En la semana en la que se celebra el Día Mundial del Agua (22 de marzo), tenemos una revelación que hacer: ¿sabías que Argentina planea convertirse en un gran exportador de este bien esencial para la vida? ¿Y qué estos recursos hídricos provendrían de regiones donde la escasez de agua es la regla?

La “exportación de agua” no pasaría con la venta de millones de botellas al exterior. Tampoco es un plan anunciado con esas palabras por el gobierno, pero sí, está directamente relacionada con una decisión de los políticos de turno: incentivar la expansión del sector del petróleo y el gas en el país. 

Desde hace varias semanas, el presidente Alberto Fernández y su equipo se dedican a obtener financiamiento externo para la construcción de un gasoducto que conectaría Vaca Muerta, segunda reserva de gas de esquisto más grande del mundo, ubicada en la Patagonia argentina, en una región cercana a la frontera con Brasil. De materializarse este plan, Argentina podrá vender grandes volúmenes de este gas a sus vecinos, lo que terminaría aumentando significativamente la extracción de combustibles fósiles en el país.

Encuentro de los presidentes Lula, de Brasil, y Fernández, de Argentina, en Buenos Aires, en enero de 2023. Crédito: Ricardo Stuckert/PR


De materializarse este plan, Argentina podrá vender grandes volúmenes de este gas a sus vecinos, lo que terminaría aumentando significativamente la extracción de combustibles fósiles en el país. Sin embargo, el gas extraído en Vaca Muerta es muy caro para la Argentina en varios aspectos, entre ellos la seguridad hídrica. Vayamos a las razones por las que este proyecto de expansión fósil no tiene ningún sentido.

Mal negocio en todos los aspectos

Primero, la actividad fósil depende de subsidios y no se traduce en desarrollo. Solo en los últimos tres años, el gobierno argentino ha transferido del bolsillo de los contribuyentes a las grandes empresas de la cadena del petróleo y el gas más de 1.600 millones de dólares para la extracción de gas y petróleo en Vaca Muerta, según un sondeo de la ONG argentina FARN

Aun así, provincias como Neuquén, donde tiene lugar la mayor parte de las operaciones de las empresas petroleras, siguen muy endeudadas y su población continúa empobrecida. En una triste ironía, muchos vecinos tienen que calentar sus casas usando leña, porque no tienen dinero para pagar el gas que se extrae en la región. Además, los estudios muestran que si el dinero utilizado en los subsidios se aplicara a la generación de energía limpia, se crearían más empleos que en la actualidad. Desde un punto de vista económico, por lo tanto, las formas obsoletas de generación de energía no son la mejor opción. 

En segundo lugar, el gas en esta región se extrae mediante la técnica del fracking, lo que provoca un daño socioambiental terrible a las comunidades cercanas a las áreas de exploración y al clima global. Estudios científicos en varios países vinculan el fracking con la ocurrencia de sismos y, de hecho, desde el inicio de operaciones en Vaca Muerta, los sismos en la región se han vuelto comunes. Miles de familias empezaron a vivir con miedo o tuvieron que mudarse.

Además, el gas que allí se extrae, como cualquier otro combustible fósil, agrava la crisis climática mundial cuando se quema, lo que hace que, al final, este producto empeore la calidad de vida de toda la humanidad y aumente el riesgo de grandes catástrofes climáticas, que afectan a personas especialmente vulnerables en todo el planeta.

 

Trabajadores manejan leña en Neuquén. Crédito: Neuquén al Instante

En tercer lugar, y aquí llegamos al punto de la escasez de agua, el fracking consiste en inyectar bajo tierra, a alta presión, enormes volúmenes de agua, mezclada con arena y componentes químicos bastante peligrosos para el cuerpo humano. Esta práctica fractura las rocas en capas muy por debajo de la tierra sobre la que caminamos y libera el gas fósil que estuvo contenido allí durante miles de años. Al final, el gas que se libera se recolecta y se vende, pero el agua utilizada en el proceso no se puede devolver a los lagos y ríos, porque está contaminada. Y no estamos hablando de poca agua: cada pozo perforado utiliza, en promedio, 15 millones de litros de agua, ¡y hay cientos de pozos!

Las empresas del sector afirman que el volumen de agua utilizada representa un porcentaje muy bajo del total disponible y que el uso está regulado por los gobiernos provinciales, que no dejarían que el agua se agotara para otros fines. Sin embargo, hay dos escollos en estas afirmaciones. La primera es que la medición del volumen de agua que utilizan las empresas muchas veces se basa en mediciones realizadas por las propias empresas, lo que dificulta la verificación. La segunda es que no tiene sentido comparar el porcentaje de uso del agua por parte del sector fósil, que ni siquiera es de subsistencia, con el uso residencial, comercial o sectores como la agricultura, que sustentan directamente a miles de familias y son fundamentales para la vida en la región. 

Derrame en Bandurria. Crédito: Yamil Regules / Diario Río Negro


También hay que recordar que esta agua contaminada en ocasiones acaba goteándose, por motivos como grietas en las tuberías y estructuras utilizadas para el fracking. Esto acaba provocando un riesgo adicional de contaminación de las aguas subterráneas. Sin mencionar que, en ocasiones, el aceite extraído termina escapando, lo que genera la contaminación directa de los ríos. Entre 2017 y 2021, solo YPF, empresa energética controlada por el gobierno argentino, registró fugas por un total de más de 6,6 millones de litros de agua de producción, o mezclada con arena y componentes químicos, según un informe del Observatorio Petróleo Sur e de La Izquierda Diario.

Vaca Muerta es un atentado contra la vida

Toda esta inseguridad hídrica en la Patagonia argentina afecta principalmente a las comunidades indígenas mapuches que viven desde hace siglos en sus territorios tradicionales y se abastecen directamente de los ríos de la región. Los pequeños productores rurales y las familias de escasos recursos de la periferia de las ciudades también se encuentran entre los que sufren las peores consecuencias del abandono ambiental del sector gasoil.

Los impactos, en este caso, incluyen la reducción del valor de propiedad de sus terrenos y viviendas, la pérdida de la tranquilidad que tenían y los riesgos para la salud de sus familias generados por la contaminación del agua. El mismísimo derecho humano a acceder al agua limpia, por lo tanto, termina siendo vulnerado por los operativos en Vaca Muerta.

Así, cuando el gobierno argentino incentiva a las empresas de petróleo y gas a extraer más combustibles fósiles en la Patagonia, está autorizando a estas multimillonarias empresas del sector a recolectar el agua que les brinda la naturaleza, que es patrimonio nacional y humano, para utilizarla en un proceso que provoca terremotos, contaminación y agrava la crisis climática y, después de todo eso, sacar esa agua de circulación. En otras palabras, el proyecto del gobierno para Vaca Muerta reduce la disponibilidad de agua para toda la población y reduce el bienestar colectivo, en detrimento del beneficio de unos pocos.

 

Protesta en Mendoza por el veto a ley que tornaría más débil la protección al agua en la provincia. Crédito: Perfil.com


Todo esto ocurre en lugares donde el paisaje es más parecido al de un desierto que al de una selva tropical. En las provincias de Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa, donde se extiende Vaca Muerta, varios de los principales ríos se forman a partir del deshielo de las montañas, y las precipitaciones, es decir, el volumen de lluvia que cae en la región, es relativamente bajo. En 2021, por ejemplo, el gobierno de Neuquén declaró emergencia hídrica y pidió a la población ahorrar agua, pero no restringió las actividades en Vaca Muerta.

Quienes viven en estas zonas saben que las comunidades de la región valoran tanto su agua que ya han liderado grandes movilizaciones para defender sus fuentes de agua. En 2019 y 2020, por ejemplo, los mendocinos salieron masivamente a las calles de la capital para protestar contra una nueva ley que debilitaría la gestión del agua. Fue tanta la presión que se derogó el cambio de legislación, entre aplausos de los manifestantes y gritos como “No se puede tocar ni negociar con el agua”.

Esperanza en la acción popular

¿Por qué, entonces, el gobierno argentino insiste en estos planes? ¿Y por qué las comunidades aún no han logrado detener esta destrucción del patrimonio hídrico? Básicamente, porque el lobby de las petroleras y el interés de los políticos de turno por construir una imagen de dinamismo económico terminaron levantando un enorme muro de silencio (o de información distorsionada) en torno a Vaca Muerta. Poco se habla, en los medios de comunicación, en las escuelas y en el debate público, sobre los daños causados ​​por el fracking. Incluso el tema del agua, tan querido por los argentinos, sigue siendo poco publicitado. 

Es precisamente en el derribo de este muro donde radica la esperanza de salvar el agua de todos los argentinos y argentinas. Cuanto más gente sepa sobre los daños causados ​​por el fracking en las fuentes de agua, mayor será la resistencia a los planes del gobierno para expandir el uso de esta nefasta técnica y de los combustibles fósiles en general. 

Todos podemos contribuir a la concienciación. Si te indignó esta información, compártela con tus familiares y amigos. Participa también en movilizaciones digitales y presenciales por un mundo impulsado por energías renovables, como las que organizan periódicamente jóvenes activistas climáticos en espacios públicos de las principales ciudades del país. Sigue a las organizaciones de campañas climáticas en las redes sociales y ayuda a difundir estudios e informes sobre este tema. 

La fuerza del compromiso popular será el camino para que, en los próximos años, podamos celebrar juntos el aprecio por el agua como un gran regalo de la naturaleza. Un regalo más que merecido para la Patagonia, el país y el planeta.