Por Ignacio Zavaleta
Actualmente se está tratando en el Congreso la Ley de Aporte Solidario, un aporte único de las grandes riquezas que busca dar un impulso a las economías más golpeadas por la crisis, pero que también pretende inyectar miles de millones de pesos al fracking en Vaca Muerta, una actividad que resulta insostenible sin la ayuda estatal. La propuesta ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y está a la espera de su tratamiento en el Senado. ¿Por qué este proyecto pone en riesgo la soberanía económica y energética del país? Para entenderlo, es necesario hacer un poco de memoria sobre lo que sucedió con la petrolera insignia de la Argentina en los últimos 30 años.
Previo al menemismo, YPF era estatal. Y superavitaria. Sin embargo, en los años 90 casi el 100% de sus acciones se vendieron a Repsol, no a partir de una puja de intereses donde ganaría el mejor postor, sino como resultado de un arreglo cuestionable entre dos líderes políticos del más alto nivel: el presidente Carlos Menem y el Rey Juan Carlos de España. A la par, sucedería la venta de Aerolíneas Argentinas a Iberia, quién compraría a la empresa nacional hipotecando sus propios aviones (los de Aerolíneas). Pero esa ya es otra historia. El punto es que el ex presidente actuó como entregador de las empresas estatales que le daban la soberanía a nuestro país. De un momento a otro y sin darnos cuenta, volvimos a la época de la Colonia.
En manos de Repsol, que se había endeudado fuertemente por causa de la compra, YPF fue saqueada por completo. La empresa española extraía el petróleo y giraba los dividendos a sus accionistas y a sí misma, es decir: el dinero se iba y no volvía en forma de nuevas inversiones. Es sabido que para obtener petróleo primero hay que explorar nuevos bloques para detectar dónde es posible explotar, y eso implica inyectar grandes sumas en una actividad de mucho riesgo. Es decir, que en los planes de Repsol no estaba la idea de depositar más dinero en la Argentina, ni aunque hubiera verdadero potencial para la extracción. El petróleo es negocio sólo cuando son otros (el Estado) los que invierten en la exploración y la infraestructura.
Argentina tuvo que empezar a importar combustible y a valores insostenibles. Por eso en 2012, con una YPF arrasada, el Estado argentino durante el gobierno de Cristina Kirchner decidió confiscar la parte mayoritaria de Repsol. El discurso en aquel momento fue: ¿para qué importar gas si tenemos combustibles fósiles de sobra? Pero, si YPF no tenía los medios para extraerlos, ¿qué implicaba quedarse con una petrolera desfinanciada y, lo más importante, sin petróleo?
El acuerdo con Chevron, que durante mucho tiempo ni siquiera se hizo público, se desarrolló en un momento de vulnerabilidad extrema del Estado argentino. Como no tenía capacidad de inversión, la Argentina realizó una serie de concesiones con una empresa que sólo buscaba enviar divisas fuera del país y que para lograr su objetivo había impuesto sus propias reglas. Allí comienza la era del fracking en Vaca Muerta: una técnica para extraer combustibles fósiles que es altamente contaminante por los derrames, las emisiones de gases de efecto invernadero y los elementos radiactivos y metales pesados que suben a la superficie cuando se inyectan líquidos. La actividad no sólo inutiliza las fuentes de agua, degrada el hábitat y pone en riesgo las actividades productivas regionales, sino que, además, es sumamente cara. Los subsidios al fracking empezaron a ser moneda corriente, aún cuando el barril de petróleo llegaba a valer arriba de los 100 dólares.
Para empeorar las cosas, el gobierno argentino le pagó a Repsol la parte confiscada a un valor mayor a lo que luego cotizaría el total de la petrolera.
Entonces… ¿Qué tiene que ver todo esto con el impuesto a las grandes fortunas?
Una vez más, la Argentina se está quedando sin gas. Y el Estado necesita una inyección de dinero para cubrir sus requerimientos energéticos, en un país donde la falta de inversiones en infraestructura genera que muchos ciudadanos dependan del gas embotellado e incluso de la leña. La solución que ofrece el gobierno es un impuesto disfrazado de programa de recuperación post pandemia, cuya mayor porción, un 25%, será destinado para la “exploración y desarrollo de gas natural, a través de la empresa estatal Enarsa en acuerdo con YPF”.
La resolución 46 profundizó la fuga de capitales al pagar subsidios en dólares y a un valor de petróleo mucho mayor al del mercado. Ahora las mismas empresas beneficiadas por ese plan están negociando canjear las condiciones del año que resta de 6 dólares por millón de BTU de gas por otro que les asegura la demanda por 4 años a un valor de U$S 3,70 mayor al del mercado actual en el denominado “Plan Gas 4”.
La tendencia mundial es que cada vez haya menos demanda de energías no renovables. Y nosotros nos estamos comprometiendo a pagarles a las petroleras lo que no podrían conseguir en otro lado. Se habla también de la creación de un gasoducto multimillonario para exportar un gas que no se encuentra disponible siquiera para los argentinos, a menos que el Estado desembolse grandes sumas que irán a parar a las arcas de una industria contaminante.
Se estima que los subsidios al sector energético podrían alcanzar los 5.200 millones de dólares para fin de año, y que para producir gas durante el 2021 el Estado va a tener que desembolsar unos $78.000 millones de pesos. Hoy son los subsidios, mañana el impuesto a las grandes fortunas… ¿Hasta cuándo vamos a financiar el colonialismo energético? ¿Vamos a esperar a no tener de donde sacar para iniciar un nuevo camino que podamos sostener en el tiempo?
Luego de casi una década de la ilusión de Vaca Muerta, la Argentina podría abandonar su lugar de vulnerabilidad invirtiendo estos fondos en energías limpias, protegiendo sus recursos renovables y empoderando a sus ciudadanos a través de una industria que no sólo genera cada día más fuentes de trabajo, sino que tiene un gran potencial de crecimiento. La desesperación por conseguir divisas está haciendo que el país tome decisiones que generan cada vez más dependencia económica de la financiación externa, comprometen el futuro de nuestro hábitat y profundizan aún más la grieta entre las posibilidades del Norte y del Sur global.
Si el invierno pasado hubiera sido más largo, si el movimiento productivo no se hubiera frenado por la pandemia, es probable que la Argentina ya se hubiera quedado sin gas. Pero ¿qué pasará el próximo año o el otro si el Estado no tiene los medios para extraer los recursos por los que tanto se vanagloria? Nos hemos vuelto dependientes de una industria parasitaria, en un momento en el que los países primermundistas que tanto admiramos están virando sus inversiones hacia las energías limpias, desfinanciando la explotación del petróleo y prohibiendo el fracking, porque conocen el riesgo que implica la actividad para sus poblaciones y el ambiente. Pensar en una reconversión de YPF hacia una empresa sustentable y amigable con el hábitat sería verdaderamente tomar el toro (o la vaca) por las astas.
Vaca Muerta es un espejismo en un desierto de inversiones, donde los únicos que encuentran sustento son los buitres que nos quitan los pocos recursos que nos quedan. Llegó el momento de reconocer los errores e invertir en una recuperación justa y en un futuro energético sostenible para todos los argentinos.
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Ignacio Zavaleta es Responsable de Campañas para 350.org América Latina.
Edición: Rocío Rodríguez Almaraz
Crédito de la imagen: Viacheslav Bublyk de Unsplash