Muchos cambios se están produciendo en Colombia. Primero con el cese de acciones de las guerrillas colombianas, luego con la firma de acuerdos de paz y las políticas que intentan reparar uno de los conflictos armados más cruentos y duraderos en la región. Además, desde la llegada de Gustavo Petro y Francia Marquez al poder, el país se está convirtiendo en líder de la lucha contra el cambio climático y la transición energética justa en la región y el mundo. Sin embargo, no son muchos los desafíos y problemas sobre todo a nivel interno a resolver para que Colombia pueda realmente cumplir ese papel.
Tan solo en este año Colombia ha ratificado el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (conocido popularmente como Acuerdo de Escazú); y se ha unido al grupo de países de Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA), comprometidos con la eliminación gradual de la producción de combustibles fósiles y el fin de nuevas rondas de licencias para la producción de petróleo y gas. También Petro se ha convertido en la principal voz del movimiento que busca dejar bajo tierra los combustibles fósiles en el Amazonas.
Colombia es el tercer país de América Latina más avanzado en transición energética, según el Índice de Transición Energética (ETI) del Foro Económico Mundial. Su mayor fuente de energía actualmente es de origen hidroeléctrico. También se han instalado grandes proyectos solares en territorios como La Guajira. En materia de políticas de descarbonización cabe destacar la Ley Antifracking que sigue en proceso de debate legislativo.
Por supuesto, más allá de las intenciones y decisiones políticas aún son muchos y muy grandes los desafíos en el avance hacia la economía descarbonizada que pregona Petro. Por ejemplo, el pueblo Wayuu exige que se respete el consentimiento previo, libre e informado, dentro de proyectos eólicos como el Eirruku, del cual además se reclama la propiedad colectiva de las comunidades. Más de 13 proyectos de energía eólica figuran prescritos, por una falta de avance, o que se haya suspendido el desarrollo.
Esto demuestra la necesidad de que las nuevas ‘comunidades energéticas’ que promueve el gobierno basadas en fuentes renovables, sean “justas” y se priorice la autonomía y el consentimiento a las comunidades territoriales. No es suficiente con el cambio de fuentes de fósiles a renovables, el cambio debe incluir el modelo completo que genera la energía.
La economía colombiana sigue fuertemente atada a los combustibles fósiles, sobre todo del carbón cuyo precio se disparó desde el 2022 con la guerra de Rusia y Ucrania. En el Cerrejón, en el departamento de La Guajira, se encuentra la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina, en manos de la empresa suiza Glencore (la empresa extractiva de minerales y metales más grande del mundo).
En el departamento del César, pueblo indígena Yukpa, comunidades afro/colombianas, campesinos, sindicalistas, organizaciones locales e internacionales como 350.org hacen parte precisamente de la campaña Resist Glencore, para cerrar las minas, reparar los inmensos daños ambientales, sociales, y económicos, y buscar opciones basadas en las energías renovables que permitan a las comunidades locales autonomía y su propio desarrollo productivo sustentable.
Por último queremos remarcar un récord negativo que no deja de ser una de las mayores inquietudes en derechos humanos y ambientales, según el último informe de la organización Global Witness, Colombia lidera el ranking de países con mayor cantidad de asesinatos de Defensores Ambientales del mundo. Esta terrible tendencia se expande por América Latina, la región con mayores índices de riesgo y violencia para los defensores.
Para que Colombia se convierta realmente en líder de transición energética justa que tanto necesita el país y toda América Latina, es necesario que territorios como El Cesar y La Guajira puedan dejar atrás la extracción devastadora en manos de las mega corporaciones, y se apoye a las comunidades en su búsqueda de alternativas renovables y justas. También se deben dar las condiciones para que quienes lideran los cambios en los territorios no expongan a cada minuto su vida. Desde 350.org ese es nuestro compromiso y guía del trabajo que acabamos de comenzar con la llegada de nuestra representante e incansable activista, Helena Mullenbach.
“Colombia tiene la posibilidad de hacer historia, y realmente volverse una ‘potencia mundial de la vida’ como lo apuesta el nuevo gobierno de Petro y Francia Marquez. Por primera vez, el país es liderado por un gobierno progresista que le pone un rotundo ‘no’ a la nueva explotación de combustibles fósiles. Si en este cambio se pone al frente la autodeterminación de las comunidades territoriales, Colombia puede convertirse en un ejemplo mundial de una transición que garantice la dignidad, la justicia y la vida. En la campaña de Resist Glencore, trabajamos con las comunidades en el Cesar (donde es el primer piloto de la transición) para que el cierre de las minas de carbón se haga de manera justa, y que la transición energética ponga al frente las voces de las comunidades en los territorios” afirma Helena.