Por Peri Dias*
En este Día Mundial del Agua, que se celebra cada año el 22 de marzo, nos toca salir a las calles para reclamar al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales sobre los riesgos, daños y perjuicios que el discurso del “crecimiento a cualquier precio” trae a nuestras fuentes de agua, promovido no sólo por los sectores mineros y de combustibles fósiles, sino también por muchos de nuestros representantes.
Si pensamos en el agua, hoy se nos viene a la cabeza Chubut y su lucha contra la megaminería. Sin embargo, también está Vaca Muerta, una región que abarca las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza en la que empresas multimillonarias extraen gas y petróleo con fuertes subsidios públicos, generando daños a la salud física, mental y financiera de las familias de la región. En especial cuando se trata del fracking, una técnica que se utiliza para extraer el petróleo y el gas que se encuentra a mayor profundidad.
Tanto en el caso de Chubut como en el de estas provincias, las crecientes inversiones de una parte del sector privado que afectan nuestros ríos, manantiales y aguas subterráneas son realmente preocupantes, especialmente si tenemos en cuenta que se encuentran en complicidad con una parte importante del sector político del país. Aún así, no hay licencia social: los movimientos de jóvenes, las comunidades afectadas y miles de individuos que actúan en solidaridad se expresan a diario en favor del ambiente, exponiendo esta falsa dicotomía entre expansión económica y desarrollo socioambiental.
ChubutAGUAzo: el rechazo a la megaminería
Comencemos con el ejemplo de Chubut, más reciente y visible en la prensa argentina. Los primeros meses de 2021 estuvieron marcados por manifestaciones, tanto en esta provincia como en otras partes del país, contra un intento torpe y oportunista de los legisladores chubutenses de modificar la ley 5001, aprobada en 2003, que prohíbe el uso de ciertas sustancias químicas en la minería a cielo abierto.
Conscientes del impacto de la contaminación que se podría generar por estos productos en las fuentes de agua de la provincia, miles de personas coparon las calles, siguiendo las precauciones necesarias de distanciamiento social, para exigir que se mantengan las garantías legales de protección a los cursos de agua de la región.
Al unísono, los manifestantes se expresaron en contra de la ampliación de esta actividad económica por los posibles impactos que la contaminación del agua puede traer a la agricultura, el turismo y el propio abastecimiento de las comunidades.
Tras varias protestas, la reacción popular ha logrado poner en agenda el debate sobre el tema en la prensa y las redes sociales, aunque a partir de los incendios que se están dando en la provincia, han sido presa de una campaña de desinformación. Si bien es cierto que desde el gobierno provincial siguen tratando de imponer la modificación de la ley, está claro que hacerlo pasar sin el apoyo popular no será fácil.
Una victoria agridulce en la lucha por el agua
De alguna manera, las manifestaciones de este último tiempo en Chubut amplifican las voces de los reclamos en Mendoza, cuyos habitantes han salido a las calles en reiteradas oportunidades para evitar que se modifiquen las leyes que protegen el agua del uso de metales pesados provenientes de la minería. Es sabido que la provincia, conocida mundialmente por sus vinos de calidad, podría sufrir importantes impactos económicos, ambientales y sociales si la actividad extractiva, concentrada en la parte más alta del territorio, contamina las aguas que bajan de la montaña hacia los valles, donde se encuentran los viñedos.
Para convencer al gobierno provincial de que desista de este retroceso, pequeños productores rurales, estudiantes, vecinos y varios otros sectores de la sociedad civil mendocina se unieron en diciembre de 2019 en una histórica marcha, que recorrió muchos kilómetros desde el interior de la provincia hasta la plaza donde se encuentra la sede del Poder Legislativo, en el centro de la capital. En apoyo de la campaña, 350.org interpuso acciones ante la justicia local que exigían la invalidación de los proyectos de ley que amenazaban las fuentes de agua.
Ante las demostraciones de la población, los parlamentarios decidieron archivar en su momento el proyecto de ley que estaba siendo cuestionado, logrando así una victoria inspiradora de los ciudadanos mendocinos unidos por el agua y el ambiente.
Los riesgos de Vaca Muerta
Veamos el caso de Vaca Muerta. En la región, especialmente en el caso de la provincia de Mendoza, la situación hídrica requiere un uso limitado y a conciencia del agua. Sin embargo, para las empresas instaladas en el perímetro de exploración y explotación en Vaca Muerta, la racionalidad o el respeto a la vida nunca fueron un punto fuerte.
Para romper las rocas que almacenan el petróleo y el gas a kilómetros de profundidad bajo tierra, empresas como la argentina YPF, la francesa Total y la holandesa Shell utilizan la técnica de la fracturación hidráulica, o fracking, que se encuentra prohibida en varios países, incluida Francia. Esta actividad consiste en inyectar una mezcla de agua, arena y sustancias químicas bajo tierra a alta presión para romper las rocas y canalizar el gas y el petróleo hacia la superficie.
Uno de los muchos problemas del fracking es que plantea graves riesgos de contaminación del suelo y las aguas subterráneas que rodean los pozos extractivos La principal vía por la que puede producirse esta contaminación es a través de fugas en los kilómetros de tuberías necesarios para la actividad, que se desgastan con el tiempo.
Tres accidentes por día
Para dar una idea de la dimensión del problema, hoy en día hay unos 336 pozos en Vaca Muerta en los que la mezcla química tóxica inherente al fracking llega hasta tres kilómetros de profundidad. Sin embargo, cada tubo vertical se ramifica en varias direcciones, mediante una fractura horizontal, en amplios tramos. Se trata, por tanto, de una estructura de miles de kilómetros de tuberías enterradas, a presión constante, por las que pasan sustancias cuya finalidad es romper rocas milenarias.
No es difícil imaginar el potencial de accidentes, y de hecho, esto se confirma a diario. Las empresas que operan en Vaca Muerta admitieron haber registrado, en 2018, un promedio de casi tres accidentes diarios, de distintas naturalezas, en sus operaciones en la región. Solo en el tramo que se ubica en Neuquén, seis trabajadores fallecieron en 2020 por accidentes laborales.
Algunos de los accidentes en Vaca Meurta se produjen incluso en los procedimientos de eliminación del agua de reflujo. Después de que la mezcla de agua, arena y sustancias químicas cumpla su función de romper las rocas subterráneas, parte del volumen total inyectado vuelve a la superficie, como excedente no deseado del proceso industrial. Esta mezcla debe ser tratada y almacenada adecuadamente, ya que es sumamente perjudicial para el organismo humano. En Vaca Muerta ya se han registrado fugas en los tanques que almacenan estas aguas.
Los derrames de petróleo también son un problema en la región. En 2018, Greenpeace y Farn registraron imágenes inéditas de uno de estos accidentes, que contaminó un área de al menos 85 kilómetros cuadrados, a menos de 12 kilómetros del río Neuquén.
Agravando la escasez de agua
Además del riesgo de contaminación de las reservas de agua cabe destacar el elevado consumo de agua de las empresas, en una región de escasos recursos hídricos.
Según un informe de Farn Argentina, en Vaca Muerta se consumieron más de 23.000 millones de litros de agua dulce y 73,2 millones de litros de aditivos en el período comprendido entre 2010 y 2020. A modo de comparación, esto equivale a 6800 piscinas olímpicas o al consumo anual de agua de una ciudad argentina de 211 mil habitantes, tomando en cuenta el consumo promedio nacional, que es de 299 litros por persona y día.
Obviamente, comparaciones como ésta son muy imprecisas, por lo que el objetivo aquí no es presentar una tesis académica, sino sólo dar un orden de magnitud del volumen de agua que es utilizado para el fracking en estas provincias, en especial en Neuquén donde la actividad es emblema.
En una región en la que el agua es un bien escaso, una cantidad importante es utilizada para romper las rocas y liberar un combustible altamente subsidiado. Por tanto, cabe preguntarse: ¿quién gana y quién pierde con Vaca Muerta?
Los mayores ganadores son claramente las empresas de combustibles fósiles que explotan el petróleo y el gas en la región, muchas de ellas compañías extranjeras con accionistas multimillonarios. ¿Y los perdedores?
Las familias cerca de los pozos: las más afectadas
Para los que han estado en Vaca Muerta, no hay dificultad en señalar quién pierde más con el fracking. Son los habitantes de Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa, incluso familias de las comunidades Mapuche, que sufren, según la región, del aumento de la frecuencia e intensidad de los movimientos sismicos, el agravamiento de la escasez de agua, el riesgo de contaminación, la dificultad de vender sus productos agrícolas y el aumento de la pobreza.
El contribuyente argentino también pierde con Vaca Muerta, que durante años ha sacado dinero de su bolsillo para que la factura de las empresas se cierre en azul. En 2019, los subsidios a la producción de gas no convencional en la zona de Vaca Muerta superaron los 23 mil millones de pesos, lo que representa una cuarta parte del déficit fiscal de Argentina para ese año.
Más de diez años después de la instalación de Vaca Muerta como el gran emprendimiento argentino, aún no se ha podido confirmar su papel como “salvador económico del país”, que según el discurso oficial, esa sería la compensación por el daño al agua y al ambiente de la región. Mientras tanto, una parte de la población de estas provincias necesita comprar galones de agua para abastecerse porque no cuenta con servicios oficiales de saneamiento, y otra parte vive con el temor de que su agua esté contaminada o se contamine.
La esperanza está en las movilizaciones populares
Por ejemplos como los de las ciudades y pueblos con actividades extractivas en Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, me permito decir que la idea de que la minería y los combustibles fósiles traen desarrollo a la Argentina es, como mínimo, cuestionable.
El desarrollo debería significar bienestar para la gente y ampliación de sus posibilidades de vida. Lo que hemos visto en las regiones donde hay manifestaciones contra la minería y los combustibles fósiles es todo lo contrario: aumento de la pobreza, despilfarro de dinero público y riesgos de contaminación de los recursos naturales, incluida el agua.
A pesar de todas estas evidencias, buena parte de los políticos argentinos mantienen su discurso de que el precio a pagar por el “desarrollo” sería renunciar a parte del equilibrio medioambiental. Otros, hipócritamente, dicen que la protección del medio ambiente estaría garantizada por esas mismas empresas y sectores que ya han demostrado que sólo les interesan el rédito económico por sobre el bienestar de las personas. Nuestros dirigentes saben que esta expectativa de desarrollo es falsa, pero confían en que sus mentiras quedarán impunes.
La buena noticia, si se quiere, de este Día Mundial del Agua es que en la Argentina estamos demostrando que, en función de nuestra voluntad de luchar por los recursos hídricos, la hipocresía de los gobiernos, las empresas de combustibles fósiles y la megaminería no seguirá de largo.
Como señaló Jorge Nawel, coordinador de la Confederación Mapuche en Neuquén, en una reciente intervención: “la batalla contra las prácticas nocivas del sector extractivo en Argentina es dura y a menudo desigual, pero los argentinos nunca han tenido miedo de luchar”.
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Peri Dias es Responsable de Comunicación en 350.org América Latina.
Créditos de la imagen: Periodistas x el Planeta