¿Estarías tranquilo si supieras que el agua que llega a tu casa ha recibido residuos de la minería en algún momento? ¿Te gustaría que la comida que comes se cultivada con esta agua? 

Pues el gobierno de la provincia de Mendoza, que está en el oeste de Argentina y es conocida mundialmente por los vinos que produce, trató de hacer cumplir en la región una ley que permitía a las empresas mineras locales utilizar en sus actividades sustancias como el ácido sulfúrico y compuestos de cianuro, que contaminan el agua y son tóxicos para el cuerpo humano, si se consumen a largo plazo.

Sin embargo, 350.org estaba consciente de esta amenaza y actuó de inmediato, junto con miles de ciudadanos y varias organizaciones ambientales locales, para evitar que la industria extractiva siguiera agrediendo a las comunidades y a la naturaleza. ¡Funcionó! 

Lea a continuación una historia real sobre cómo la presión popular derrotó el falso discurso de que para tener un trabajo y un ingreso hay que poner en riesgo la salud de los más vulnerables. En un momento de conversaciones importantes sobre cómo garantizar una recuperación económica justa en el período pós-Covid-19, ejemplos así nos hacen recordar que la protección de la salud y de la economía no son luchas opuestas, al revés, una no existe sin la otra.

Los viñedos de la ira

En diciembre de 2019, Mendoza experimentó una inusual agitación política para una región de paisajes bucólicos y con un ritmo de vida bastante diferente de lo que el mundo se ha acostumbrado a ver en la capital argentina, Buenos Aires, tierra de los cacerolazos. Apenas asumió el cargo, el 10 de ese mes, el Gobernador Rodolfo Suárez se esforzó por lograr que se aprobara la Ley 9209 en la legislatura local, que en la práctica permitía el uso de cianuro, mercurio y otras sustancias tóxicas en la provincia. 

Desde 2007, cuando los congresistas y senadores de Mendoza aprobaron otra ley, la 7722, que prohibía el uso de cianuro y ácido sulfúrico, la actividad minera se había vuelto casi imposible en la región. Estas sustancias son utilizadas en la planta de tratamiento para separar los minerales más valiosos, como el oro, la plata y el cobre de las piedras en las que se encuentran. 

La preocupación de los residentes y congresistas por bloquear esta actividad se justificaba por la escasez de agua de la región, una de las más áridas de la Argentina. 

Según Marcelo Giraud, profesor de Geografía de la Universidad Nacional de Cuyo, una de las más importantes de Mendoza, la provincia argentina cultiva menos del 4% de su territorio, en cinco tramos conocidos como oasis. Estas áreas, que concentran el 90% de la población mendocina, son habitables porque están cerca de cuatro grandes ríos y sus afluentes, que se forman a partir del descongelamiento del hielo de los Andes y que fluyen hacia las zonas más bajas.

Vista aérea de la Cordillera de los Andes, cerca de Mendoza

Vista aérea de la Cordillera de los Andes, cerca de Mendoza: el agua para la ciudad y para la agricultura en la parte más baja de la región viene de las montañas

La actividad minera, si fuera permitida, se llevaría a cabo en la parte superior de la provincia, cerca de los manantiales, y la contaminación de las fuentes de agua en esa región afectaría a todos las familias que dependen de los ríos andinos, incluido las que cultivan los viñedos que dieron a la región una proyección global. Irónicamente, el intento de permitir el cianuro y el ácido sulfúrico en la minería aún se produjo en un momento de extrema sequía en la provincia, lo que demostró cuán racionales deben ser las familias y la economía de la región en términos de uso del agua.

«Además de los derrames, lo más preocupante son los impactos crónicos, de largo plazo, de la presencia de esas sustancias en el agua, que no requieren un derrame para suceder», dijo Giraud. 

Según el profesor, hay un gran estudio desarrollado en los Estados Unidos, desde los años 1970 hasta 2005, que mostró que al largo del tiempo los niveles de contaminación de áreas alrededor de minas excedieron el límite establecido por las autoridades ambientales en unos 75% de los casos. 

Él explica que los efectos de esa contaminación para la salud de los individuos varian de acuerdo a la sustancia acumulada en el organismo, pero pueden incluir una probabilidad más alta de cánceres, abortos espontáneos y enfermedades de la sangre.

Asimismo, en un escenario de fuerte presión por parte de las empresas mineras, interesadas en volver a la exploración en la región, el gobernador Suárez se comprometió a coser un acuerdo, en su primer mes de mandato, para modificar esta restricción destinada a proteger el agua. 

De hecho, la ley 9209 se introdujo en la legislatura provincial poco antes de Navidad, con el apoyo de los grupos más importantes, incluidos algunos de la oposición al gobernador, lo que llevó a la anulación de los límites definidos en la ley anterior.

Se permitió así a las empresas mineras mezclar ácido sulfúrico y cianuro con el agua, utilizando los mismos arroyos y manantiales que abastecen a las miles de familias de agricultores y viticultores de la región, así como a la población de las zonas urbanas. 

La verdad está en el vino

El cambio provocó indignación en gran parte de la población de Mendoza. Los movimientos vecinales, las organizaciones de productores rurales y las instituciones ambientalistas comenzaron a articularse para exigir la anulación de la nueva ley 9209. Líderes de los movimientos sociales luego organizaron una marcha popular desde el interior de la provincia hacia la capital, para demostrar a los diputados que el pueblo estaba en contra del cambio en la ley que protegía el agua.

«Fue una marcha histórica. Se cerró el comercio, pararon las industrias, y grupos de productores rurales, estudiantes, comerciantes y otros salimos a caminar por un día y una noche, empezando en ciudades a casi 100 km de la capital. La gente en el camino se fue sumando y al fin, había más de 100 mil personas en la frente de la Casa del Gobierno», cuenta Adolfo Nieto, dueño de una pequeña empresa y miembro de la Multisectorial de General Alvear, involucrado en las marchas de diciembre.

Atento a esa movimentación, Ignacio Zavaleta, organizador de campañas para 350.org en el país, viajó inmediatamente en su vehículo particular, recorriendo 985 kilómetros a la capital de la provincia, la ciudad de Mendoza, y presentó una acción de amparo para pedir a la Justicia el reconocimiento de la inconstitucionalidad de la nueva ley. 

La demanda mencionaba como argumento la falta de estudios ambientales preventivos y obligatorios, además del principio de la prohibición de innovar, es decir, de que se altere el estado de hecho existente al tiempo de iniciarse el proceso. 350.org fue la única organización que presentó dicha demanda en ese momento.

El Tribunal recibió la solicitud de 350.org e hizo lugar a los argumentos presentados. Ese mismo día, presionado por las iniciativas de la población, 350.org y la sociedad civil organizada, el gobernador anunció que renunciaba a mantener vigente la nueva ley y que enviaría un nuevo texto al Poder Legislativo, para que volviera a entrar en vigor la Ley 7722, la aprobada en 2008 y que protegía las aguas de la región.

Ignacio Zavaleta, de 350.org en Argentina, y el Dr. Fernando Armanague, abogado, presentando la acción de amparo por inconstitucionalidad en tribunales de Mendoza

Ignacio Zavaleta, de 350.org en Argentina, y el Dr. Fernando Armanague, abogado, presentando la acción de amparo por inconstitucionalidad en tribunales de Mendoza

«Fue una victoria del pueblo contra el lobby de la industria extractivista. Mendoza dió una señal clara de conciencia de que empleos e ingresos son muy bienvenidos siempre y cuando no perjudiquen a las actividades económicas ya existentes y sobretodo no pongan en riesgo la salud de las personas», dijo Zavaleta.

Para Adolfo Nieto, la manutención de la ley muestra que los mendocinos cumplen lo que prometen, cuando dicen que en Mendoza, el agua no se negocia.

«Me siento orgulloso de todos que hemos trabajado en esto y de lo que el pueblo de la provincia logró».

Para el profesor Giraud, quien también ha participado de las movilizaciones, los diputados favorables al cambio en la ley creían que sería una victoria fácil, pero se han sorprendido con la masividad de las respuestas.

«Pensaban que nosotros seríamos cuatro pelagatos en los protestos en la Asamblea, pero la sociedad mendocina se hizo presente», dijo Giraud.

Cosechas en otras partes

Por su fuerza, la movilización popular de Mendoza en los últimos días de 2019 ha semillado acciones similares en otra provincia argentina, Chubut, donde el gobierno también viene intentando liberar el uso de cianuro en la mineración. 

Después que Mendoza logró mantener su ley de protección al agua, las marchas en Chubut han ganado cuerpo, con miles de personas en las calles de varias ciudades. 350.org ya se dirigió en términos inequívocos al Gobernador y a la Legislatura de Chubut, advirtiendo que recurrirá a la Justicia, en el caso de que se altere el marco normativo vigente.

Por efecto de la pandemia de Covid-19, las actividades legislativas, así como las marchas, fueron interrumpidas en Argentina. Sin embargo, el campaigner de 340.org, Ignacio Zavaleta sigue permanentemente en contacto con los socios de todas las Provincias, y está trabajando en la activación online del foro de “Legisladores por el Clima”. Ese grupo, el cual comienza a tener forma, ayudará a coordinar movilizaciones por el ambiente y la salud de las comunidades en Argentina.

De igual manera se procedío casi simultáneamentre en la Provincia de Río Negro, exortando por nota a la Legislatura y a la Gobernadora, para que la ley que prohibía cianuro, mercurio y otros elementos tóxicos, derogada hace unos años, fuera puesta en vigencia nuevamente ya que su derogación constituye un acto de inconstitucionalidad flagrante. Ante la nula respuesta, 350.org recurrió a la Defensoría del Pueblo de la provincia, donde se radicó una denuncia, que quedó registrada en el Expediente Nº 20/20, para su ejecución. 

La victoria popular en Mendoza también sirve como motivación para otras regiones de Argentina afectadas por las industrias extractivas y fósiles. Por ejemplo, en la provincia de Neuquén, donde 350.org ha estado actuando durante más de cinco años para detener la extracción de gas fósil mediante fracking, la movilización continúa fortaleciéndose.

En tiempos de discusiones globales sobre cómo reestructurar la economía frente a la crisis causada por el coronavirus, la acción de lo mendocinos también es un recordatorio fundamental de que el desarrollo no implica enriquecer a algunos sectores a expensas de la quiebra de otros y, sobre todo, que la salud y el bienestar de las personas deben ser la base de cualquier decisión del gobierno.

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Créditos de la fotos:

Viñas en Mendoza Paul Lucyk enUnsplash
Cordillera de los Andes – Nicolas Prieto en Unsplash