina y América Latina, incluyendo al movimiento climático 350.org y COESUS (Coalición Latinoamericana contra el Fracking), que firman una carta-denuncia, la decisión judicial es arbitraria y va en contra de la demanda de la población. “El fallo del máximo tribunal de la provincia no sólo reitera lo actuado en 2013, cuando se pronunció de manera similar ante la ordenanza contra el fracking sancionada por el municipio de Allen, sino que además, con la imposición del pago de costas de cien mil pesos al municipio de Fernández Oro, le traslada una carga que resulta una medida disciplinadora.”
La carta denuncia que, una vez más, desde la cúpula del Poder Judicial rionegrino, “se consagra un modelo político y productivo que es rechazado por el pueblo de la provincia.” Según las entidades, las ordenanzas sancionadas en Fernández Oro, Allen y las que desde 2012 fueron aprobadas en los municipios de Cinco Saltos, Conesa, Coronel Belisle, Chimpay, Choele Choel, Lamarque, Luis Beltrán, Pomona, Viedma y Villa Regina; además de las impulsadas en la ciudades de Gral Roca y Cipolletti, “son la expresión del pueblo rionegrino que demanda no sólo la protección del ambiente, amenazado por al ampliación de la frontera extractiva y la aplicación del fracking, sino también la profundización de la democracia, y que se garantice a la ciudadanía poder decidir sobre el modelo productivo a implementarse.”
El concejal de Fernández Oro, Claudio Correa, dijo que el honorable concejo deliberante del municipio ha recurrido a la Corte Suprema en defensa de su competencia y derechos. “En el uso del derecho ciudadano, es deber expresar nuestro reclamo por competencias vulneradas ante la sentencia firmada por el Superior Tribunal. La reforma constitucional de 1994 ha incorporado en nuestra Carta Magna la cláusula ambiental, elevando de esta manera a la hierarquia de fundamental y supra legal el derecho que manifiesto, otorgando competencias y facultades concurrentes en materia ambiental entre nación, provincia y municipio. Los integrantes de los concejos deliberantes son elegidos por el voto popular, y los fundamentos del posicionamiento expuesto quedan explicitados en los argumentos jurídicos constitucionales.”
Él recordó que el concejo ha legislado no solo en la competencia provincial en política de recursos naturales, sino sobre los efectos en la salud, la atmósfera, el agua, de igual manera que lo han hecho más de 60 distritos en Argentina. “El fracking es un método comprobadamente perjudicial, con severas consecuências en la salud y en la contaminación de las reservas de agua potable. Por lo tanto, el fallo omite referirse a la cuestión ambiental, explícitamente incorporada en la Constitución Nacional.”
Correa subrayó otra cosa grave que va ocurrir en la localidad dentro de muy poco tiempo: el paso del tren con destino a Vaca Muerta, con cargas de arena silícea. “Lamentablemente, la consecuencia que vamos a tener es que la frecuencia va a ser mucha, y hoy las vías no están en condiciones de soportar tanta carga. Ya lo están anunciando el ministro de transporte, ya que le importa más el tren de carga que lo de pasajeros. Ellos hacen oídos sordos a los reclamos que estamos insistiendo. El gobierno de Macri no da el brazo a torcer.”
La reversión de las leyes con objetivo de liberar el fracking no sólo ocurre en Río Negro. En diciembre el Superior Tribunal de Justicia de Neuquén también declaró inconstitucional la ordenanza sancionada por el municipio de Vista Alegre, mientras que en Mendoza la Justicia desestimó los recursos de amparo que buscaban frenar un proyecto piloto de aplicación de la fracturación hidráulica en Malargüe. “Estos fallos ponen de manifiesto la profunda fractura que existe entre la interpretación de las leyes y los derechos que demanda la población”, defienden las organizaciones de latinoamérica.
Juan Pablo Olsson, coordinador de campañas de 350.org América Latina, señaló que esta situación representa un preocupante indicador del avance de la indústria fósil en los países de América Latina. “Estas resoluciones del Poder Judicial de la región representan el avance de las corporaciones petroleras sobre nuestros países, avasallando los derechos a un ambiente sano de toda la ciudadanía y de las futuras generaciones. En el mismo sentido, debemos repudiar la instalación de Bases Militares norteamericanas tanto en Neuquén en la zona de Vaca Muerta, como en la Provincia de Misiones, en la Triple Frontera y en Tierra del Fuego. Ante estas amenazas, es preciso reforzar las redes de los movimientos sociales y ambientales en defensa de la vida y del cuidado de nuestra Casa Común.”
Adhieren a la declaración:
Asamblea Vista Alegre libre de fracking y por la vida (Neuquén)
Asamblea Socioambiental de Catriel (Río Negro)
Proyecto Allen (Río Negro)
Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza
Asamblea Socio Ambiental de Fiske Menuco (Río Negro)
Asamblea Permanente del Comahue por el Agua- Allen (Río Negro)
Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones (Río Negro)
Foro Ambiental de General Viamonte (Provincia de Buenos Aires)
Departamento Socioambiental Chico Mendes – UNTER (Río Negro)
Asamblea Centenario Libre de fracking (Neuquén)
Asamblea del Pueblo de Alvear (Mendoza)
Asamblea por el agua de San Rafael (Mendoza)
Asamblea de Vecinos Autoconvocados por Agua Pura San Carlos (Mendoza)
Asamblea Tupungato por el Agua Pura (Mendoza)
Asamblea Lujanina por el agua y los bienes comunes (Mendoza)
Asamblea por el Árbol (Mendoza)
Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Trevelin (Chubut)
Colectivo Antiradiactivo Viedma (Río Negro)
Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro- UNTER
Asociación Trabajadores del Estado -ATE Nacional
Pastoral de Migraciones de Neuquén
Confederación Mapuche del Neuquén Zonal Xawvnko
Movimiento Antinuclear del Chubut
Movimiento por el Derecho a la Salud -Mesa Nacional- (Argentina)
Colectivo Sanitario ” Andres Carrasco”- FesProSa (Argentina)
Observatorio Petrolero Sur
Acción por la Biodiversidad
Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
Fundación Ecosur Ecología Cultural y Educación desde los Pueblos del Sur
Fundación Ecosur Patagonia Norte
Greenpeace Argentina
Fundación Ambiente y Recursos Naturales- FARN
350.org Argentina
Movimiento Argentina sin Fracking
Colectiva Feminista La Revuelta – Neuquén
Unidad Popular (UP- Mesa Nacional)
MST Nueva Izquierda – Red Ecosocialista
Colectivo Editorial Crisis – Asociación Civil
Biblioteca Popular Osvaldo Bayer – Villa La Angostura (Neuquén)
Alerta Angostura (Neuquén)
Fundación La Alameda (Buenos Aires)
Proyecto de investigación políticas educativas, trabajo docente y extractivismo: situaciones de disputa en la norpatagonia a inicios del siglo XXI- UNCo (Río Negro)
Espacio Intercuencas
Asamblea Barrial de Beccar
Junta Interna ATE AGN
Comité de solidaridad con Palestina de La Plata
Observatorio del Derecho a la Ciudad (Buenos Aires)
Asociación por la Justicia Ambiental
Foro Hídrico de Lomas de Zamora
Radio Kalewche – Esquel
Movimiento Popular La Dignidad
Servicio de Paz y Justicia – Serpaj
Fundación Uñopatun (Río Negro)
Vecinos Autoconvocados contra la Ceamse y el Care de González Catán (Pcia. de Buenos Aires)
Centro Cultural Deportivo y Ambiental Galpón 3 (Pcia. de Buenos Aires)
CTAA Pcia. de Bs. As. – Área Bienes Comunes
Millones contra Monsanto
Red de Defensoras de la Naturaleza y el Buen Vivir
Partido Socialista de Neuquén
Grupo de Estudios Rurales-Grupo de Estudios de los Movimientos Sociales de América Latina (GER-GEMSAL), IIGG, FSOC, UBA
Foro Ambiental y Social de la Patagonia – Comodoro Rivadavia (Chubut)
Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA)
Colectivo Sanitario – La Pampa
Agrupacion “Movimiento Lista 7 en CICOP” – Asociacion Sindical de Profesionales de la Salud Pública de la Pcia de BsAs.
Asociación Civil Árbol de Pie, Bariloche (Río Negro)
Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi – U.T.D. Mosconi -(Salta)
Comunidad Indígena Lules de Finca Las Costas (Salta)
Comunidad Indígena Guaraní La Loma – Hipólito Yrigoyen (Salta)
Asamblea No Nuclear de Viedma y Patagones
Foro ciudadano para la Democracia del Neuquén