7 febrero, 2020

Mientras las empresas de combustibles fósiles siguen agravando la crisis climática, la escala de sus violaciones a los derechos humanos aumenta, alerta 350.org

La crisis global del clima, generada principalmente por las grandes empresas de combustibles fósiles en el mundo, está agravando seriamente las de por sí numerosas violaciones de derechos humanos cometidos por esta misma industria, advierte un informe publicado este viernes, 7 de febrero, por 350.org.

Empresas de petróleo, gas y carbón son directa o indirectamente responsables de algunas de las peores violaciones de derechos humanos cometidas por corporaciones en el mundo en las últimas tres décadas, como muestran los 10 casos mencionados en la publicación. 

Teniendo en cuenta sólo algunos grandes casos de violaciones, la industria de los combustibles fósiles ha sido directamente responsable de alrededor de 45.000 muertes prematuras causadas por problemas de salud, de derramar más de 68.000 millones de litros de residuos tóxicos en ríos, y de la apertura de más de un millón de hectáreas de territorios indígenas antes inaccesibles a la especulación, la colonización y la deforestación. 

Tanto empresas locales como gigantes de la industria como Chevron-Texaco y Shell han perpetrado estas violaciones. En algunos de los casos incluidos en el informe, las empresas han actuado de manera conjunta con gobiernos o grupos de seguridad privada de manera ilegal u opaca. 

Los abusos incluyen el asesinato o arresto arbitrario de líderes comunitarios en México y Nigeria, las restricciones al derecho a protestar en Estados Unidos, el desplazamiento forzado de comunidades en Turquía, la amenaza a la seguridad hídrica en Australia, la contaminación de ríos y reservas pesqueras en territorios indígenas de la Amazonía ecuatoriana y la contribución a la muerte prematura de miles de personas por problemas respiratorios en Bangladesh.

Con el agravamiento de la crisis del clima, los impactos negativos ambientales y sociales causados por las acciones de empresas de combustibles fósiles en muchos de estos casos -y en otros similares- también están empeorando.

“La contaminación y polución causadas con frecuencia por las actividades de la industria de los combustibles fósiles afectan principalmente a las poblaciones más empobrecidas, al igual que la crisis del clima. Las comunidades vulnerables se ven doblemente expuestas a las pérdidas o la escasez de tierra, pesca y agua, por ejemplo,” afirmó Aaron Packard, gerente del programa Defensores del Clima de 350.org.

El informe también destaca que hay cada vez más acuerdo entre la sociedad civil y los académicos y profesionales de los derechos humanos en que la producción de combustibles fósiles supone un ataque contra los millones de personas más directamente afectadas por la crisis del clima. En los Países Bajos, individuos y organizaciones como Amigos de la Tierra están emprendiendo acciones legales contra Shell, argumentando que la empresa ha sido omisa en sus obligaciones legales relacionadas con el cambio climático. De igual manera, otros casos legales contra empresas de combustibles fósiles por daños causados por sus actividades están en proceso en varios lugares de los Estados Unidos.

“Incluso ante la más clara evidencia científica de que la quema de combustibles fósiles tiene al planeta literalmente en llamas, este sector sigue invirtiendo en el mismo viejo modelo y a menudo desinforma a la sociedad sobre la crisis del clima y sus causas. Al hacer eso, las empresas están ignorando activamente el derecho de poblaciones enteras a un medio ambiente sano, comida suficiente y de calidad y a un escenario político y social de estabilidad”, declaró Aaron Packard.

El informe de 350.org también destaca el deber de gobiernos locales y nacionales de actuar para proteger a las personas que defienden el clima, como las lideresas y líderes comunitarios que encabezan las movilizaciones por los derechos de las familias afectadas. Muchas de estas personas son objeto de amenazas, agresiones, tortura o asesinato.

Un caso ejemplar mencionado en el informe es el de Samir Flores Soberanes, periodista y líder de una comunidad indígena Nahuátl en México. En febrero de 2019 fue asesinado en su casa tras recibir varias amenazas por oponerse públicamente a la construcción de un gasoducto y dos nuevas plantas termoeléctricas en territorio comunitario.

“Muchos de los países en los que se cometen estas violaciones han firmado tratados internacionales que les obligan a proteger a los individuos amenazados, garantizar el derecho a la protesta y respetar la decisión de las comunidades indígenas sobre sus territorios. Los mecanismos legales existen, pero deben hacerse cumplir, ser legitimados y respetados”, dijo Nicole Oliveira, Directora General de 350.org en América Latina.

Este informe es una iniciativa del Programa Defensores del Clima de 350.org, que apoya a individuos y comunidades que están al frente de las movilizaciones contra los abusos de la industria fósil. El programa incluye acciones para amplificar sus voces y dar visibilidad a sus causas.

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