16 agosto, 2012

Represa de Belo Monte suspendida por el Tribunal de Apelaciones de Brasil

 Amig@s, les compartimos este comunicado de prensa escrito originalmente en inglés por nuestro amigos de AIDA, Amazon Watch, International Rivers y traducido al español por nuestro equipo.  Miércoles, 15 de agosto 2012El proyecto fue autorizado ilegalmente por el Congreso sin consultas previas con las tribus indígenas, los jueces afirman. Altamira, Brasil: Una corte superior suspendió ayer la construcción del polémico proyecto de la represa de Belo Monte sobre el río Xingú en el Amazonas, citando pruebas abrumadoras de que los indígenas no fueron debidamente consultados antes de que el gobierno aprobara el proyecto.Un grupo de jueces de Tribunal Regional Federal de Brasil (TRF1) confirmó una decisión anterior que declara la autorización del Congreso brasileño en 2005 al proyecto como ilegal. La decisión concluye que la Constitución brasileña y el Convenio 169 de la OIT, de la cual Brasil es parte, requiere que el Congreso sólo pueda autorizar el uso de los recursos hídricos para proyectos hidroeléctricos después de una evaluación independiente de los impactos ambientales y las consultas previas con los pueblos indígenas afectados.El fallo significa que el Congreso brasileño tendrá que corregir su error anterior mediante la organización de las consultas sobre los impactos del proyecto con los indígenas del río Xingú, en especial los Juruna, Arara y las tribus Xikrin. Sus opiniones deben ser consideradas en la decisión del Congreso sobre si se autoriza Belo Monte, y mientras tanto el consorcio del proyecto ha recibido la orden de suspender la construcción. El consorcio Norte Energia, SA, encargado del proyecto y liderado por la empresa estatal de energía Eletrobras, se enfrenta a una multa diaria de R$ 500.000, o aproximadamente 250.000 dólares americanos, si no cumple con la suspensión. Se espera que el consorcio de la represa apele la decisión en la Corte Suprema de Brasil."La decisión del tribunal pone de manifiesto la urgente necesidad del gobierno brasileño y el Congreso de respetar la Constitución Federal y los acuerdos internacionales sobre las consultas previas con los pueblos indígenas sobre los proyectos que ponen sus medios de vida y territorios en riesgo. Los derechos humanos y protección del medio ambiente no pueden estar subordinados a estrechos intereses empresariales " declaró el juez federal Souza Prudente, quien fue autor de la sentencia."Esta decisión reciente del tribunal reivindica lo que los pueblos indígenas, activistas de derechos humanos y la Oficina de la Fiscalía Pública Federal han estado pidiendo todo este tiempo. Esperamos que el Contralor General de la Presidenta Dilma que también es el juez principal del Tribunal Federal (TRF1) no trate de subvertir esta decisión tan importante, como lo han hecho en situaciones similares en el pasado", dijo Brent Millikan de International Rivers, con sede en Brasilia."Esta decisión refuerza la petición formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2011 de suspender el proyecto debido a la falta de consultas con las comunidades indígenas. Esperamos que Norte Energia y el gobierno cumplan con esta decisión y respeten los derechos de las comunidades indígenas ", dijo Joelson Cavalcante de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), una organización que brinda apoyo legal a las comunidades afectadas.El Congreso de Brasil autorizó la construcción de Belo Monte hace siete años, sin una evaluación de impacto ambiental (EIA). Un estudio posterior, producido por la empresa estatal de energía Eletrobras y tres de las compañías constructoras más grandes de Brasil (Camargo Correa, Andrade Gutierrez y Odebrecht), fue ampliamente criticado por subestimar impactos socio-ambientales, especialmente en los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales que viven río abajo de la enorme represa que desviaría el 80% del caudal natural del río Xingu. El EIA fue aprobado por la Agencia Federal de Medio Ambiente de Brasil (IBAMA) en febrero de 2010, bajo una intensa presión política y sobre las objeciones del propio personal técnico de la agencia.Con la construcción de represas ya en marcha desde junio de 2011, muchas de las previamente advertidas consecuencias sociales y ambientales de Belo Monte están demostrando ser reales. Como resultado de ello, los pueblos indígenas se han vuelto más vocales en su oposición a Belo Monte.Durante la cumbre de las Naciones Unidas Rio+20 en junio, los líderes indígenas pusieron en marcha la ocupación del sitio de construcción de la represa por 21 días, en protesta por los crecientes impactos del proyecto y las promesas incumplidas por parte de los constructores de la represa. Dos semanas más tarde, las comunidades indígenas detuvieron a tres ingenieros de Norte Energia en tierras tribales. Ambas protestas exigían la suspensión del proyecto debido a la falta de cumplimiento de los requerimientos de mitigación. El mes pasado, la Oficina de la Fiscalía Pública Federal presentó una demanda pidiendo la suspensión de la licencia de instalación de Belo Monte, dado el generalizado incumplimiento de las condiciones de las licencias ambientales del proyecto. Debido a esta historia conflictiva y complicada, y al ya atrasado proceso de consultas con los pueblos indígenas en Belo Monte, no es probable que estos produzcan un dictamen positivo sobre Belo Monte, desde el punto de vista de los pueblos indígenas.Conflictos similares en torno a violaciones de los derechos indígenas por parte de los proyectos de represas están surgiendo en otras partes de la Amazonía brasileña.La semana pasada, en otra decisión histórica dirigida por el juez Souza Prudente, un grupo de jueces de la TRF1, el mismo tribunal ordenó la suspensión inmediata de uno de las cinco grandes represas planeadas para el río Teles Pires, un tributario importante del río Tapajós, teniendo en cuenta la falta de consultas previas e informadas con los pueblos indígenas Kayabi, Apiakás y Munduruku afectadas por el proyecto.De acuerdo con Souza Prudente, "la agresión contra los pueblos indígenas en el caso de la represa Teles Pires ha sido aún más violenta que la de Belo Monte. La decisión política de proceder con la construcción de cinco grandes represas en el río Teles Pires fue hecha por el Ministerio de Minas y Energía, sin un análisis efectivo de los impactos sobre los medios de vida y territorios de los pueblos indígenas. Los rápidos de Sete Quedas en el río Teles Pires son considerados sagrados por los pueblos indígenas y son vitales para la reproducción de los peces que también son un elemento básico de sus dietas . Sin embargo, nada de esto se tuvo en cuenta en el inventario de cuencas y estudios de impacto ambiental. Por otra parte, el gobierno y el Congreso simplemente ignoraron sus obligaciones para garantizar la consulta previa e informada con los pueblos indígenas, según lo determinado por la Constitución Federal y el Convenio 169 ".Ayer por la tarde, el Presidente de la TRF1 anunció su intención de revocar la decisión de Souza Prudente y los demás jueces federales con respecto al Proyecto Hidroeléctrico Teles Pires, marcando una creciente crisis en el sistema judicial de Brasil debido a los ambiciosos planes de la administración de Dilma Rousseff para la construcción de grandes represas en la Amazonía.Contacto para medios de comunicación:Brent Millikan, International Rivers [email protected] Miller, Amazon Watch [email protected] Calvacante, AIDA [email protected] 

 

Amig@s, les compartimos este comunicado de prensa escrito originalmente en inglés por nuestro amigos de AIDA, Amazon Watch, International Rivers y traducido al español por nuestro equipo. 

 

Miércoles, 15 de agosto 2012

El proyecto fue autorizado ilegalmente por el Congreso sin consultas previas con las tribus indígenas, los jueces afirman. 

Altamira, Brasil: Una corte superior suspendió ayer la construcción del polémico proyecto de la represa de Belo Monte sobre el río Xingú en el Amazonas, citando pruebas abrumadoras de que los indígenas no fueron debidamente consultados antes de que el gobierno aprobara el proyecto.

Un grupo de jueces de Tribunal Regional Federal de Brasil (TRF1) confirmó una decisión anterior que declara la autorización del Congreso brasileño en 2005 al proyecto como ilegal. La decisión concluye que la Constitución brasileña y el Convenio 169 de la OIT, de la cual Brasil es parte, requiere que el Congreso sólo pueda autorizar el uso de los recursos hídricos para proyectos hidroeléctricos después de una evaluación independiente de los impactos ambientales y las consultas previas con los pueblos indígenas afectados.

El fallo significa que el Congreso brasileño tendrá que corregir su error anterior mediante la organización de las consultas sobre los impactos del proyecto con los indígenas del río Xingú, en especial los Juruna, Arara y las tribus Xikrin. Sus opiniones deben ser consideradas en la decisión del Congreso sobre si se autoriza Belo Monte, y mientras tanto el consorcio del proyecto ha recibido la orden de suspender la construcción. El consorcio Norte Energia, SA, encargado del proyecto y liderado por la empresa estatal de energía Eletrobras, se enfrenta a una multa diaria de R$ 500.000, o aproximadamente 250.000 dólares americanos, si no cumple con la suspensión. Se espera que el consorcio de la represa apele la decisión en la Corte Suprema de Brasil.

“La decisión del tribunal pone de manifiesto la urgente necesidad del gobierno brasileño y el Congreso de respetar la Constitución Federal y los acuerdos internacionales sobre las consultas previas con los pueblos indígenas sobre los proyectos que ponen sus medios de vida y territorios en riesgo. Los derechos humanos y protección del medio ambiente no pueden estar subordinados a estrechos intereses empresariales ” declaró el juez federal Souza Prudente, quien fue autor de la sentencia.

“Esta decisión reciente del tribunal reivindica lo que los pueblos indígenas, activistas de derechos humanos y la Oficina de la Fiscalía Pública Federal han estado pidiendo todo este tiempo. Esperamos que el Contralor General de la Presidenta Dilma que también es el juez principal del Tribunal Federal (TRF1) no trate de subvertir esta decisión tan importante, como lo han hecho en situaciones similares en el pasado”, dijo Brent Millikan de International Rivers, con sede en Brasilia.

“Esta decisión refuerza la petición formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2011 de suspender el proyecto debido a la falta de consultas con las comunidades indígenas. Esperamos que Norte Energia y el gobierno cumplan con esta decisión y respeten los derechos de las comunidades indígenas “, dijo Joelson Cavalcante de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), una organización que brinda apoyo legal a las comunidades afectadas.

El Congreso de Brasil autorizó la construcción de Belo Monte hace siete años, sin una evaluación de impacto ambiental (EIA). Un estudio posterior, producido por la empresa estatal de energía Eletrobras y tres de las compañías constructoras más grandes de Brasil (Camargo Correa, Andrade Gutierrez y Odebrecht), fue ampliamente criticado por subestimar impactos socio-ambientales, especialmente en los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales que viven río abajo de la enorme represa que desviaría el 80% del caudal natural del río Xingu. El EIA fue aprobado por la Agencia Federal de Medio Ambiente de Brasil (IBAMA) en febrero de 2010, bajo una intensa presión política y sobre las objeciones del propio personal técnico de la agencia.

Con la construcción de represas ya en marcha desde junio de 2011, muchas de las previamente advertidas consecuencias sociales y ambientales de Belo Monte están demostrando ser reales. Como resultado de ello, los pueblos indígenas se han vuelto más vocales en su oposición a Belo Monte.

Durante la cumbre de las Naciones Unidas Rio+20 en junio, los líderes indígenas pusieron en marcha la ocupación del sitio de construcción de la represa por 21 días, en protesta por los crecientes impactos del proyecto y las promesas incumplidas por parte de los constructores de la represa. Dos semanas más tarde, las comunidades indígenas detuvieron a tres ingenieros de Norte Energia en tierras tribales. Ambas protestas exigían la suspensión del proyecto debido a la falta de cumplimiento de los requerimientos de mitigación. El mes pasado, la Oficina de la Fiscalía Pública Federal presentó una demanda pidiendo la suspensión de la licencia de instalación de Belo Monte, dado el generalizado incumplimiento de las condiciones de las licencias ambientales del proyecto. Debido a esta historia conflictiva y complicada, y al ya atrasado proceso de consultas con los pueblos indígenas en Belo Monte, no es probable que estos produzcan un dictamen positivo sobre Belo Monte, desde el punto de vista de los pueblos indígenas.

Conflictos similares en torno a violaciones de los derechos indígenas por parte de los proyectos de represas están surgiendo en otras partes de la Amazonía brasileña.

La semana pasada, en otra decisión histórica dirigida por el juez Souza Prudente, un grupo de jueces de la TRF1, el mismo tribunal ordenó la suspensión inmediata de uno de las cinco grandes represas planeadas para el río Teles Pires, un tributario importante del río Tapajós, teniendo en cuenta la falta de consultas previas e informadas con los pueblos indígenas Kayabi, Apiakás y Munduruku afectadas por el proyecto.

De acuerdo con Souza Prudente, “la agresión contra los pueblos indígenas en el caso de la represa Teles Pires ha sido aún más violenta que la de Belo Monte. La decisión política de proceder con la construcción de cinco grandes represas en el río Teles Pires fue hecha por el Ministerio de Minas y Energía, sin un análisis efectivo de los impactos sobre los medios de vida y territorios de los pueblos indígenas. Los rápidos de Sete Quedas en el río Teles Pires son considerados sagrados por los pueblos indígenas y son vitales para la reproducción de los peces que también son un elemento básico de sus dietas . Sin embargo, nada de esto se tuvo en cuenta en el inventario de cuencas y estudios de impacto ambiental. Por otra parte, el gobierno y el Congreso simplemente ignoraron sus obligaciones para garantizar la consulta previa e informada con los pueblos indígenas, según lo determinado por la Constitución Federal y el Convenio 169 “.

Ayer por la tarde, el Presidente de la TRF1 anunció su intención de revocar la decisión de Souza Prudente y los demás jueces federales con respecto al Proyecto Hidroeléctrico Teles Pires, marcando una creciente crisis en el sistema judicial de Brasil debido a los ambiciosos planes de la administración de Dilma Rousseff para la construcción de grandes represas en la Amazonía.

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