De la izquierda a la derecha, Adriana Conti, Ana Rohaut, Oscar Villanoba, Lita Urdapilleta y Juan Pablo Olsson.

El jueves 19 de Abril integrantes de la Asociación Civil Ambientalista de Salto (ACAS), la Asamblea Ciudadana de Concordia y 350.org América Latina fuimos recibidos en la Embajada de Australia en Argentina, que también lo es para Uruguay y Paraguay, para debatir la exploración de combustibles fósiles en la región del Acuífero Guaraní por la empresa de esa nacionalidad, Petrel Energy.

Concretamos en esta instancia un deseo y una necesidad que desde hace un tiempo nos apremia. Nos referimos a las actividades hidrocarburíferas en el territorio de la República Oriental del Uruguay (ROU) que desde hace más de un año observamos, reportamos y denunciamos. Sean exploratorias, convencionales o no convencionales, las perforaciones arriesgan la formación del Acuífero Guaraní y ponen en serio peligro la Represa de Salto Grande, siendo muy difícil y de lento proceso el control de la contaminación del acuífero como se lee en el documento específico Determinación de Perímetros de Protección de Pozos y Vulnerabilidad y Riesgo de Contaminación de Acuíferos (2009).

Nuestra comunicación con la Embajada comenzó con la presentación de una primera nota firmada por numerosas agrupaciones regionales donde argumentamos los motivos de nuestra oposición. Oposición que sostenemos en una estructura jurídica en el orden local, departamental, provincial nacional e internacional. El devenir de los acontecimientos no ha hecho más que confirmar que nuestros temores no eran infundados.

En un clima de respeto y por momentos con muestras de cordialidad de parte del diplomático, agradecimos al Señor Peter Rennert, Primer Secretario y Vice jefe de Misión de la Embajada, su propuesta de “escuchar nuestras inquietudes”. Recordamos al Señor Rennet,  reiteradamente, que es una contradicción que su país “proteja” en su territorio el ambiente – han legislado para ello – y no controle con efectividad las actividades empresariales en el exterior, más aún cuando orgullosamente destacara que los inversores connacionales son elegidos porque Australia posee leyes extraterritoriales que controlan y condenan (o reprueban) cualquier hecho de corrupción por parte de las empresas.

Coincidió nuestra visita con el momento de mayor debilidad de la empresa ya que PETREL HA DEBIDO SUSPENDER ¿Momentáneamente? POR FALTA DE FONDOS los trabajos en el Uruguay, y fue también llamativamente coincidente esta circunstancia con el momento en que se cursó la invitación.

Actualmente la repercusión del accionar de las asambleas, movimientos y organizaciones – que ya constituimos un movimiento regional – ha llegado al Tribunal Australiano que denuncia el impacto de las actividades contaminantes de la Empresa en desmedro de los DERECHOS HUMANOS, hace referencia también a la escasa seriedad y responsabilidad de la mencionada Petrel, manifestada en otros emprendimientos en diferentes países, y destaca en su comunicación nuestra presentación efectuada en diciembre ante la Embajada.

La publicación del AUSTRALIAN TRIBUNAL into the HUMAN RIGHTS IMPACTS of UNCONVENTIONAL GAS (su nombre en inglés) instala la cuestión en la competencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, herramienta de Justicia alternativa a la que podemos acudir, más aún, contando con Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos  de la ONU.

Efectivamente en Diciembre de 2011, se aprobó en el marco de las Naciones Unidas esta Declaración de Principios para “proteger, respetar y remediar” el impacto de las actuaciones de las empresas transnacionales sobre los Derechos Humanos.

Emitimos este comunicado conjunto para mantenernos/los al tanto de los acontecimientos. Continuamos atentos y actuando, en comunicación.