Activistas protestan contra el fracking en Coahuila (Foto: Miguel Ángel Reyna).
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, aprobó el último 02 de marzo la técnica de fractura hidráulica, más conocida como fracking, para exploración y explotación de petróleo y gas de esquisto en el país. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, anunció que el gobierno licitará nueve áreas para la exploración, y contará con la Ronda de convocatoria 3.3 para hidrocarburos no convencionales.
Los nueve yacimientos a ser explotados están ubicados en la Cuenca de Burgos, al norte de Tamaulipas, estado al norte del país. Para los proyectos se estimó una inversión de 2.300 millones de dólares. Mientras tanto, el impacto recaerá sobre un total de 300 kilómetros cuadrados, donde viven 158 comunidades.
Frente al anuncio de las licitaciones, una red de organizaciones ambientales, que integran la Alianza Mexicana contra el Fracking, lanzó una campaña exigiendo el alto de la entrega de territorios para este propósito. “El fracking como técnica representa una violación grave a los derechos humanos, pone en peligro el agua, el ambiente y el clima del planeta”, menciona la petición lanzada por Avaaz.
“Antes de que acabe su periodo, el gobierno actual pretende entregar áreas para la exploración y extracción de hidrocarburos por medio de fracking, demandamos que por principio precautorio esta ronda se detenga”, menciona otra parte del comunicado.
La práctica del fracking es criticada por organizaciones ambientalistas en todo el mundo, ya que el proceso requiere de ciertos químicos que son nocivos para el consumo humano y, además, perjudica el ambiente y el clima.
Por sus impactos socioambientales, incluso la alta contaminación del subsuelo y los mantos freáticos, este procedimiento ya fue prohibido en diversos países de Europa, como Francia, Irlanda, Bulgaria, Alemania y Escocia, así como en los estados de Nueva York y Maryland, en los Estados Unidos, en las provincia de Entre Ríos y Santa Fe, en Argentina, y en más de 350 municipalidades de Brasil.
Otro punto crítico del anuncio es que, para hacer uso de la gran cantidad de agua que se requiere para inyectar el subsuelo, se hace necesaria una reforma a la Ley de Aguas Nacionales. El objetivo es dejarla más flexible, hasta el punto de que se permita el desvío del recurso que puede ser tratado para consumo humano, para destinarlo a la extracción de hidrocarburos.
“Esta no es solo una preocupación de los ciudadanos de México, sino de toda América Latina. En Brasil estamos trabajando para que el fracking sea prohibido definitivamente en todos los estados y, posteriormente, para que tengamos una ley federal. Además de causar daños al medio ambiente, la técnica también causa impactos a la salud de las poblaciones, a la economía, por perjudiciar actividades como la agricultura, e incluso el clima, dada la emisión de enormes cantidades de gases causantes del efecto invernadero”, afirmó Nicole Figueiredo de Oliveira, directora de 350.org Brasil y América Latina.