Mientras los impactos del cambio climático y del Covid-19 se multiplican, representantes políticos de todo el mundo lanzaron el pasado lunes 19 de julio la nueva Alianza Mundial para un Nuevo Pacto Verde (Global Green New Deal, GGND). Fundada entre otros por la diputada estadounidense Ilhan Omar, la diputada brasileña Joenia Wapichana y la eurodiputada francesa Manon Aubry, la Alianza tiene como objetivo avanzar en el impulso global de una política social, económica y medioambiental de carácter colaborativo y transformador.
Este anuncio se produce tras una serie de sucesos mundiales preocupantes: la históricas inundaciones que asolaron Alemania y Bélgica la semana pasada, dejando más de 170 muertos y otras muchas personas aún sin localizar, provocó una conmoción entre los científicos climáticos, al igual que las reciente olas de calor en Norteamérica, las cuales han batido récords. Además, la semana pasada supimos que el Amazonas está emitiendo más dióxido de carbono del que es capaz de absorber, un descubrimiento inquietante que los científicos atribuyen a una combinación de incendios provocados para deforestar, unido el aumento de las temperaturas y las sequías. Los siete años más calurosos jamás registrados han tenido lugar desde 2014, y a los expertos del clima les preocupa que podamos haber superado un precario umbral que haga que fenómenos meteorológicos cada vez más imprevisibles e inusuales se vuelvan algo habitual.
Mientras el presidente Bolsonaro ha recibido duras críticas por fomentar la deforestación en la Amazonía, la diputada brasileña Joenia Wapichana, miembro fundador de la Alianza para un GGND, ha destacado que “la Amazonía es el mayor bosque tropical de la Tierra y una tercera parte está comprendida por territorios indígenas. Proteger la selva tropical es vital para cumplir el principal objetivo del Acuerdo de París: limitar el calentamiento global a 1,5 grados”.
Las razones para un Nuevo Pacto Verde Global
A pesar de la solidaridad climática mundial sin precedentes que presidió la firma del Acuerdo de París en 2015, la necesidad de emprender acciones más enérgicas y coordinadas resulta evidente. Según las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) publicadas esta semana, en el año 2023 se registrarán los niveles más altos de emisiones de dióxido de carbono de la historia de la humanidad. Esta información llega después de otro informe de la AIE, publicado el pasado abril, que señalaba que las emisiones mundiales de dióxido de carbono relacionadas con el sector energético aumentarán en 1.500 millones de toneladas sólo en el año 2021, un fuerte contraste frente al descenso provocado por la pandemia del Covid-19 durante el año anterior. Este hecho supondría el aumento anual más importante de las emisiones desde 2010, año en que la economía comenzó a recuperarse de la crisis financiera mundial (GFC, por sus siglas en inglés).
Fue a raíz de la crisis cuando el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente puso sobre la mesa en 2009 por primera vez el concepto de un Nuevo Pacto Verde Global, que nació como respuesta ante un mundo que estaba sufriendo, según su propia descripción, “la peor crisis financiera y económica desde hace generaciones”. Por este motivo, recomendaba una respuesta política centrada en tres objetivos principales: reactivar la economía mundial, promover el crecimiento sostenible e inclusivo, y reducir la dependencia del carbono y la degradación de los ecosistemas.
En la actualidad, el mundo experimenta una crisis económica de proporciones no menos graves, agravada por el empeoramiento de la crisis ecológica y por una pandemia mundial histórica. Mientras el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) advierte que el planeta se encamina a un ritmo acelerado y preocupante hacia un aumento de la temperatura de 1,5 grados — el límite establecido por el Acuerdo de París para evitar los mayores peligros del cambio climático —, la Alianza surge en un momento marcado a la vez por una gran incertidumbre mundial y una gran oportunidad de transformación.
La Alianza se basa en una serie de principios establecidos en la Declaración para un Nuevo Pacto Verde Global, entre los que se incluye la necesidad de construir una economía que proporcione bienestar para todos; proteger y mejorar la Tierra que compartimos; crear una sociedad solidaria con bajas emisiones de carbono; dar forma a un sistema multilateral y justo para el siglo XXI, así como asegurar la justicia ambiental y racial a través de la construcción de un futuro verdaderamente democrático. De este modo, la Alianza pone el acento sobre la oportunidad de transformar el momento presente en un punto de inflexión hacia un futuro mejor.
Un marco político verde centrado en la justicia
Uno de los principios fundamentales de la Alianza es la idea de una transición justa. En el ámbito climático, este término se refiere a la necesidad de transformar las instituciones políticas, los sistemas energéticos y las prácticas alimentarias y agrícolas para poner en el centro a las comunidades que son más vulnerables al cambio climático y a la vez menos responsables de su avance. La seguridad alimentaria e hídrica es un problema cada vez más serio que afecta desproporcionadamente a los países del Sur, y que es agravado por un sistema alimentario industrial excesivamente dependiente de los combustibles fósiles y que contribuye de manera considerable al cambio climático mediante la deforestación.
La justicia climática propone afrontar el cambio climático a través de una transformación hacia una sociedad 100% descarbonizada que a la vez contribuya a reparar las injusticias económicas, políticas y sociales. Esto resulta de especial relevancia para Asia, ya que el continente alberga a más de la mitad de la población mundial en sociedades estrechamente interconectadas con los recursos naturales y la agricultura, con un gran número de ciudades y de zonas costeras densamente pobladas, y que recientemente ha experimentado un rápido crecimiento económico impulsado por el desarrollo de combustibles fósiles.
La necesidad de reducir drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y de realizar una transición a gran escala hacia las energías renovables ha dejado de ser una postura controvertida. Sin embargo, determinar el contenido y el proceso para lograrlo por parte de los distintos países ha sido objeto de innumerables cumbres internacionales, incluida la próxima conferencia COP26 que tendrá lugar en la ciudad escocesa de Glasgow en el mes de noviembre.
En la COP 26, los gobiernos tendrán que actualizar sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs, por sus siglas en inglés), el mecanismo por el que van a reducir sus emisiones anuales y que debe incluir sistemas detallados de seguimiento y de información. En la actualidad, las economías avanzadas son las responsables de movilizar la mayor parte de los fondos hacia las energías renovables. No obstante, se espera que los países con mayores emisiones asuman un liderazgo más decidido y se comprometan a proporcionar apoyo tecnológico y monetario a las economías menos desarrolladas, las cuales tienen menos capacidad para hacer aportaciones y son más vulnerables al clima.
La dinámica de la justicia climática fue particularmente visible en el contexto de la Cumbre del G7 del pasado mes de junio, donde los siete países miembros, responsables de casi una cuarta parte de las emisiones mundiales, se reunieron para debatir sobre posibles enfoques económicos colaborativos y sostenibles para avanzar hacia el futuro. Según un informe del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible publicado en junio, Estados Unidos, Japón y China aportaron el 48% de la financiación de proyectos de gas en el Sur Global entre 2017 y 2019.
A nivel mundial, los grupos sociales más vulnerables a los efectos del cambio climático, como las mujeres y los pueblos indígenas, deben ser también tenidos en cuenta a la hora de diseñar soluciones que prioricen sus derechos y su participación activa en los procesos de transición. Aunque la justicia climática se plantea a menudo en términos de países con mayores y menores emisiones, es importante señalar que las disparidades internas a nivel nacional son a veces tan pronunciadas como las disparidades entre países en términos de vulnerabilidad frente a un clima cambiante, así como de responsabilidad por las emisiones de ese país. En este contexto, resulta particularmente oportuna la creación de la Alianza Mundial, una iniciativa translocal que unifica a las comunidades más allá de las fronteras nacionales y que contribuye a la formación de un movimiento de descarbonización interseccional.
El impacto agravado del Covid-19 en la crisis climática
La pandemia ha generado una oportunidad de cambio transformador a una escala sin precedentes, poniendo de relieve la necesidad de una transición justa hacia una economía y una sociedad global más sostenibles y equitativas. Al tiempo que ha traído una época de incertidumbre y agitación sin precedentes para el mundo entero, ha puesto de manifiesto y agudizado muchas desigualdades ya existentes.
El vínculo entre el cambio climático y la salud humana es ahora más claro que nunca. Los habitantes de los países en desarrollo están más expuestos a los peligros y a los riesgos para la salud provocados por los desastres naturales y los fenómenos meteorológicos extremos, y suelen estar afectados por niveles más altos de contaminación atmosférica y por la falta de agua potable. La Organización Mundial de la Salud calcula que, entre 2030 y 2050, el cambio climático provocará 250.000 muertes adicionales debidas solamente a la malnutrición, la malaria, la diarrea y el estrés térmico. A esto se suma el hecho de que, en las zonas más vulnerables al clima, el acceso a la asistencia sanitaria y al tratamiento médico suele ser más escaso.
En un momento en que los países en Asia tratan de recuperarse del impacto de la pandemia, las débiles estructuras de gobierno y la falta de infraestructura adecuada agravan aún más la crisis, al tiempo que algunas de las principales instituciones financieras asiáticas siguen impulsando el desarrollo de combustibles fósiles. Por su parte, los gobiernos regionales se están quedando atrás en sus compromisos de alcanzar las emisiones netas cero, manteniendo sus planes de desarrollo de altas emisiones — en particular aquellos basados en el gas fósil — mediante paquetes de estímulo encubiertos bajo el pretexto de la recuperación de la Covid-19.
El Rastreador de Recuperación Sostenible, una herramienta puntera lanzada esta semana por la AIE, revela que los gobiernos de todo el mundo han gastado un total de 16 billones de dólares para reconstruir sus economías como respuesta a la pandemia y a sus secuelas económicas. Sin embargo, solo un 2% de esta cifra sin precedentes se ha destinado a las energías limpias. El Director Ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, declaró que “la inversión en energías limpias no solo está aún lejos de lo necesario para que el mundo alcance las emisiones netas cero a mediados de siglo, sino que ni siquiera es suficiente para evitar que las emisiones globales alcancen un nuevo récord”.
Las organizaciones sin ánimo de lucro llevan haciendo campaña por una “recuperación justa” de la pandemia desde mayo del año pasado. En aquel momento, más de 500 organizaciones se unieron para exigir una respuesta a la crisis que ponga la salud humana en el centro, garantice que la ayuda económica llegue directamente a las personas, asegure que los planes de estímulo generen resiliencia ante futuras crisis — incluido el cambio climático — y proteja la democracia para construir una sociedad civil más solidaria.
Haciéndose eco de estos principios, la Alianza para un GGND reúne a políticos de 21 países de todo el mundo que sostienen que la única manera de afrontar eficazmente la crisis climática es mediante un enfoque coordinado y cooperativo que apueste por paquetes de políticas justas y equitativas en un momento en que los países están planificando sus trayectorias económicas post-pandémicas. Mientras los miembros de la Alianza trabajan en sus ámbitos nacionales para impulsar políticas que contribuyan a atajar la “doble crisis” del Covid y el clima, la coalición pretende recabar el apoyo mundial requerido para lograr la necesaria transformación sistémica y “construir un nuevo internacionalismo basado en la cooperación y la colaboración”.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ya había señalado que los paquetes de recuperación ante la COVID suponen una oportunidad para emprender políticas más respetuosas con el clima. Mientras los líderes mundiales esperan que la próxima cumbre COP26 sobre el clima, que se celebrará en Glasgow en noviembre, impulse la colaboración mundial en materia de vacunas y de reestructuración de la deuda de las economías en desarrollo, la Alianza por un Nuevo Pacto Verde Global está pidiendo que se tomen medidas audaces desde ahora mismo. En las palabras de la diputada británica Caroline Lucas, miembro fundador de la Alianza, “este es el ‘cohete a la luna’ de nuestros tiempos, pero esta vez se trata de hacer una vida mejor aquí en la tierra y la única manera de hacerlo es trabajando juntos como nunca antes”.