¿Cómo es que surge la Ley 7722 de Mendoza?
Por el año 2007 tiene tratamiento legislativo una iniciativa que había generado mucha preocupación en las zonas productivas de Mendoza, especialmente en los valles. Habíamos empezado a ver mucho movimiento de empresas nuevas estudiando la parte montañosa del oeste mendocino.
Cuando la población se comenzó a informar respecto de lo que implicaba este tipo de desarrollos, que eran de minería metalífera, surgió la preocupación de la utilización del cianuro, el mercurio, el ácido sulfúrico y demás químicos de la industria. Más teniendo en cuenta que el proyecto se desarrollaría en alturas superiores a los 2.000 metros en plena pre cordillera o en plena cordillera, que son las nacientes de los ríos y los glaciares. En nuestra provincia se obtiene el agua, tanto potable como para la actividad agropecuaria, del deshielo de la montaña, no es como en el caso de la Pampa Húmeda que proviene de la lluvia. Para nosotros el cuidado de la cantidad y calidad de este agua que emana de los glaciares es fundamental.
De estas movilizaciones se configura una ley, que toma de base la de Chubut en donde se prohíbe la utilización del cianuro en este tipo de minería, pero agregando algunos otros químicos y mezclas de químicos. La 7722 establece una prohibición particular al cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, y una prohibición genérica para la mezcla de distintas sustancias químicas utilizadas en la minería. Fue de esta manera gracias al aporte que recibimos de la universidad y de distintos especialistas.
Así es como la Ley 7722 surge con amplio aval de las asambleas, de las organizaciones de productores. Una ley que se coloca a la vanguardia del cuidado del ambiente. Mendoza pasó a ser en ese momento “la otra cara de la moneda” respecto a San Juan, que era el emblema de la megaminería de la Argentina, con la Barrick Gold operando, con un gobierno como el de (Jorge Luis) Gioja y de (Sergio) Uñac después, fomentando este desarrollo. En ese contexto Mendoza presenta esta ley que pone como eje central la defensa del agua.
Al otro día de sancionar esta ley, más de 10 empresas multinacionales plantearon recursos de inconstitucionalidad de la ley ante la Suprema Corte de Mendoza. En este punto la corte se tomó su tiempo, y después de 8 años, en forma plenaria, es decir, todos los miembros que integran la corte y en un fallo unánime, declaró la plena vigencia y la constitucionalidad absoluta de la Ley 7722. Es decir, que en materia judicial se ratifica lo que habíamos decidido en materia legislativa.
Cuando ocurre esto, el lobby minero, que siempre tiene alguna u otra forma de llegar a las autoridades actuales (en ese momento a las que estaban vigentes), comienza a desarrollar distintos escenarios para bajar la ley. Es decir: lo que no se pudo hacer en el plano judicial, intentaron hacerlo en el plano legislativo, modificando la ley. Hecho que se logra, por parte del gobierno actual, en diciembre de 2019, en donde se da un acuerdo entre el radicalismo y el peronismo y se aprueba una reforma a la Ley 7722.
En ese momento yo ya había ejercido mi cargo de intendente en el Departamento de San Carlos y había vuelto a la legislatura como Diputado Provincial, el que es mi cargo actual. Se votó la reforma, logró la mayoría necesaria y otra vez surgió una cuestión fundamental, que es el hecho sociológico que genera la provincia de Mendoza, que es la participación ciudadana. Los reclamos ya no fueron sólo en San Carlos, en Tunuyán, en el Valle de Uco o en General Alvear, fue en toda la provincia. Fue realmente una manifestación popular muy fuerte y, tal es así que, en pocos días más, el recientemente asumido Gobernador (Rodolfo) Suárez, quien es el actual gobernador de Mendoza, tuvo que enviar un proyecto de derogación de la nueva ley para restituir la plena vigencia de la 7722. Es decir, se le dio un tratamiento en la legislatura rápidamente, y hoy está plenamente vigente la Ley 7722.
En resumen: primero se intentó derogar la ley por la vía judicial, después se intentó derogar la ley por una reforma legislativa. Y ahora, después de un año, comenzamos a observar algunas manifestaciones de intendentes que solicitan una especie de desmembramiento de la ley, para que se actúe por zonas. Como no pudieron bajarla y sigue vigente en la provincia de Mendoza, estos intendentes buscan el permiso para hacer minería en sus distritos y utilizar cianuro en sus distritos. Todavía es muy incipiente, recién se está empezando a instalar ese tema por parte de algunos actores (intendentes, empresarios) generando ese debate para instalarlo nuevamente en la opinión pública, lo que nos llena de preocupación porque el desmembramiento de la ley, si surge en varios distritos con resultado positivo, complica la situación porque son pocos los municipios de Mendoza que dan a la cordillera. Si los van exceptuando por zona podemos, por decantación, quedarnos sin la ley.
Por eso tratamos de instalar lo importante que es la defensa de la 7722. Y aquí es donde estamos hoy, continuando la lucha por el agua.
Una ley provincial, como una ley nacional, ¿pueden tener excepciones como las que se están planteando de derogación parcial?
Yo considero que no, y en caso que surja una excepción de este tipo, indudablemente va a ser atacada por inconstitucional por distintos sectores. Sería una aberración legal y jurídica. No obstante, están apuntando justamente a eso y para ello nos debemos preparar: primero, para dar la discusión legislativa y, en el caso de que obtengan los números por segunda vez, evaluar un planteo constitucional de la reforma.
Más allá del marco político y legal, en un tema con tantos intereses en juego, ¿se han encontrado con otras trabas al defender esta ley?
Por ejemplo, cuando la ley estaba siendo tratada en la legislatura, las asambleas detectaron gente infiltrada con remeras con mi nombre. Fue muy burdo, muy bajo. Estamos expuestos a estas situaciones que buscan bajar nuestros reclamos. Lamentablemente siempre en estos casos nos topamos con infiltrados.
En este último tiempo nos han acusado de recibir financiamiento internacional sólo para tratar de descalificar manifestaciones genuinas del pueblo mendocino. Todas las protestas se han desarrollado con un gran esfuerzo, un gran voluntarismo, nunca fue necesario un financiamiento.
¿Qué herramientas han sido las más importantes en esta lucha?
El principio de no regresividad y de progresividad, es clave para esas legislaciones que buscan cuidar al ambiente. Es una defensa fundamental de la Ley General del Ambiente para los reclamos ciudadanos.
Pero también, y ante todo, el apoyo y el compromiso de los mendocinos.
¿Por qué creés que este tema se convirtió en un hito en Mendoza, a diferencia de lo que sucedió en otras provincias?
Yo creo que el caso de la 7722 es digno de un análisis sociológico. Mendoza tiene una conciencia del agua que quizás no existe en el resto de las provincias. Es una zona de sequías que atraviesa una muy fuerte desde hace más de 10 años, y en un escenario de poca agua, es lógico que el debate por el agua se instale de una forma seria. Hay conciencia por el agua no sólo por la megaminería, sino también por el cuidado domiciliario, porque en el verano tenemos faltante y se complican todos los procesos previos para llevar el agua hacia las casas. A eso sumemos que no existe la misma disponibilidad que en otros años.
Creo que por eso cala hondo en la preocupación de todos los mendocinos. Nos impulsó a desarrollar una política de estado en relación al cuidado del agua. Si bien tiene sus costos y sus problemas, porque hay que encontrar un equilibrio entre el cuidado del ambiente y el desarrollo económico, ese desarrollo debe ser sustentable, ir alineado con la naturaleza.
El agua es una fuente de preocupación legítima que llevó a los mendocinos a expresarse en las calles. Por lo que entiendo, fue la mayor movilización ambiental de la historia argentina. El gobierno debe estar atento a estos pedidos de la ciudadanía y no atropellar sus demandas por una necesidad de caja.
Entonces ¿qué es a lo que tanto le temen los mendocinos con respecto al agua?
En el 2007, cuando empezamos con esto, nos remitíamos a ejemplos y accidentes de minería que había en otros países como Brasil, Perú, Canadá, algunos países del África. Pero en el último tiempo tuvimos un ejemplo muy cercano en Jáchal, en San Juan, que complicó la calidad del agua, y los medios por los cuales se enteró la ciudadanía fueron extraoficiales. Hubo una sensación de ocultamiento y esto realmente nos preocupó en Mendoza. Sin la 7722 estamos seguros que nos hubiera pasado lo mismo.
Después de un año de la mayor movilización ambiental de la Argentina, el pueblo mendocino continúa en estado de alerta. Si bien la Ley 7722 sigue vigente, todavía hay presiones que buscan modificar su contenido para dar luz verde al avance de la megaminería. En un contexto de crisis mundial en donde el agua comienza a cotizar en bolsa, cualquier proyecto legislativo que ponga en riesgo un recurso vital debería desestimarse, sea megaminería o sea fracking. Por eso, una vez más, decimos: #LaLey7722NoSeToca
##
Rocío Rodríguez Almaraz – 350.org Argentina
Crédito de la imagen: AnRed – Agencia de Noticias RedAcción