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Sin consultar a la población, el gobierno autoriza la perforación de un pozo al sur de la provincia, poniendo a toda la sociedad en alerta por los riesgos de contaminación

 

Por Silvia Calciolari

La confirmación de que en el departamento de Malargüe, en la provincia de Mendoza, Argentina, se está realizando un proyecto piloto para la exploración no convencional de petróleo por fractura hidráulica – o fracking, en inglés – cayó como una bomba para todos los demás departamentos.

Según informaciones de la prensa regional, la autorización para el inicio del trabajo en Malargüe fue dada por el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, y alcanza la cuenca del río Salado. La decisión se mantuvo secreta hasta el momento de las pruebas, iniciadas ahora en agosto, una actitud que sacude la confianza de los ciudadanos de la provincia hacia el gobierno, que en gran proporción se oponen a tal medida.

Ubicada en la patagonia argentina y flanqueada por la Cordillera de los Andes, Mendoza posee unas de las regiones productoras de vino más extraordinarias del mundo, en el corazón de un cálido y árido desierto. Con un sistema de irrigación heredado de los pueblos tradicionales, los Andes son la fuente más importante de agua a través del deshielo, que es controlado por canales llamados ‘acequias’. De esta forma, los ‘oasis’ garantizan los viñedos y la producción de vino, principal actividad económica de la provincia, además de la supervivencia de aproximadamente 1,7 millones de habitantes.

¿Y por qué, ahora, el hecho del gobierno haber autorizado la perforación de un pozo por fracking asusta a los mendocinos? Ellos conocen muy bien los impactos ambientales, económicos y sociales que esta tecnología provoca, así como su legado de contaminación, destrucción y muerte.

Las provincias vecinas de Neuquén y Río Negro, así como el sur de Mendoza, están ubicadas en la región conocida como Vaca Muerta, un extenso campo de petróleo y gas no convencional. Llamada ‘zona de sacrificio’, Vaca Muerta genera energía a partir del gas de esquisto para todo el país a costa del aniquilamiento de la tradicional producción de peras y manzanas, de la contaminación de las reservas de agua de superficie y subterráneas, además de impactos nocivos para la salud de las aguas, de las personas y animales. Esto sin contar el verdadero genocidio del pueblo indígena Mapuche, que tuvo sus tierras expropiadas por el fracking, y sufre con enfermedades crónicas derivadas de la contaminación por productos tóxicos, muchos de ellos cancerígenos y hasta radiactivos.

Desde que el fracking comenzó en la provincia vecina hace más de diez años, hay el temor de perder el trabajo de producción de uvas en el desierto, que comenzó con las primeras mudas traídas por los españoles hace cinco siglos. Hoy, los productores de peras y manzanas de Allen, en Río Negro, ya no consiguen exportar su producción, que es rechazada por el mercado internacional e incluso interno en función de la contaminación causada por los químicos usados ​​en el proceso de extracción del petróleo y gas no convencional.

En junio de 2013, el Departamento de General Alvear, que hace frontera con Neuquén, aprobó por unanimidad la Ordenanza 3934/13, que prohíbe el fracking exactamente para proteger el medio ambiente, las reservas de agua y la economía local.

Es importante resaltar que el agua tiene una importancia vital para los habitantes de Mendoza. Para garantizar la supervivencia en el desierto, tras una gran movilización popular fue aprobada la Ley 7722 el 11 de junio de 2007, que prohibió la Minería a cielo abierto con el objetivo de proteger el agua de la contaminación. Desde entonces, productos químicos, tales como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares usadas en la minería están prohibidas para proteger las fuentes de recursos hídricos. Las compañías recurrieron, pero la Justicia confirmó en 2015 la constitucionalidad de la prohibición.

 

Para marcar los diez años de la aprobación de la Ley 7722, se realizó en General Alvear el 1º Congreso Regional sobre los impactos y protección del medio ambiente (CRIPA17). Estuve presente en representación de 350.org Argentina y COESUS – Coalición América Latina contra el fracking, por el Agua, Vida y Agricultura Sostenible. Como representante de las dos entidades, pude relatar la lucha contra la fractura hidráulica y los combustibles fósiles en Brasil y América Latina. El contacto directo con los liderazgos de los movimientos contra el fracking, la minería y la energía nuclear de la provincia mostró que la unión de las personas es el combustible para la resistencia. En este contexto, COESUS, a través de 350.org Argentina y 350.org Uruguay, intensifica la movilización de los líderes, parlamentarios y los pueblos latinoamericanos para participar en este movimiento en defensa del agua, de la vida y del clima.

Y para hacer un enfrentamiento directo a la decisión del gobierno de Mendoza, el Departamento de General Alvear, a través de la Multisectorial, ya lanzó un comunicado rechazando la autorización en Malargüe y solicitando la inmediata suspensión de la perforación al Ministerio de Energía y Minería. Al parecer, una nueva lucha se anuncia en el horizonte con más fuerza, experiencia y determinación. Todo para contener el avance de los combustibles fósiles en Argentina y en todo el planeta.

 

Lea el  comunicado:

La Multisectorial de General Alvear quiere hacer público su RECHAZO a la aprobación inconsulta de proyectos piloto de fracking, extracción de petróleo de manera no convencional, en el Departamento de Malargüe, sobre la cuenca del Río Salado, con fecha agosto de 2017.

Nuestra postura al respecto se manifestó claramente en El Congreso CRIPA 17, organizado por nuestra entidad desde al 16 al 20 de junio del presente año, donde especialistas de diferentes partes del mundo expusieron los riesgos de esta actividad con fundamento técnico.

Es por esto que estamos elevando a la brevedad pedidos de reunión a la DPA (Dirección de Protección Ambiental) y al Ministerio de Energía y Minería para manifestar nuestra postura y exigir explicaciones respecto a la decisión tomada de manera apresurada y pareciera “a escondidas”, aduciendo una simple “adecuación de infraestructura” para el inicio de la fractura hidráulica en pozos en actual explotación tradicional. Esto evitó la presentación de nuevas evaluaciones de impacto ambiental y la realización de la audiencia pública correspondiente.

Asimismo informamos que hemos mantenido una primera reunión con representantes del Departamento General de Irrigación por el mismo motivo. En la misma se informó que no se aprobará el uso de agua dulce para futuros proyectos de fracking a escala industrial y que ya se está haciendo el control y monitoreo del agua en la zona, enviando las muestras hídricas a la Universidad Nacional de Cuyo.

Desde la Multisectorial solicitamos la suspensión de los proyectos iniciados hasta tanto no se cumplan los pasos exigidos por Ley. El pueblo tiene derecho a expresar de qué manera elige vivir.

General Alvear es “DEPARTAMENTO LIBRE DE FRACKING” por ordenanza municipal. Pero la cuenca hídrica es más amplia y no conoce de límites políticos. Debemos protegerla para nosotros y las futuras generaciones.

 

Mira el depoimento de Carlos Pía, Director de Gestión Ambiental de General Alvear: