El viernes pasado por la mañana (4/10), en la Cámara de Senadores de la capital uruguaya, se realizó la “Jornada de Análisis Político del Uso y Explotación de Hidrocarburos no Convencionales en Brasil y Uruguay”. Promovida por el gabinete de la Senadora Carol Aviaga (Uruguay), la reunión contó con la presencia del equipo de 350.org América Latina y COESUS – Coalición Latinoamericana contra el Fracking.

Entre los participantes se encontraron Nicole Figueiredo de Oliveira, Directora de Movilizaciones y Líder del equipo de 350.org América Latina; Juliano Bueno de Araújo, Director Asociado de Campañas para 350.org América Latina y Fundador de COESUS; Ignacio Alberto Zavaleta, Organizador de campañas para 350.org Argentina; el diputado y representante del gobernador de Paraná, Rasca Rodrigues; el diputado estatal de Paraná, Goura Nataraj; el diputado uruguayo Pablo Abdala, miembro de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación y Administración General; y la anfitriona, la senadora Carol Aviaga, quien también es Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado uruguayo y lidera el movimiento en el Parlamento para prohibir el fracking en Uruguay.

 

 

Los expertos mostraron gran preocupación por la práctica del fracking en Uruguay debido a sus consecuencias: contaminación de acuíferos, alto consumo de agua en el proceso, micro sismos, manejo, tratamiento y vertido de grandes volúmenes de aguas residuales, aumento del tráfico, actividad antrópica e industrial y requerimientos de nuevas poblaciones, rutas, entre otros.

Bueno comenzó la audiencia de forma incisiva: “¿Por qué los gobiernos insisten en una práctica cuyo peligro ya fue comprobado? Nos hemos hecho esta pregunta muchas veces a lo largo de los años. La corrupción es una de las respuestas. Los intereses privados están por encima de los intereses de los ciudadanos. Por eso formamos la Coalición Latinoamericana contra el Fracking”. También añadió: “Es un derecho de la población el acceso a un agua de calidad, a una producción agrícola segura y de calidad, a un mercado para los productos producidos y a un desarrollo sostenible para Uruguay y Mercosur”.

Oliveira fue enfática. “Nos enfrentamos a una emergencia climática. Siete millones de jóvenes salieron a las calles en septiembre, exigiendo acciones concretas en favor de los humedales. Por lo tanto, no podemos insistir en utilizar un modelo energético del siglo pasado, que son los combustibles fósiles. Necesitamos una transición energética rápida”, dijo. Según ella, más de 25.000 estudios realizados por institutos de todo el mundo demuestran el daño causado por el fracking.

Para ilustrar los riesgos y consecuencias de los combustibles fósiles, Oliveira recordó que hoy en día, entre los países que explotan el gas de esquisto a escala comercial se encuentran Estados Unidos, Canadá, China y Argentina. “En el país sudamericano, las consecuencias han sido desastrosas. La producción de manzanas se ha visto completamente comprometida. Y el número de terremotos en zonas donde hay fracturas ha aumentado considerablemente. Según estudios oficiales, en 2004 en la provincia de Neuquén hubo un temblor sísmico; en 2005, ninguno; en 2006, uno; en 2007, 2008, 2009 y 2010, ningún temblor. En el 2011 fue cuando comenzaron las fracturas  en la provincia y sólo ese año hubo 4 temblores. Cada año el número fue en aumento y en lo que va de 2019, Neuquén ya ha tenido 34 terremotos. Esto es muy grave y no puede ser ignorado por las autoridades”, dijo Oliveira.

Ante estos datos y tras una fuerte campaña en el parlamento uruguayo, hace dos años se decretó una moratoria a la explotación del gas esquisto. “Nuestro desafío es prohibir esta explotación para siempre. Se ha demostrado que la explotación de gas libera más de 70 elementos químicos, sustancias radiactivas, carcinógenos y mutágenos. La contaminación del agua es irreversible. En otras palabras, no hay manera de no determinar la prohibición del fracking”, concluyó el Director de 350.org Latinoamérica.

Zavaleta relató con emoción el daño causado por las fracturas en las provincias argentinas. “Soy un ciudadano común y corriente y digo: el fracking es una aberración política, económica, social y medioambiental. Más aún cuando se practica en un país como Argentina, que tiene grandes necesidades sociales y financieras”. En una entrevista a 350.org América Latina y COESUS, informó en detalle sobre las problemáticas del fracking en su país.

Al final de la jornada, Nataraj y Rodrigues presentaron a los uruguayos una legislación que prohíbe la explotación de gas de esquisto por fractura hidráulica en todo el estado. Sancionada en julio de 2019, la ley 18.878 veta el uso de esta metodología de extracción de energía. La ley es un logro de una campaña de al menos seis años de movilización de la sociedad, cooperativas, autoridades y organizaciones no gubernamentales como COESUS, Arayara y 350.org Brasil. El primer estado brasileño sin fracking es un ejemplo no sólo para Brasil, sino para toda América Latina.

 

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Flávia Lima — Periodista de Arayara y COESUS