Las élites políticas, las agencias gubernamentales corruptas y las corporaciones que no rinden cuentas no dudan en recurrir a las amenazas o a la violencia para proteger sus capitales y su poder. Ya sea en su defensa de tierras y bosques tribales frente a la expropiación por parte de corporaciones dedicadas a la minería o la fractura hidráulica, o bien ejerciendo un activismo urbano que desafía el poder de la industria de los combustibles fósiles, los activistas climáticos y medioambientales se enfrentan a unos niveles sin precedentes de violencia y de amenazas dirigidos contra ellos por parte de estos intereses particulares.
Sin embargo, en este contexto de confrontación, se vislumbra cierta esperanza en forma de un tratado que merece la pena conocer: el Acuerdo de Escazú.
El Acuerdo de Escazú es un innovador acuerdo multilateral firmado a finales de septiembre por 16 países de América Latina y el Caribe, el cual podría, si se aplica eficazmente, constituir una herramienta crucial para la protección del clima y el medioambiente en los próximos años. Las sesiones de negociación de este acuerdo jurídicamente vinculante tuvieron lugar entre mayo de 2015 y marzo de 2018, y en ellas participaron 24 de los 33 países de la región.
El Acuerdo de Escazú obliga a los Estados a proteger a las personas y a los grupos que defienden el medioambiente. Esto significa que todo el mundo podrá:
- Tener acceso a información sobre el estado del medioambiente y sobre el impacto que un proyecto particular pueda tener sobre el mismo
- Ser consultado y participar en las decisiones que puedan afectar a nuestro medioambiente
- Solicitar una reparación en los tribunales si nuestro medioambiente se ve afectado negativamente o si no se tienen en cuenta nuestras opiniones.
Estos puntos suponen enormes logros para las comunidades y para el medioambiente en una región que posee la tasa más alta de asesinatos y amenazas hacia los defensores medioambientales.
Firmado por Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Bolivia y Uruguay, el Acuerdo abre nuevos caminos, ya que constituye:
- El primer acuerdo multilateral que incluye un reconocimiento específico de los derechos de los Defensores Medioambientales, así como una serie de compromisos para su protección
- El primer tratado en materia de medioambiente para la región de América Latina y el Caribe
- El primer tratado surgido a partir del proceso Río+20
- Aparte del Convenio europeo de Aarhus, constituye el único tratado regional en materia de democracia ambiental.
El acuerdo no fue desarrollado únicamente por los gobiernos, sino que fue el resultado de años de trabajo por parte de la sociedad civil y de grupos comunitarios. Hablé con Rubens Born, quien ha estado trabajando en la protección de los defensores ambientales durante más de 20 años en toda América Latina, y está ahora trabajando con 350.org en la región. Él participó en el desarrollo del Acuerdo de Escazú como representante de la sociedad civil.
El proceso
Fue un proceso único, muy distinto a otros acuerdos. En muchas reuniones de alto nivel como ésta, las organizaciones de la sociedad civil pueden a veces realizar una intervención de 2 o 3 minutos al final de la jornada. Pero en este caso, para Escazú, nuestros representantes pudieron sentarse a la misma mesa donde estaban los diplomáticos. Si al menos uno de los países apoyaba nuestra propuesta, ésta se incorporaba al texto preliminar. Es justamente así como el artículo sobre los Defensores Medioambientales terminó en el acuerdo.
El acuerdo es muy esperanzador y parece sólido sobre el papel, pero llega en un momento desastroso; hay que preguntarse hasta qué punto será eficaz. Le pregunté a Rubens sobre lo que se necesita para una implementación efectiva:
La implementación es clave
Tenemos que estudiar las oportunidades que nos brinda Escazú con el fin de identificar las etapas de implementación en cada uno de los países firmantes, y de este modo convertir el lenguaje genérico del acuerdo, típico de la ONU, en políticas específicas a nivel nacional. Tenemos que asegurarnos de que exista la capacidad para hacer cumplir esas políticas y de que las garantías de protección de los defensores medioambientales se lleven a cabo en la práctica. Eso supone un enorme reto. Tenemos que presionar para lograr interpretaciones nacionales del acuerdo que reconozcan que no sólo estamos protegiendo a los seres humanos, sino también a los bosques, los animales, las vías fluviales, el clima y la tierra.
El Acuerdo de Escazú es importante no solo para los países de América Latina y el Caribe; en estos tiempos marcados por el creciente autoritarismo, la reducción del espacio para la participación cívica y el desprecio por los derechos humanos y ambientales, el Acuerdo puede constituir un modelo para que todos nosotros lo apoyemos y aprendamos de él. Ese apoyo puede traducirse en solidaridad a la hora de pedir una aplicación a nivel nacional, y el aprendizaje puede inspirar una nueva ola de protección para los defensores medioambientales en otras partes del mundo. Con una ventana de tiempo increíblemente estrecha para limitar la catástrofe del cambio climático, necesitamos que muchas más personas se alcen para proteger nuestro medioambiente y nuestro clima frente a la extracción de combustibles fósiles — y tenemos que cuidarnos los unos a los otros mientras llevamos a cabo esta tarea.
Más información:
El texto del Acuerdo de Escazú está disponible en inglés, francés, español y portugués en https://www.cepal.org/en/escazuagreement
Texto completo en inglés – aquí: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43583/1/S1800428_en.pdf
Un centro de información para la participación y la justicia en materia ambiental en América Latina y el Caribe : https://www.cepal.org/en/publications/43302-access-information-participation-and-justice-environmental-matters-latin-america