- Organizaciones indígenas y ecologistas en el Estado de Rio Grande do Sul, Brasil, han ganado un juicio que supone la interrupción temporal del proyecto de instalación de la mayor mina de carbón a cielo abierto de Latinoamérica.
- Una vez instalada, la mina produciría una cantidad de carbón que sería responsable de emisiones de hasta 4,5 gigatoneladas de CO2, equivalente a casi el 10% de las emisiones anuales globales.
En respuesta a una Acción Pública Civil presentada por organizaciones indígenas y ambientales, la Justicia brasileña ordenó el viernes 21 de febrero la suspensión temporal del proceso de adjudicación de permisos medioambientales de un proyecto que pretende instalar la llamada Mina Guaíba, la mayor mina de carbón a cielo abierto de Latinoamérica.
Este proyecto propone la instalación de la mina en un área de más de 4.200 hectáreas a menos de 30 kilómetros de Porto Alegre, una de las mayores ciudades de Brasil, y dentro de una Región Metropolitana en la que viven 4,5 millones de personas. Además del riesgo de contaminación del aire, la mina se situaría cerca del Parque Estatal del Delta del Jacuí, considerado crucial para la conservación de las cuencas hidrográficas que abastecen a esta población.
El proyecto también representaría un golpe a los esfuerzos de Brasil de reducir sus emisiones. Produciría un total de hasta 166 millones de toneladas de carbón a lo largo de 27 años y sería el primer paso para la instalación de un polo industrial cuya electricidad la proporcionaría la mina de carbón, según la compañía que lleva a cabo el proyecto, Copelmi.
En el caso de que se use todo el carbón que puede ser extraído de la mina, eso conllevaría la emisión de hasta 4,5 gigatoneladas de CO2, lo que equivale a casi el 10% de las emisiones anuales globales, según una estimación presentada por el Dr. Rualdo Menegat, profesor relacionado con el Instituto de Geociencia de la UFRGS, la universidad más prestigiosa de Rio Grande do Sul, el estado en el que se pretende situar la mina.
La Acción Civil Pública se presentó a instancia del Instituto ARAYARA y de la Asociación Indígena Poty Guarani, con el apoyo de 350.org y el Observatorio del Carbón. Uno de los mayores problemas destacados por estas organizaciones era que el informe de impacto medioambiental presentado por Copelmi a las agencias federales ignoraba la presencia de aldeas indígenas en el área afectada directamente por el proyecto, notablemente la aldea Tekoá Guajaiyvi, del pueblo Mbyá-Guarani.
Teniendo en cuenta que la mina puede afectar a estas comunidades indígenas directamente, deberían haber sido consultadas “a través de los procedimientos apropiados”, como dicta la Convención C169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la cual Brasil es signatario.
La Justicia brasileña consideró que el proceso de adjudicación de permisos debe ser interrumpido y que solo podrá continuar tras llevarse a cabo un análisis conclusivo de los impactos sobre las comunidades indígenas por parte de Funai (la agencia gubernamental responsable de asuntos indígenas).
Esta batalla legal es parte de una serie de acciones llevadas a cabo por las comunidades cercanas al área del proyecto de la mina. Las movilizaciones han incluido manifestaciones en las calles, participación en vistas públicas y sesiones legislativas, campañas comunitarias de educación ambiental y medidas legales contra las irregularidades cometidas por Copelmi, como es el caso de la falta de consulta con los pueblos indígenas afectados.
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Citas
Nicole Oliveira, Directora de 350.org en Latinoamérica, dijo:
“Los planes de la industria de los combustibles fósiles acaban de ser aplastados por una decisión judicial que va en favor de los intereses indígenas. Esta mina iba a ser instalada sobre la zona de producción de arroz orgánico más importante de Latinoamérica por parte de comunidades agrícolas reubicadas, y dañaría áreas importantes para la pesca artesanal, así como a aldeas indígenas”.
“Esta victoria pertenece al pueblo, a las comunidades indígenas, a los agricultores, activistas y pescadores que no se amilanaron ante el tamaño de las industrias financieras y de combustibles fósiles y unieron sus fuerzas para derrotar al gigante del carbón. El Goliat del carbón ha sido derrotado”.
“Incluso si la empresa responsable de la mina trata de apelar, esta victoria no deja de ser importante porque retrasa una iniciativa que va contra los intereses de millones de personas y muestra que el proyecto es legalmente vulnerable. Los inversores deben saber que están depositando su dinero en una promesa que puede que nunca se cumpla”.
Juliano Bueno de Araújo, Director de Campañas de 350.org en Latinoamérica, dijo:
“Los pueblos indígenas que viven en la zona ya están siendo afectados por la mina cuando aquellas personas responsables del proyecto tratan de borrar su existencia y evadir la consulta obligatoria que deberían hacer, pero las comunidades no permitirán que esto ocurra. Están luchando contra la industria de los combustibles fósiles y obteniendo grandes victorias”.
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