En Cuenca, Ecuador, se impulsó una Consulta Popular para impedir la explotación de minería metálica a gran escala en zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay, iniciativa que fue apoyada por el 80,9% de los votantes. Vale aclarar que los cuatro primeros ríos mencionados desembocan en la cuenca amazónica del Atlántico y el último, al Pacífico.
Este resultado, aunque positivo para la región, no asegura la protección del agua, ya que el desarrollo en cantones aledaños también afectaría a las fuentes. La minera repercute en un conjunto de ecosistemas, que ya están dando cuenta de sus efectos.
David Fajardo, del colectivo YASunidos y del Cabido por el Agua de Cuenca, fue uno de los que impulsaron la consulta que tuvo un resultado favorable. Aún así, reconoce sus limitaciones:
“La moratoria solo es en las zonas de recarga hídrica (páramos) de los cinco ríos mencionados dentro de la jurisdicción de Cuenca, ya que la consulta fue cantonal, no provincial. Es decir, bien puede bien puede darse una explotación en los cantones aledaños con las mismas afectaciones al medioambiente”, dijo Fajardo en una entrevista al medio El Universo.
“De ahí la urgencia de desarrollar consultas en el resto de cantones donde hay zonas de recarga hídrica para limitar la actividad minera en estos territorios”, agregó.
Actividad minera en la provincia del Azuay. Créditos: El Universo
El proyecto minero Loma Larga está donde nacen los ríos Tarqui y Yanuncay. “Una extracción allí implicaría la disminución de la calidad y cantidad de agua que llega a la ciudad de Cuenca”.
La mina Río Blanco, en cambio, está en la naciente del río Norcay. Precisó Fajardo: “La minería lo que hace es remover los suelos, lo que altera de forma peligrosa los equilibrios ecológicos de estas zonas, que son los que permiten que exista la funcionalidad de ser fuentes de agua. De ahí la necesidad de proteger estos territorios”.
Los dos proyectos se desarrollan desde la década del noventa. Loma Larga está en la etapa de exploración avanzada, dijo Fajardo, por lo que no podría seguir. Lo contrario con Río Blanco, ya en explotación desde antes del domingo.
La CC estableció previamente que los efectos de la consulta no son retroactivos, por lo que la moratoria empieza del 7 de febrero en adelante para proyectos nuevos y los que no están en fase de explotación. Pero Río Blanco está detenido por una acción de protección a favor de las comunidades. “Está suspendida la explotación de forma indefinida”, recordó Fajardo.
Carlos Castro, miembro del Cabildo por el Agua de Cuenca, organización que promovió la consulta popular, considera que es necesario establecer las regulaciones sobre el uso y ocupación del suelo en una ordenanza:
“(Es necesario) determinar políticas en las comunidades de altura que están sobre estas áreas sensibles para promover su desarrollo y que estas se integren a servicios comunitarios como la preservación de páramos, bosques, fuentes de agua, guías turísticos por el lugar”, dijo Castro.
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Fuente: Xavier Ramos – El Universo
Créditos de la imagen de portada: Kabir Montesinos / El Universo