Por Rocío Rodríguez Almaraz
Un grupo de organizaciones y ciudadanos latinoamericanos preocupados por la falta de respeto hacia los derechos de los grupos e individuos que se manifiestan contra el fracking en Colombia, se unieron en una carta en solidaridad hacia los activistas de Aguawil en Puerto Wilches, nucleados en la red Alianza Colombia Libre de Fracking, quienes han recibido reiteradas amenazas por cuestionar un modelo de desarrollo que pone en riesgo la supervivencia del hábitat y la sostenibilidad de cualquier otra actividad productiva en la región.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Ecopetrol habían firmado un contrato el pasado 24 de diciembre para desarrollar el proyecto en el valle del Magdalena Medio. Sin embargo, el proyecto no cuenta con la licencia social para ser realizado, lo que generó una serie de manifestaciones en contra del fracking. Y amenazas contra los activistas.
“Necesitamos estar unidos en esta lucha. El derecho a la vida y a la seguridad son derechos universales que deben ser garantizados para los vecinos de Puerto Wilches. No podemos dejar que sigan poniendo en riesgo su integridad ni la sostenibilidad de su hábitat”, dijo Ignacio Zavaleta, Responsable de Campañas de 350.org en Argentina.
Esta carta adhiere al pedido de los congresistas de Colombia, quienes en el febrero pasado, exigieron justicia para los activistas involucrados mediante una nota a Ivan Duque, el presidente de la nación:
No podemos seguir siendo el país con el mayor número líderes sociales y ambientales asesinados en el mundo. No podemos permitir que la violencia promovida por los poderes económicos le robe el derecho a la vida a quienes la defienden. @IvanDuque ¡Actúe YA! #SOSPuertoWilches pic.twitter.com/MWhm36wjvJ
— Juan Carlos Losada ॐ (@JuanKarloslos) February 16, 2021
Según un informe de Global Witness, Colombia es el país que lidera el ranking de mayores asesinatos de defensores ambientales en el mundo.
Aquí la carta completa:
Adhesión a la carta de los congresistas de Colombia
Ante la alteración del orden público y los hechos de violaciones a los Derechos Humanos en la región del Magdalena Medio, siendo recurrentes los atentados, amenazas e intimidaciones y las masacres contra líderes sociales y defensores de la naturaleza en Colombia, que entre 2020 y hasta febrero de 2021 sumaron un total de 440 muertes en hechos ocurridos en asesinatos colectivos según referencias de INDEPAZ, nos solidarizamos y reclamamos, en vísperas de la puesta en vigor del Acuerdo de Escazú, la intervención de los Organismos de Derechos Humanos.
El avance en la implementación del uso de la fractura hidráulica, la técnica conocida como fracking, está aumentando las presiones sobre los integrantes de las organizaciones de campesinos y defensores del hábitat articuladas en la Alianza Colombia Libre de Fracking, que se resisten a permitir que se destruya su naturaleza.
Tanto América Latina como el Caribe poseen una biodiversidad única, vasta e irremplazable. Sin embargo, esta riqueza ha expuesto a nuestros países a la sobreexplotación, a la contaminación y a los efectos de la crisis climática.
Este saqueo debe encontrar su límite hoy mismo, allí donde comienzan los derechos de nuestras poblaciones. Justamente es el caso de Magdalena Medio: un grupo de ciudadanos jóvenes, estudiantes y personas trabajadoras, comunidades ribereñas, campesinos y habitantes rurales, decididos a organizarse para sentar su voz de rechazo ante las nuevas promesas de desarrollo, que implican el sacrificio de su territorio por poderosas empresas petroleras como Ecopetrol, Drummond, Tecpetrol, ConocoPhillips y ExxonMobil, con intereses económicos multimillonarios de por medio.
En adhesión a la carta firmada por 34 congresistas en Bogotá en febrero de 2021, suscribimos a los términos que buscan garantizar el derecho a la vida, la seguridad y la integridad personal de quienes cuestionan un modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos limitados.
Consecuentemente, suscribimos a la solicitud de los treinta y cuatro congresistas, en tanto:
- Se proteja efectivamente la vida, seguridad e integridad de las personas pertenecientes a las organizaciones ambientales, sociales y defensoras de los derechos humanos del Magdalena Medio que manifiestan su oposición al fracking y la profundización del extractivismo petrolero en la región, especialmente en el caso de los manifestantes menores de edad.
- Se exija a la Fiscalía General de la Nación la priorización para investigar a los autores intelectuales y materiales de las amenazas, el esclarecimiento de los hechos y la judicialización efectiva de los responsables.
- Se protejan efectivamente el derecho a la movilización pacífica de los integrantes de Aguawil y de cualquier otra organización social o persona que viva en Puerto Wilches y el Magdalena Medio, y manifieste su oposición a los proyectos piloto de fracking Kalé y Platero, a fin de que se garantice un entorno seguro para el libre ejercicio de su labor.
- Se exija a Ecopetrol, en su calidad de operadora del proyecto piloto en Puerto Wilches, garantizar el respeto de los derechos humanos en todas las etapas de implementación de dichos proyectos, en aplicación coherente y eficaz de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU) de 2011, que como empresa mayoritariamente estatal le corresponde.
Las comunidades no deben estar excluidas de las decisiones políticas que afectan su integridad personal y la sostenibilidad del ambiente que habitan.
Por ello, los exhortamos a asegurar el respaldo necesario a quienes luchan por la protección de su tierra y su agua.
Organizaciones firmantes
350.org Argentina
350.org América Latina
Fundación CAUCE: Cultura Ambiental, Causa Ecologista – Argentina
Reacción Climática – Bolivia
Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC)
Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, República Dominicana.
FUDEM – Fundación para el Desarrollo Estratégico de Mendoza – Argentina
Leave it in the Ground Initiative (LINGO) – México/Alemania
CTA – Central de Trabajadores de Argentina
Fundación Barranquilla+20 – Colombia
Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú – El Salvador
Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC) – Perú
Miembros de la sociedad civil
Ignacio Alberto Zavaleta – Coordinador de Legisladores x el Ambiente
Carmen Capriles – Bolivia
Aroa de la Fuente López – Coordinadora de Estrategias y Fortalecimiento Institucional, GFLAC – México
Rubens Harry Born, ingeniero y abogado, con experiencia en medio ambiente, políticas públicas y derechos humanos, São Paulo, Brasil
Tomás Severino, Cultura Ecológica, México
Dina Argueta – Diputada de la Asamblea Legislativa – El Salvador
Jorge Andrés Difonso – Diputado Provincial – Mendoza – Argentina
José Luis Bonomi – FUDEM – Argentina
César Artiga, Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú – El Salvador
Pablo Micheli – Secretario General de la CTA – Argentina
Xiomara Acevedo, Directora Barranquilla+20 – Colombia
Patricia Madrigal Cordero, Abogada Especialista en Derechos Humanos y Ambiente, Viceministra de Ambiente 2014-2018, Costa Rica
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Rocío Rodríguez Almaraz es colaboradora de 350.org en América Latina.
Créditos de la imagen: Esperanza Proxima – Flickr