Por Peri Dias
La represión policial en respuesta a una protesta de cerca de 400 indígenas del pueblo Kukama contra la petrolera canadiense PetroTal durante la noche del sábado 8 y la madrugada del 9 de agosto pasados dejó un saldo de tres manifestantes muertos y 11 heridos, de los cuales seis se encuentran en estado grave. Sucedió en el departamento de Loreto, en el nordeste de Perú, donde también seis policías fueron heridos. Las últimas informaciones sobre el hecho provienen del sitio RPP y la agencia de noticias OjoPúblico, ambos peruanos.
Los indígenas reclamaban el cese de actividades de PetroTal, el envío de medicamentos a los hospitales de la región para ayudar al tratamiento del Covid-19 y una mejor compensación por el uso de territorio indígena por parte de la compañía.
Heridos en el lote 95. Fuente: Ojo Público | Imagen: Otto Manuyam
Según la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), las tres personas fallecidas tenían heridas de bala en sus cuerpos. La policía local afirma que se está investigando si las muertes fueron provocadas por los disparos o por otras causas.
Algunos participantes de la protesta relataron que la policía actuó con una violencia desmedida ante el hecho. El líder indígena Mayter Flores Crispin, hermano de uno de los manifestantes asesinados, Cheminson Flores Crispin, contó al equipo de OjoPúblico que los indígenas sólo llevaban consigo lanzas. Aún así, la policía no dudó en usar armas de fuego cuando la situación se tornó más tensa.
“La policía prácticamente ha venido a matarnos. Nosotros somos un pueblo pacífico”, afirmó Mayter.
Según la versión policial, los indígenas también portaban escopetas con perdigones y fueron ellos quienes iniciaron fuego contra los policías, lo que motivó la reacción de las fuerzas de orden. El Ministro del Interior de Perú, Jorge Montoya, dijo que los seis policías heridos tenían marcas correspondientes a balas de plomo en todo el cuerpo.
Incluso después del enfrentamiento, que terminó en pleno Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto), el clima en la región sigue tenso. La policía envió refuerzos hacia la zona y una comisión formada por representantes del gobierno federal, que incluye al Ministro de Cultura, Alejandro Neyra, viajó a la región para buscar una “pronta solución” al conflicto.
El presidente de Orpio, Jorge Pérez Rubio, dijo que los indígenas de la región demandan que se investigue la acción policial del fin de semana, el fin a la represión de las protestas y la posibilidad de generar un diálogo para que las demandas de los pueblos de la región sean atendidas.
Lo que trajo el petróleo: contaminación, pero no desarrollo
En declaraciones a OjoPúblico, el investigador de las comunidades indígenas Alberto Chirif Tirado, uno de los principales expertos en el tema en Perú, dijo que los pueblos indígenas de la región están cansados de las empresas extractivas. En la visión de estos pueblos, las empresas no benefician a sus comunidades y se retiran del territorio una vez que se agota el petróleo o el gas, dejando como legado sólo la contaminación.
La protesta, que tuvo lugar los días 8 y 9 de agosto, estaba dirigida específicamente a la compañía petrolera canadiense PetroTal, que opera sobre dos lotes en la Amazonía peruana, incluyendo el 95, en la cuenca del río Puinahua en el departamento de Loreto. Concedido a la compañía por el gobierno peruano en 2005, el lote ocupa un área de 3450 kilómetros cuadrados y produce 12.000 barriles de petróleo por día.
Las operaciones en el lote 95 comenzaron en noviembre de 2018 y fueron anunciadas por el presidente peruano Martín Vizcarra, quien en ese momento reconoció que había “riqueza en el suelo, pero pobreza en la superficie” de esa región.
Casi dos años después, el escenario sigue siendo desalentador. Los datos oficiales muestran que apenas el 45% de la población del departamento consume agua potable de la red pública y que sólo el 42% tiene acceso al sistema de alcantarillas. En la provincia donde se encuentra el lote 95, existen sólo cuatro centros de salud, todos ellos con atención básica e infraestructura inadecuada, según el propio Ministerio de Salud peruano
De acuerdo al líder de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (Aidecobap), Hans Pérez, quien participó en la protesta del fin de semana, las demandas de los indígenas incluyen que PetroTal cree un fondo económico con valores correspondientes al 10% de la producción de petróleo. Estos recursos serían destinados a proyectos de seguridad alimentaria, abastecimiento de agua, alcantarillado y electricidad, así como medicamentos para tratar el Covid-19.
La opinión de 350.org
350.org lamenta profundamente la muerte de los manifestantes que perdieron sus vidas en la protesta del 8 y 9 de agosto y apoya la búsqueda de soluciones no violentas a las demandas de los pueblos indígenas de la región.
A lo largo de los siglos, los pueblos indígenas han sido sistemáticamente atacados en todo el continente americano, viendo sus derechos negados. Ha llegado la hora de que nuestros países corrijan este error histórico y ofrezcan a las comunidades indígenas los servicios públicos adecuados, la seguridad y el respeto que merecen.
El respeto de los gobiernos y las empresas debería extenderse también a los territorios indígenas. 350.org apoya la demanda de los líderes y movimientos indígenas que busca poner fin a la explotación de sus tierras y promueve una visión del desarrollo basada en un mundo libre de combustibles fósiles.
“No necesitamos del petróleo, el gas y el carbón para asegurar los recursos que permitan invertir en una recuperación justa ante la pandemia de Covid-19. Por el contrario, el mundo estaría mucho mejor económicamente, socialmente y ambientalmente si invertimos en energías limpias y controladas por la comunidad”, dijo Ilan Zugman, Director Interino de 350.org América Latina.
Peri Dias es periodista y trabaja en la difusión de 350.org América Latina.
Traducción: Rocío Rodríguez Almaraz