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Bernardo Ospino recuerda que antes de que se impusiera la minería de Carbón en el César, un departamento ubicado en el norte de Colombia, las calles de su pueblo estaban llenas de chivos; animales de cría que junto con la siembra de alimentos, la casería y la pesca eran la despensa y pilar de su cultura campesina. 

Hablamos de Boquerón, un municipio, que junto a otros como La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi, Becerril, Chiriguaná y El Paso, tienen en común que en sus territorios se hace minería de carbón a cielo abierto. Tan sólo en Google maps se pueden observar siete cráteres que se imponen en el territorio. Dos de ellos corresponden a la mina Calenturitas que se empezó a explotar en 1985 y a la Mina la Jagua que inició en el mismo año pero que en el 2020 cancelaron operaciones por “la baja rentabilidad del carbón”, a pesar de que faltaban 10 años para su cierre definitivo. Este es un caso ejemplar para el país de cara a la transición energética justa, porque el Estado no tenía contemplado los cierres de las minas y la responsabilidad de las empresas de garantizar que las comunidades puedan tener otras posibilidades económicas y de reparación cultural, ambiental y espiritual en medio del abrupto cambio de actividades para la región.

¿Qué empresas están en el territorio?

La explotación del mineral es realizada por la multinacional suiza Glencore que ingresó al mercado colombiano en 1995 a través de la adquisición del grupo Prodeco, que ya hacía presencia en el país desde 1982. Prodeco, obtiene su primera licencia de explotación minera en 1999 para la mina Calenturitas y en el 2004 adquiere El Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande de Latinoamérica que está en el departamento vecino, la Guajira. Se posiciona así en el mercado junto con otras empresas de la región como Carbones del Caribe, Carbones del Cesar, Norcarbón, Coal Corp, Vale, Drummond y otras más pequeñas, en medio de cuestionamientos a la violación de derechos humano y ambientales en la región. 

El “corredor minero” como se llamó a este departamento por estar ubicado en un yacimiento de carbón térmico y de exportación, es un mercado con beneficios económicos que los habitantes no ven. En el 2022, Glencore produjo ganancias de más de $34.1 billones USD. El carbón y otros minerales viajan por centenares de vagones de una línea férrea que tiene como destino final Ciénaga, un municipio del departamento del Magdalena y que está sobre la costa atlántica donde se embarca el mineral a diferentes países de América del Norte, Asía, Europa e Israel como se visibilizó en campañas de solidaridad con los palestinos. Lo que es evidente es que tras más de 25 años de explotación del territorio, sus habitantes se quedaron, como bien lo resume Bernardo, “sin río y sin tierra”. La salud, el pensamiento, la cultura, la ancestralidad, la vida de los afluentes, la fertilidad de la tierra y la pérdida de la alegría de sus habitantes se sacrificó en nombre del desarrollo.

A finales del 2023 350.org visitó algunos municipios para tomar testimonios que permitieran comprender los irreparables impactos de la industria minera en el noreste colombiano y acompañar campañas como por ejemplo Resit Glencore (Resistir Glencore). No sólo Bernardo nos habló de los recuerdos prósperos de su pueblo, también María, una mujer mayor que habita en el mismo municipio, se quejó que su cuerpo y su casa se agrietan. Las explosiones que perturban la tierra y levantan el hollín del carbón afectaron su salud. Mientras muestra las heridas de su casa, nos dice que a ella le ha salido una mancha en los pulmones y que ahora convive con el asma. Bernardo quien trabajó en la mina dice que entró sano “porque en la empresa no contratan gente enferma” y ahora que salió tiene trastorno del sueño -no puede dormir bien- y en su columna le han diagnosticado 9 patologías. Ahora es un fármaco dependiente “tengo que tomar medicamentos para poder dormir”.

Afectaciones a los pueblos originarios

Así como afecta el cuerpo de sus habitante, el río, y los modos de vida, también a los pueblos étnicos como es el caso del pueblo indígena Yukpa, para quienes la transición energética no es un mero cambio de actividad económica sino que implica una transformación profunda de la relación del humano con la Madre Tierra “Nosotros no somos dueños del territorio, somos parte de la Madre naturaleza y resistimos defendiendo las aves, las plantas, los sitios sagrados desde nuestro pensar propio”. dice Luis Joaquin Uribe Ramirez, líder del Resguardo Sokorpa.

Este pueblo originario ha habitado ancestralmente en el valle y la Serranía del Perijá, entre Colombia y Venezuela pero con la presencia de la industria carbonífera y la colonización perdieron el 85% de su territorio ancestral. Actualmente se encuentran al borde del exterminio físico y cultural, según lo reconoce, la Corte Constitucional, máxima entidad judicial en Colombia.

Luis expresa que no sólo se ha violentado la tierra sino que se ha negado el derecho fundamental de los pueblos étnicos a la consulta previa, libre e informada, que consiste en que cualquier proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar en territorios étnicos y pueda afectar sus derechos colectivos cuente con la participación efectiva y la autorización de la comunidad. En el 2017 mediante la sentencia T-713 del 2017 el Consejo de Estado les reconoció el derecho pero actualmente no se ha cumplido a pesar de que en el 2023, el mismo ente ordenara a Drummond Ltda, Prodeco S.A, al Ministerio del Interior, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría adelantar un proceso de consulta y posconsulta en relación con los proyectos mineros Calenturitas, La Jagua, Pribbenow, el Descanso y el Corozo.

Estas luchas en los estrados también han visibilizado la grave situación en las que se encuentran las infancias indígenas, como lo menciona la sentencia T-375 del 2023 que habla de medidas de etnoreparación, entre otras, atender la situación de la niñez Yukpa en la que se concluye que “los impactos en el medio ambiente han afectado la salud de la comunidad y han generado muertes de niños y niñas Yukpa por enfermedades que son prevenibles” 

La industria del carbón no sólo afecta a los niños y niñas Yukpa; en el departamento de la Guajira, donde opera Cerrejón (propietaria de Glencore), se estima que  aproximadamente 5,000 niños y niñas del pueblo indígena Wayuu murieron de hambre y 34 mil se encuentran en estado de desnutrición.

Con la llegada de la minería no sólo aparecieron las enfermedades y las afectaciones ambientales, también tomó forma el terror. Empresas como Glencore financiaron el Frente Juan Andrés Álvarez, un grupo irregular armado que es conocido en Colombia como Autodefensas Unidas de Colombia o “paramilitares” y que asesinaron, hostigaron y amenazaron a los defensores de derechos humanos y sindicales de la región. Según el informe, El lado oscuro del carbón, se estima 2,600 víctimas de asesinatos selectivos, 500 víctimas de masacres y 240 víctimas de desapariciones forzosas entre 1996 y 2006 en el corredor minero.

Ahora, el gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro Urrego, busca posicionar esta región como un “corredor de la vida” no sólo buscando opciones de vida para los casi 4,000 contratistas despedidos por Prodeco/Glencore y alrededor de 7,000 desempleados por el cierre indirectamente, sino promoviendo comunidades energéticas y una transición hacia las energías renovables dirigida por las comunidades y que necesita ser financiada por las empresas responsables del extractivismo de carbón.

Con este objetivo el Gobierno presentó en agosto de 2022 el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el cual incluye un capítulo dedicado a la transición energética justa. En este capítulo, se establece el compromiso de cerrar las minas de carbón de manera gradual y responsable, teniendo en cuenta los impactos sociales, económicos y ambientales de esta decisión. Las comunidades se han empezado a organizar y exigir que este proceso de reconversión laboral sea integral y que la transición energética sea justa, por lo que piden que se les incluya en la toma de decisiones.

 “Somos 5 municipios que vamos a quedar con unos huecos enormes y con agua contaminada (…) entonces para nosotros los aerogeneradores solares son formas de seguir saqueando la costa y después de aportar el 46% de recursos a la región y el 1% del PIB nacional merecemos que le retribuyan a todos los campesinos que dejaron de trabajar el campo para manejar camiones y trabajar en la mina para que retornen y eso significa recursos. Un proceso de reconversión que puede durar otros 30 o 40 años.” nos dice un ex trabajador que por motivos de seguridad, omitimos su nombre.

“En todo el corredor somos familias campesinas que no nos vimos beneficiados porque no estábamos capacitados para entrar a laborar en una mina”. Dice Madeleinis Castillejo, presidenta de la Asociación de Usuarios Campesinos-ANUC del César. Ella exige que las empresas devuelvan las tierras y que las comunidades puedan recibir apoyo de proyectos productivos así como activar el turismo aprovechando las ciénagas (humedales) y la misma mina -que dice no conocer- para mostrarle a la gente sus impactos. 

Reconstruir el tejido de la vida

Con el cierre y los impactos de las minas de carbón en los departamentos de Cesar y La Guajira, los líderes, campesinos, afrocolombianos, sindicalistas e indígenas como el pueblo Yukpa expresan la necesidad de que se le devuelva la tierra a sus guardianes, pueblos, comunidades campesinas y étnicas que saben reparar y caminar otros posibles futuros. Algunas experiencias de reconversión laboral, por ejemplo, ya se tejen y buscan ser una opción en medio de la incertidumbre, una alternativa para volver a las economías propias y al propio cauce de la vida de la región.

Desde 350.org te presentamos algunas iniciativas que nos inspiran:

Coomustier, es un proyecto que nació del Semillero de la Universidad del Magdalena y es la primera cooperativa conformada por trabajadores del sector minero en Colombia que busca dar trabajo a más de 7.000 personas que quedaron sin empleo con el cierre de las minas en el Cesar. Sienten que esto es posible a través de proyectos productivos, incluyendo la capacitación en mantenimiento de sistemas solares, promoviendo economías solidarias, el cooperativismo y garantizando el derecho a la energía eléctrica a través de proyectos comunitarios. De esta manera, proponen una Transición Energética Justa y Popular que sea vinculante y participativa en lugar de grandes parques eólicos que no benefician a las comunidades. En síntesis, lo que busca Coomustier es evitar que se repita lo que sucedió en el Cesar, donde las comunidades no se beneficiaron de la transición del carbón a fuentes de energía renovables y muchas personas y familias quedaron sin su ingreso económico principal. 

Mango Vibe, es una iniciativa realizada por mujeres cabeza de hogar de la región que producen productos derivados del mango, como: vinos, aceite y harina. Este proyecto busca abarcar desde el cultivo hasta la industrialización y el deseo de volver a revalorizar el campo y la fruta y promover la asociatividad a través de la federación campesina y de Coomustier para generar empleo en el campo.

Chocojagua, es el sueño de 25 mujeres cabeza de hogar afrocolombianas que luego de realizar un curso en el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA sobre confitería, se unieron para crear una asociación de transformación y producción de cacao. Ellas buscan crear “otras realidades” más allá del modelo extractivista, trabajando la cadena de producción del chocolate: desde el cultivo hasta la comercialización; y consiguiendo un modelo económico sostenible que también movilice el turismo.

Mujeres Innova se trata de un colectivo de más de 30 mujeres que realizan ferias de emprendimientos, donde ofrecen sus productos y servicios, y se apoyan mutuamente. Además de desarrollar formaciones y capacitaciones buscan a través de la creación de una economía autónoma, la garantía de una educación de calidad, el acceso equitativo a la energía, la promoción de la inclusión y la participación, y la implementación de correctivos para el futuro en el marco de la Transición Energética Justa.

Transitar juntos

Las comunidades que luchan por el territorio le recuerdan al estado, las entidades y los tomadores de decisiones que en la medida en que retorne y se trabaje por la salud del territorio la abundancia volverá “les estamos diciendo al mundo que los ríos, el agua, las montañas, los sitios sagrados deben ser un sujeto de derecho para garantizar la armonía” dice Luis. Volver a ver el territorio como hermano, como madre, como ser vivo.

Para Bernardo la transición justa es que la labor económica que se desarrolle en el territorio no los condene a la muerte. “Si yo tuviera tierra no quisiera un trabajo en la mina porque lo que yo sé es producir la tierra (…) ahora hay un caos económico en la región y lo que se necesita es reactivar la economía con las regalías. Todos sabíamos que el carbón se iba a acabar pero no se pensó en eso. Aquí se tiene que reactivar es el campo, se tiene es que producir alimentos, una parte para comer y otra para vender y así se arregla la vida”

Ellos como Madelen llaman a la sociedad civil a acompañar, asesorar y apoyar estos procesos sociales para que haya justicia y el Estado como las empresas y ciudadanos del norte global se responsabilice y reparen a los seres que sufren el modelo de desarrollo del carbón en el norte de Colombia. “Vengan y conozcan la pobreza que nos dejó la mina y caminen de la mano con nosotros” expresó la líder.