En horas de la madrugada de este martes (19) la policía realizó un desalojo violento en el Lof Fvta Xayen (Paraje Tratayen), a 80 km de la ciudad de Neuquén, en la zona conocida como Vaca Muerta, una de las mayore reservas de gas de esquisto del mundo, localizada en la Patagonia argentina. Más de 60 camionetas y trafics de la UESPO (Unidad Especial de la Policía) entraron violentamente destruyendo la tranquera y deteniendo a autoridades Mapuche, entre ellos al werken (vocero) de la comunidad, Diego Rosales, y a dos jóvenes del Lof.
La comunidad Mapuche reivindica la propiedad de esas tierras y, junto a los agricultores de la zona, también se opone a la explotación del gas por la técnica de la fractura hidráulica – o fracking -, que colinda con las plantaciones de manzanas y peras, principales productos de la región. Ellos critican la falta de atención de las autoridades con la contaminación del agua que irriga el suelo y con la creciente especulación de los terrenos.
“Una vez más el gobierno y la Justicia de Neuquén intentan resolver mediante la violencia un conflicto que es netamente político territorial. Nuestras demandas son claras y las venimos sosteniendo hace décadas frente a un gobierno que no quiere cumplir las leyes, solo se preocupa de beneficiar a las multinacionales, y garantizar los negocios de las familias que ocupan el gobierno, tal es el caso de los Ferracioli”, señalan los referentes de la comunidad Mapuche. Las comunidades también denuncian la intención de la policía de plantar falsas “pruebas” contra los Mapuche, como armas y drogas, para el fin de criminalizar los indígenas.
“Hay un intento de montaje para vincular la lucha pacífica de los Mapuche con métodos violentos. Esta estrategia la viene ensayando el Gobierno Nacional y provincial, a través de los medios masivos de comunicación. No caeremos en esa provocación y seguiremos sosteniendo las prácticas que han permitido defender nuestros derechos sin violentar a nadie. Hemos soportado desde años pero sobre todo en estos últimos meses la campaña de racismo institucional que busca legitimar la represión que hoy está ocurriendo. Vivimos asediados por la policía y la gendarmería”, agregan los referentes.
Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, declaró que la comunidad Mapuche buscó amparo en la Justicia seguidas veces, pero nunca encontró respuesta. “Hace décadas que venimos denunciando situaciones de contaminación grave, situaciones de atropellos territoriales, pero parece que es más fuerte toda esta ilusión que nos venden, toda esta mentira mediática que nos hacen creer que la Industria va a traer la felicidad, y sin embargo para las comunidades Mapuche ha traído contaminación, ha traído destrucción territorial, ha traído procesamientos.”
Según Nahuel, este bienestar sólo existe para los mismos sectores de siempre, que manejan la tecnología y la industria que tiene ganancias millonarias, con toda una serie de ventajas impositivas. “Pero para el conjunto de la población la situación socioeconómica es cada vez más alarmante, la situación de desocupación y de ajuste cada vez peor. Y todavía nos siguen vendiendo el discurso de que tenemos que apostar a la felicidad que nos trae este modelo, pero la verdad es que es una verdadera burla para la situación de pobreza y de amenaza en que viven las comunidades Mapuche. Y ellos creen que generando una situación de violencia y desalojo esa realidad va a cambiar y eso es absurdo”, dijo.
Para Nicole Figueiredo de Oliveira, directora de 350.org Brasil y América Latina, organización que apoya a los movimientos locales, a los indígenas y a los grupos políticos en la lucha contra el fracking, este ataque refuerza el poder de la industria petrolera y la permisividad de las autoridades.
“Es muy preocupante que esas empresas sigan tomando cuenta del territorio y continúen sus actividades exploratorias sin el consentimiento previo e informado de las comunidades locales. Ellos dependen directamente de los recursos naturales existentes en sus territorios, y por eso los protegen. Su voz necesita ser escuchada. Vemos esto suceder con líderes que defienden el medio ambiente en diversas partes del mundo. Conceder nuevas licencias para la explotación de petróleo y gas sin la participación de las comunidades locales sólo atrae más violencia, poniéndolos en riesgo constante”, afirmó Nicole.
El coordinador de campañas climáticas de 350.org Argentina, Juan Pablo Olsson, refuerza que la Justicia no puede actuar garantizando impunidad para la industria petrolera, en favor del saqueo y la contaminación de los territorios tradicionales. “Detrás de estos episodios violentos de represión y desalojo de las familias Mapuche se esconde una profunda discusión sobre una política que tiende a la criminalización de la protesta social, sobre todo de los movimientos ambientales y de las comunidades que luchan por sus derechos y sus territorios”, resaltó.
Para Olsson, “hay un modelo político que pretende garantizar los intereses de las corporaciones para que puedan extraer de la Argentina y América Latina recursos estratégicos con un alto costo social y ambiental para las poblaciones y los territorios, cómo es el caso de las petroleras. Hay también un conflicto alrededor de las tierras y por eso creemos que es imprescindible la prórroga de la Ley 26.160, en defensa de las tierras indígenas. Dicha Ley vence el 23 de noviembre y refiere a la emergencia de la propiedad comunitaria indígena, que frena los desalojos de las tierras en disputa.”
Desde la comunidad, se concluye que “esta campaña busca limpiar la tierra de Mapuche y de todo aquel que valore la vida para garantizar el negocio de las Petroleras, que solo ha generado muerte, contaminación y saqueo. La solución a este conflicto es dialogando políticamente y asumiendo que es ilegal la manera en que instalan el extractivismo en nuestros territorios. Es urgente y necesario que los derechos que se han logrado con nuestra lucha se conviertan en realidad. ¡Marici wew! ¡Diez veces venceremos!”