Marcha climática de los pueblos, en Bonn (Foto: Osver Polo/MOCCIC).
Por Juan Pablo Olsson*
La 23a Cumbre Climática de las Naciones Unidas, la COP 23, que se realiza en Bonn, Alemania, representa una nueva oportunidad para generar acciones, toma de decisiones y profundizar una conciencia global que apunte a detener el peligroso calentamiento global y los impactos devastadores del cambio climático.
Ninguna región del mundo puede escapar a las consecuencias de no asumir la responsabilidad por la gravedad de los desafíos climáticos. La inacción climática por parte de los gobiernos ya está aumentando significativamente la probabilidad de fenómenos meteorológicos extremos, que van desde sequías, olas de calor, incendios forestales hasta grandes tormentas, huracanes e inundaciones. Sin una reducción drástica de las emisiones globales de carbono, podemos esperar impactos graves, generalizados e irreversibles sobre millones de personas en distintas regiones del mundo.
Mientras los líderes mundiales intentan llegar a acuerdos políticos, en el juego de quién gana más, la sociedad civil se ha manifestado alrededor del mundo para mostrar que el cambio de conciencia y postura también comienza a nivel local, y que todas las iniciativas locales hacen parte de un gran movimiento global. Sólo la movilización popular, de ciudadanos y electores, puede ejercer la presión necesaria en los gobiernos nacionales para que éstos tomen actitudes concretas y reales para mantener el aumento de la temperatura del planeta por debajo de 2ºC.
En este contexto, los países de América Latina tienen un doble desafío: los gobiernos deben comprometerse con el cumplimiento del Acuerdo de París, honrando los compromisos nacionales de los distintos países de la región; y, desde la sociedad civil, generar un movimiento regional lo suficientemente fortalecido para reforzar la denuncia y frenar la invasión de las corporaciones – muchas de ellas provenientes del Norte global – que avanzan sobre los recursos naturales del continente.
Es preocupante la tendencia de los gobiernos latinoamericanos a generar marcos jurídico-económicos que respondan a los intereses de las multinacionales con el fin de fortalecer la industria fósil, yendo en contra de los acuerdos concretados en la Cumbre de París. En este sentido, tenemos sobrados ejemplos del avance de políticas que pasan por alto los controles ambientales, el principio precautorio, la consulta o participación de la sociedad civil y de poblaciones directamente afectadas, el resguardo de reservas naturales, acuíferos, comunidades tradicionales y recursos naturales estratégicos, como el Acuífero Guaraní o la Amazonia.
En Argentina, el gobierno de Mauricio Macri pretende profundizar el modelo energético basado en energías sucias, fundamentalmente hidrocarburos no convencionales como el gas de esquisto, a través de la técnica contaminante del fracking. Prueba de esta tendencia fue la participación del presidente argentino en una reunión con un grupo de ejecutivos de diferentes corporaciones multinacionales entre las cuales estaban Down Chemichal, Chevrón, Blackrock y Blackstone, entre otras. Con esta señal del gobierno nacional, distintos gobiernos provinciales han demostrado su intención en avanzar con la explotación de fracking, como son los casos de la Provincia de Mendoza (en la zona de Malargüe) y la Provincia de Chubut.
Previo a la reunión con el grupo de empresas, y luego del triunfo en las elecciones de octubre, Macri y los funcionarios del gobierno han declarado su estrategia de “Reforma Permanente” para garantizar la llegada de grupos inversores. Pero junto a eso ocurre también una flexibilización laboral y flexibilización ambiental que solamente beneficia a la ganancia de las corporaciones, con un alto costo ambiental y social.
Siguiendo en el mismo sentido, el gobierno de Michel Teme, en Brasil, pretende mantener la priorización a los combustibles fósiles en la matriz energética, profundizando los subsidios a la industria del petróleo y gas, a contramano de los compromisos firmados en el Acuerdo de París. Mientras miles de activistas de la sociedad civil se movilizan en las calles de Bonn y los líderes mundiales intentan estrechar los compromisos para poder acercarse a los objetivos trazados por la Cumbre Climática de 2015, el gobierno de Brasil tiene la intención de aprobar una Medida Provisional que dará incentivos millonarios (40 mil millones de reales por año) para la explotación de combustibles fósiles, profundizando la matriz sucia y contaminante, y aumentando exponencialmente la emisión de gases de efecto invernadero.
En Bolivia, el gobierno de Evo Morales también ha profundizando un modelo extractivista, inclusive permitiendo la exploración en áreas naturales protegidas, como el caso del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) que ha significado un aumento de tensión alrededor de defensa de sus territorios por parte de los pueblos indígenas de la Amazonía y el gobierno boliviano que pretende avasallar sus derechos en beneficio de los intereses de las corporaciones petroleras, mineras y de especulación financiera. Desde las organizaciones ambientalistas se plantea una perspectiva diferente: un futuro con energías renovables y limpias, como la solar y la eólica, que ya tienen la capacidad de democratizar el acceso a la energía.
Por su vez, si bien Uruguay ha aumentado su porcentaje de generación de electricidad a través de energías renovables, el gobierno del Frente Amplio ha habilitado la perforación de pozos de fracking con la intención de extraer hidrocarburos no convencionales. La empresa Schuepbach Energy Uruguay S.R.L. ha iniciado la perforación de 4 pozos exploratorios, lo cual significa que por primera vez en la historia, esta técnica pone en riesgo de contaminación al Acuífero Guaraní. Las perforaciones están ubicadas en los Departamentos de Tacuarembó, Paysandú y Salto (Uruguay) y se sabe que afectarán seriamente la calidad de las aguas subterráneas y superficiales de la cuenca, con un grave impacto social y ambiental.
Como un antecedente alarmante, es posible mencionar el desmoronamiento del pozo “E1”, realizado por la misma empresa en Cerro Padilla, Departamento de Paysandú, afectando irreversiblemente la calidad del agua. Esto episodio ha sido denunciado por distintas asambleas, movimientos ambientales y ONGs que hacen parte de la Sociedad latinoamericana en defensa del Acuífero Guaraní.
En Perú, también ha avanzado desde hace varios años un modelo extractivista que ha promovido fundamentalmente el modelo de megaminería contaminante, afectando gravemente la salud de las poblaciones, con fuertes impactos ambientales, sociales, económicos y culturales. Eso ha llevado a que se generen innumerables conflictos socio ambientales relacionados a la denuncia por parte de comunidades campesinas e indígenas, ONGs y movimientos sociales de casos de contaminación por parte de las mineras, y también por acceso a tierra agrícola o por agua.
En México, el gobierno de Enrique Peña Nieto avanza también con la profundización del modelo extractivista promoviendo explotación de Megaminería contaminante y extracción de hidrocarburos no convencionales a través de la metodología del fracking. De hecho, según información actualizada, se han perforado 3.780 pozos mediante fracturación hidráulica. Activistas, investigadores y organizaciones ambientales advierten sobre los importantes daños ambientales y sociales causados por este tipo de explotación.
Sin embargo, la Secretaría de Energía pretende incrementar de forma exponencial las licitaciones para nuevas explotaciones. Fué la Reforma Energética aprobada en 2013 que apuntaba a promover Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, la que permitió que las corporaciones petroleras extranjeras tengan un papel preponderante en los avances de la industria fósil y en la operación específica del fracking.
Asistimos, por lo tanto, a un contexto global que imprime un profundo acecho de las corporaciones transnacionales y las potencias mundiales sobre los recursos y las riquezas de América Latina. En un momento clave de la civilización donde sobran las pruebas de que es preciso dejar atrás la explotación de los combustibles fósiles, como lo dictan los compromisos del Acuerdo de París, potencias como China o Estados Unidos tienen la intención de avanzar sobre las materias fósiles de la región, fundamentalmente el petróleo convencional y no convencional.
De los movimientos ambientales, climáticos, las asambleas y activistas que luchan contra el cambio climático, va a depender que los países puedan construir alternativas realmente consistentes a esta profundización del extractivismo. 350.org América Latina y la Coalición Latinoamericana contra el Fracking (COESUS) consideran que el verdadero camino sustentable para la región, que contemple el cuidado de la vida, el agua, el aire y las riquezas naturales, es la promoción de una transición urgente hacia energías limpias, renovables y libres, con un carácter distribuido, justamente para evitar la tendencia a la concentración característica de las corporaciones que ya están empezando a invertir en energías renovables. Y los gobiernos latinoamericanos presentes en la COP deben garantizar que esto sea hecho.
*Juan Pablo Olsson es coordinador de campañas climáticas de 350.org América Latina