Buenos Aires — El 4 de enero pasado, a las 17 horas de Buenos Aires, miles de personas tomaron las calles de la Costa Atlántica Argentina por segunda vez, liderados por la agrupación Mar Libre de Petroleras. Si bien el epicentro de la movilización fue en Mar del Plata, Buenos Aires, comunidades afectadas por los proyectos de extracción de combustibles fósiles de otras ciudades costeras a lo largo de toda la Costa Atlántica realizaron diferentes tipos de actividades para que los gobiernos nacional y provinciales den marcha atrás los proyectos de expansión petrolera y gasífera.
La gran organización y movilización ciudadana, en conjunto con estrategias judiciales, lograron frenar los avances de los proyectos de exploración sísmica offshore en la costa bonaerense durante el 2022. El 11 de febrero de ese mismo año, la justicia federal de Mar del Plata incluso suspendió las tareas de adquisición sísmica que realizaba la petrolera Equinor, tras una medida cautelar interpuesta por distintos grupos de abogados ambientalistas y de las fuertes movilizaciones. Sin embargo, el 5 de diciembre, una decisión de la Cámara Federal de Apelaciones dejó sin efecto la medida cautelar, lo que generó que los movimientos socioambientales de todo el país volvieran a reaccionar. Dos días después, el Ministerio de Ambiente aprobó el proyecto exploratorio en el “Pozo Argerich”, el primero de aguas profundas en un bloque operado por Equinor en consorcio con las empresas YPF y Shell Argentina.
A pesar de todos los esfuerzos de los colectivos en contra de la exploración sísmica, el gobierno dio luz verde poniendo en peligro al Mar Argentino. Y es importante saber que Mar del Plata y las localidades de la costa bonaerense no son las únicas que sufren la amenaza de la industria hidrocarburífera en la Costa Atlántica. Hay localidades que vienen denunciando incidentes en cuencas de yacimientos que son productivos hace años, y también hay conflictos en áreas donde el gobierno busca instalar ductos de transporte y carga de petróleo y gas.
Un ejemplo es el del Golfo San Matías, donde vecinos autoconvocados formaron la agrupación “Defendamos Nuestro Golfo”, después que en agosto de 2022 la Legislatura de Río Negro aprobase en primera vuelta la modificación a la Ley 3308 con el objetivo de construir un oleoducto y una terminal desde la cual exportar el petróleo de Vaca Muerta. Esta región es un punto geográfico de inmensa prioridad, esencial para la supervivencia de la especie insignia de argentina, la ballena franca austral. Esta ley se había sancionado hace 27 años gracias a la movilización ciudadana, convirtiendo al Golfo San Matías en el único golfo del país sin actividad petrolera, hasta el momento, pero esto podría cambiar, a pesar del reclamo masivo de la sociedad rionegrina.
Las fugas en el mar pueden ser devastadoras
Si bien el ex Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, afirmó meses atrás “Hemos receptado las inquietudes en materia ambiental que se manifestaron y podemos asegurar que, por la distancia y el tipo de corrientes marinas que existen a 300 km de la costa, Mar del Plata no corre ningún riesgo de que se produzcan derrames o contaminación de sus playas.” , los antecedentes indican lo contrario.
En Brasil, país que el propio gobierno argentino señala como referencia en el volumen de producción de petróleo en alta mar, son frecuentes las fugas de diferentes tamaños y en varios puntos de la costa. Para tomar solo un ejemplo reciente, un derrame de petróleo de origen desconocido contaminó playas en diez estados brasileños, en 2019, lo que afectó la vida marina e interrumpió la actividad económica de miles de familias de pescadores y trabajadores informales en el sector del turismo por meses.
En las últimas dos décadas, grandes accidentes en plataformas marinas han conmocionado al mundo por su potencial de destrucción ambiental. Por ejemplo, el derrame de petróleo en la plataforma de British Petroleum en el Golfo de México en 2010 provocó escenas desoladoras de contaminación. En el aspecto económico, llevó, por ejemplo, a la pérdida de hasta 9.300 puestos de trabajo solo en la industria pesquera en las áreas afectadas, según la Oficina de Gestión de Energía Oceánica de los Estados Unidos.
La propia Equinor, una de las empresas habilitadas para explorar el Pozo Argerich en la costa argentina, tiene varios antecedentes de accidentes recientes, como ha señalado Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. En 2020 se produjeron 11 derrames graves y en 2019 otros 10.
“Los habitantes de las costas y activistas, sabemos que implican estos proyectos extractivistas de combustibles fósiles para ecosistemas tan delicados como los marítimos, que afectan todas las firmas de vida, así como el sustento de las comunidades que viven del turismo, pesca, etc. El gobierno argentino, lejos de acelerar la transición energética, teniendo condiciones inmejorables para desarrollar energías renovables, sigue invirtiendo y expandiendo los proyectos de altísimo impacto negativo como los petroleros y gasíferos, violando además, los pactos y compromisos internacionales”, dice la activista argentina María Victoria Emanuelli, coordinadora de la campaña de 350.org en América Latina.