Por Ignacio Zavaleta
El 15 de julio pasado, el Departamento de Energía de la Nación canceló el proyecto que llevaría el gas producido en Vaca Muerta hasta Salliqueló y San Nicolás. La decisión se produjo después de algunos fracasos en las licitaciones del proyecto y de la suspensión debido a la pandemia por el COVID-19. Según la administración de Alberto Fernández, el proyecto fue dado de baja por supuestas anomalías.
“Cuando pedí los antecedentes me encontré con que faltaban estudios básicos de viabilidad, técnicas, económicas”, dijo Juan José Carbajales, subsecretario de Hidrocarburos de la Nación.
Sin embargo, la idea de un gasoducto no fue descartada, sino que ahora se encuentra en una etapa de “reelaboración”. El nuevo plan elaborado proyecta un primer tramo hacia San Jerónimo en la Provincia de Santa Fe, un segundo hasta Uruguayana en la frontera con Brasil y un tercero hacia Porto Alegre. Esta idea ya había sido sugerida en el foro económico de Davos por el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, donde contó con el guiño del ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes. Sin embargo, un estudio de la consultora Gas Energy subraya la inviabilidad de su construcción y alerta sobre varios puntos conflictivos: el riesgo de dependencia a un solo comprador, la falta de garantías en la competitividad del precio y que todo el desarrollo supone un escenario de fuertes incrementos de producción de gas local, actualmente estancada por la pandemia y el cese de los subsidios a las petroleras que nos alejaban del crédito internacional.
Un dato que vale la pena mencionar en este punto: el plan original de más de 1000 kilómetros de tuberías le habría costado a los contribuyentes argentinos unos 2 mil millones de dólares y hubiera tardado unos cuatro años en completarse. La pregunta que surge entonces es, ¿cuánto le saldrá a los argentinos este nuevo megaproyecto, teniendo en cuenta la baja rentabilidad del petróleo, las subvenciones que recibirán las compañías de hidrocarburos en Vaca Muerta y el desgaste ambiental de la región, entre derrames, sismos en las áreas de pozos petroleros, producción agrícola perdida y contaminación de los cauces de los ríos y las napas? Sin considerar los altos costos que la actividad del fracking representa (en la que se encuentra gran parte del “potencial” de Vaca Muerta) y el uso de millones de litros de agua, en medio de una crisis hídrica que afecta a buena parte del país y Chile.
Varias organizaciones ambientalistas como 350.org han estado advirtiendo en numerosas ocasiones al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales sobre los perjuicios que la explotación de hidrocarburos está generando en la región. Sin embargo, las decisiones políticas sólo han profundizado el agujero fiscal que deja Vaca Muerta en el presupuesto año a año. La realidad es que la Argentina no está en condiciones de afrontar una inversión de esta magnitud, más teniendo en cuenta que la tendencia mundial es la de una transición hacia energías limpias. ¿Por qué insistir en una actividad que dentro de unos años no tendrá demanda?
Contra la corriente de la desinversión de fósiles
Vaca Muerta es la tierra prometida de casi todos los discursos políticos argentinos. Está tan instalada la creencia de que su explotación sacará el país a flote, que pareciera no importar que los estudios que fundamentan la actividad están flojos de papeles: en Sauzal Bonito y Añelo hay sismos coincidentes con los pozos de fracking en la zona, pero de los catorce sismógrafos que se iban a instalar para determinar las causas de los movimientos, al momento solo se han instalado dos. A su vez, hay imágenes de pozos de petróleo a escasos metros del lago Mari Menuco y estudios que corroboran la contaminación del agua. Aún así, las perforaciones continúan. Se sigue hablando del fracking como una oportunidad real y se omite el hecho de que sin subvenciones del estado no es rentable, ni aquí ni en el resto del mundo. Y también olvidan mencionar en los discursos que el mercado de combustibles fósiles tiene una fecha de vencimiento, porque está en baja desde hace varios años, y ahora, más que nunca.
Incluso antes de la pandemia, la demanda mundial de hidrocarburos ya se había visto afectada por las exigencias populares de energías limpias y socialmente más justas. Los administradores de fondos globales como Blackrock, que maneja 7 billones de dólares en activos, se están alejando del mercado porque creen que el riesgo de pérdidas en este tipo de proyectos es demasiado alto.
Una estrategia económica basada principalmente en Vaca Muerta también es un obstáculo para los objetivos asumidos por Argentina en el Acuerdo de París. Mientras las preocupaciones por los riesgos ambientales y para la población llevaron a países como Francia, Reino Unido y España a prohibir el fracking de sus territorios, la técnica continúa siendo utilizada por sus corporaciones en suelo argentino. Algunos ambientalistas lo llaman “colonialismo fósil”: trasladar las actividades contaminantes a lugares remotos con menores regulaciones para que otros paguen el costo ambiental, las subvenciones a sus compañías, la vida de los trabajadores que se exponen a una de las actividades más peligrosas del mundo, las penas económicas por violar acuerdos internacionales.
Por eso resulta irónico seguir hablando de un proyecto como el gasoducto con la inversión desmesurada y las consecuencias que representa, cuando en Neuquén capital hay barrios enteros que no tienen acceso al gas y los gobiernos de las provincias de Vaca Muerta deben emitir bonos de deuda para pagar los salarios de sus empleados.
Argentina: tierra fértil para una transición energética
A pesar del escenario actual, todavía estamos a tiempo de tomar decisiones políticas que beneficien de igual manera a la población, a las compañías y al ambiente. Como señalan los movimientos globales de Recuperación Justa frente a la pandemia, los flujos financieros por el rescate a la crisis económica podrían redireccionarse hacia los sectores de atención médica, transporte público y energías renovables, que podrían traer un gran impulso a la economía del país.
Argentina tiene un gran potencial para el desarrollo de la energía solar, con niveles significativos de radiación desde Jujuy hasta Neuquén. Posee condiciones excelentes para la generación de energía eólica, especialmente en la Patagonia. Las diferencias extremas entre mareas durante el año demuestran gran potencial en la energía mareomotriz, una alternativa renovable, continua y que no requiere inversión constante. Si las políticas del gobierno estuvieran orientadas a desarrollar estos potenciales, tendríamos posibilidades de resolver no sólo la crisis económica, sino la otra crisis, la más grande de todas: la de los recursos escasos de nuestro planeta.
Ignacio Zavaleta es Responsable de Campañas de 350.org Argentina