En tiempos en los que la crisis climática amenaza con más fuerza a nuestro planeta y los gobiernos negocian financiamiento climático en cumbres internacionales como la COP 29 en Azerbaiyán y el G20 en Brasil; hay quienes ocupan un rol crucial y no deben pasar desapercibidos: los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales (campesinos, afrodescendientes y cimarrones). No solo protegen extensos territorios ancestrales sino que también ofrecen soluciones muy valiosas ante la pérdida de biodiversidad y el cambio climático.
En América Latina, y en el resto del Sur Global, los pueblos indígenas reclaman desde hace mucho tiempo un merecido lugar de poder y protagonismo en los ámbitos de decisión nacionales e internacionales. Esta lucha ha cosechado algunas conquistas en los últimos años. Pero este 2024 ha sido especial. Así lo demuestran los acuerdos de la última Conferencia de las Partes de Biodiversidad en Cali (COP 16) entre los que se destaca la creación de un ente permanente para representar los intereses de los pueblos indígenas, el famoso artículo 8J. Esto fue un hecho histórico, ya que esta decisión se alcanzó a través del consenso de 196 países.
La propuesta de estas líneas es repasar esas conquistas. Pero lo dejaré para más adelante. Primero me gustaría responder a la pregunta: por qué debe reconocerse e impulsar el rol esencial de los pueblos indígenas.
Son los pueblos indígenas, quienes han sido los guardianes de la biodiversidad, conservando áreas vitales para la producción de oxígeno y la captura de carbono (bosques, selvas, manglares, etc). También han estado al frente de la lucha contra el extractivismo de gas y petróleo, y el nuevo extractivismo mineral que generan las grandes empresas de energías renovables en los territorios, exponiendo sus propias vidas.
Solo en América Latina se estima que existen más de 800 pueblos indígenas, con más de 45 millones de personas, y habitan millones de hectáreas en áreas claves para los ecosistemas de la región y funcionamiento del planeta como el Amazonas. Desgraciadamente no todas poseen los títulos de propiedad sobre sus tierras ancestrales, sin embargo, con o sin títulos siempre están intrínsecamente vinculados a la supervivencia de los ecosistemas que habitan.
Un camino ascendente
El rol y la relevancia de los pueblos indígenas está tomando cada vez más fuerza dentro de los movimientos climáticos y ambientales. Esto quedó claro en una de las campañas más exitosas a nivel climático-ambiental de América Latina: la defensa del Yasuní en Ecuador, donde el año pasado casi el 60% de la población votó a favor de dejar en el suelo los combustibles fósiles. En esa campaña el protagonismo y liderazgo que fueron tomando las poblaciones originarias que habitan el Yasuní ancestralmente (waorani, shuar y kichwa) fue decisivo a la hora de demostrar la legitimidad y potenciar el interés del resto de la sociedad.
Otro hito de importancia histórica en este sentido fue el que se dió tan solo unas semanas atrás en la COP16. Allí se aprobó una posición permanente para estas comunidades en el grupo de trabajo del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Esto significa contar con mucho más poder en las negociaciones y tendrán acceso directo a recursos internacionales para apoyar sus iniciativas de conservación.
Colombia ha sido uno de los países pioneros en este reconocimiento. También en el mes de octubre, bajo el liderazgo de la Ministra Susana Muhamad, un decreto nombró a las autoridades indígenas como autoridades ambientales para su territorio. Esto permite que, de la mano de otras entidades, podrán crear mecanismos directos para garantizar la protección de los ecosistemas del país.
En este momento en la COP 29 y G20 se está discutiendo otro tema vital, el financiamiento para afrontar el cambio climático, pero solo con dinero no alcanza. El conocimiento y participación indígena es clave para crear políticas climáticas justas y soluciones a los impactos climáticos. Es por esto, que los líderes indígenas de Brasil están exigiendo a su gobierno un asiento en la mesa de decisiones como co-anfitriones de la COP30.
Creemos y apoyamos con mucho entusiasmo la campaña de las naciones indígenas de Brasil que con total certeza afirman: “La resposta somos nos” y brindamos nuestro total apoyo para que co-presidan uno de los que va a ser el próximo gran hito climático, la Conferencia de la Partes de Clima en Beleń, Brasil en el año 2025.
En 350.org creemos que la respuesta a los problemas climáticos más urgentes debe ser liderada por los pueblos indígenas. Por eso trabajamos fuertemente en alianzas con las representaciones de naciones indígenas Amazónicas de Brasil (COIAB) y Colombia (OPIAC), el pueblo nación Yukpa en El Cesar (Colombia), entre tantas otras. Y acompañamos sus mensajes y campañas en cumbres como la COP16, COP 29 y G20.
Y ante los desafíos que plantea la COP 30, la cual está llena de expectativas, es crucial para nosotros acompañar la demanda del pueblo indígena brasilero: La respuesta son ellos, y tienen que ser co-anfitriones en Belem, ciudad donde se llevará a cabo la cumbre.
Durante esta última semana, los líderes de 19 países y de la Unión Europea se reunieron en Río de Janeiro con motivo de la cumbre del G20, la cual abordó temas clave como la sostenibilidad económica, la cooperación en la salud global y el cambio climático. Uno de los objetivos de esta cumbre era acordar un impuesto a los super-ricos. Según la iniciativa brasileña, si los cerca de 3.300 multimillonarios del mundo pagan el equivalente al 2 % de sus riquezas en impuestos, es posible recaudar anualmente entre 200.000 y 250.000 millones de dólares para financiar proyectos de combate a la pobreza, el hambre y los cambios climáticos. Finalmente, el G20 logró acordar un impuesto a los super ricos. Una gran noticia, aunque aún se tiene que definir los procedimientos de aplicación en cada país.
Pero el G20 no es el único lugar donde se discute el financiamiento climático. Todavía estamos a días de que se termine la COP29 y las expectativas están puestas en que los 196 países se comprometan a alcanzar un objetivo de financiación equitativo, justo y ambicioso, que ascienda al menos a 1 billón de dólares en financiación pública en forma de subvenciones. Este nuevo objetivo financiero definirá los recursos económicos que los países desarrollados deberán movilizar para enfrentar la crisis climática a partir del 2025. La estructura y la calidad de este dinero deben basarse en las necesidades financieras, climáticas y sociales de los países en desarrollo del Sur Global. En otras palabras, la forma en que se distribuya y se gaste este dinero determinará si servirá a los intereses de los ricos y privilegiados o a los de los vulnerables y marginados.