El noreste de Brasil está sufriendo la sequía más larga de su historia, que dura desde 2010. El cambio climático tiene la culpa. La escasez de agua ha tenido un impacto devastador sobre las actividades agrícolas y pesqueras locales, pero para las comunidades locales el asunto no termina ahí.

Con los embalses de las centrales hidroeléctricas (la principal fuente de electricidad del país) vacíos, y en ausencia de inversiones en otras fuentes de energía renovable, el gobierno tiene que activar las centrales termoeléctricas alimentadas por combustibles fósiles. Estas centrales, además de ser más sucias, a menudo contaminan los ríos y acuíferos subterráneos, usando para sus actividades grandes cantidades de la poca agua potable que queda.

Es el caso del Complejo Portuario e Industrial de Pecem, localizado en la región metropolitana de Fortaleza, capital del estado nororiental de Ceará. Pecem I y II son las dos mayores centrales termoeléctricas de carbón del país, y tienen la autorización del gobierno estatal para recibir hasta 800 litros de agua por segundo (unos 70 millones de litros al día) de la presa de Castanhão, que podrían abastecer a una ciudad de 600.000 habitantes.

Castanhão, el mayor embalse multiusos y público del país, abastece a toda la región metropolitana de Fortaleza, donde vive casi la mitad de la población del estado. El pasado mes de noviembre, la presa alcanzó su volumen muerto y dejó de abastecer a la ciudad durante más de 20 días. Con Castanhão vacía, el gobierno comenzó a explorar otros sitios, incluyendo áreas protegidas como el Área de Protección Ambiental de Lagamar do Cauipe, donde viven varias comunidades indígenas y ribereñas que dependen de sus recursos naturales.

A finales de 2017, el pueblo indígena Anacé, de Barra do Cauipe, vio cómo un grupo de trabajadores, acompañados por agentes de policía, iniciaba las operaciones para extraer agua de Lagamar de Cauipe para abastecer al Complejo de Pecem. Con el apoyo de movimientos populares y organizaciones civiles, los líderes de los Anacé obtuvieron una orden judicial de interrumpir las labores. El proyecto, que tiene el objetivo de extraer 200 litros de agua por segundo de la zona, podría comprometer gravemente los ya escasos recursos hídricos de la región.

“En una de las peores crisis hídricas de la historia del estado, el gobierno está permitiendo que el agua que se supone destinada al consumo humano primario sea desviada a intereses industriales. Entran en el territorio sin pedir permiso, sin consultar a las comunidades que viven allí. Esto intensifica aún más los conflictos que ya existen en la región”, dijo el jefe Roberto Marques, líder del pueblo indígena Anacé.

Además de su importancia medioambiental, Lagamar do Cauípe es también esencial para el sustento de las comunidades locales y para el mantenimiento de actividades pesqueras y turísticas en la región. Por no mencionar los asuntos culturales y espirituales. “Mi pueblo cree que nuestros ancestros, ‘los encantados’, aún viven en la laguna de Cauípe. Pero, como el agua, también ellos pueden desaparecer. Si el gobierno quiere acabar con nuestra tierra, también acabarán con nosotros. Puede que ya esté todo perdido, pero no perderemos sin luchar.”

En Brasil, la región semiárida del noreste será la más severamente afectada por el cambio climático. Según los últimos datos del IPCC, se espera que la temperatura en la región, que ha sufrido históricamente de sequías periódicas, aumente entre 2ºC y 5ºC para 2100 si no se hace nada para evitar el calentamiento del planeta.

De acuerdo con las proyecciones, un total de 1.488 ciudades brasileñas y 36 millones de personas (una quinta parte de su población) se verán directamente afectadas por la escasez de agua en el futuro cercano. El estado de Ceará ya está sufriendo los impactos potencialmente fatales del cambio climático.

“El mayor impacto para la región es, con certeza, la escasez de agua, que a su vez genera impactos directos sobre la economía y la salud de las personas. El aumento de temperatura, sumado a una menor cantidad de lluvia, hace que los embalses superficiales se sequen más rápido, acabando con la mayor fuente de abastecimiento humano”, explica Nicolas Fabre, consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la Asociación de Municipios del Estado de Ceará.

Según él, el problema no es tanto el volumen de lluvias, sino su distribución en el tiempo y el espacio. “Algunos municipios reciben en tan solo un día la cantidad de lluvia que se espera para todo el año, mientras otros están completamente secos. Declaran un estado de emergencia por las inundaciones y seis meses después declaran otra emergencia por la sequía. Además, estas lluvias torrenciales causan el azolvamiento de los ríos, lo que reduce su capacidad de almacenamiento de agua porque está llena de arena y sedimentos”, afirmó.

El impacto en los medios de subsistencia también pone en riesgo la vida de muchas personas en la región. Hace unos años, Ceará se había convertido en el estado federal con la mayor concentración de tilapia, un tipo de pescado. Hoy, ni siquiera aparece en las estadísticas oficiales. “Si no hay agua no hay pescado. Las empresas familiares de producción y los pescadores artesanales tienen que depender de la ayuda del gobierno, y el desempleo y la pobreza han vuelto a incrementarse”.

Actualmente, el gobierno brasileño subvenciona la producción de combustibles fósiles, de manera directa e indirecta, con un total de más de 66.000 millones de dólares, de los cuales casi la mitad son en forma de exenciones tributarias para la industria de los combustibles fósiles.

Si ese dinero se invirtiese en políticas para mejorar las tecnologías de resiliencia y adaptación, así como en el desarrollo de una infraestructura sólida de energías renovables, la gente de Ceará podría mantener la esperanza de salvar sus fuentes de agua y, con ellas, su sustento y su forma de vida tradicional.

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